
La Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias celebró este jueves una sesión en la que abordó el decreto ley de medidas urgentes en materia de actividades clasificadas, que introduce modificaciones en la regulación de las viviendas vacacionales, junto a otras dos normas relacionadas con la recuperación de La Palma y la actualización de la normativa autonómica.
Entre las principales novedades relativas a las viviendas vacacionales, la norma amplía hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para regularizar las actividades ya existentes y concretar su adaptación a los requisitos técnicos y administrativos establecidos. Asimismo, refuerza las competencias de control e inspección de ayuntamientos y cabildos y contempla un régimen específico para las islas verdes.
El decreto ley también incorpora medidas para que las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de La Palma puedan reconstruirse y recuperar su actividad turística, dentro de las condiciones previstas en la normativa.
Durante la reunión se analizaron, además, otras dos disposiciones aprobadas por el Gobierno de Canarias. Una de ellas establece medidas para dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma e introduce modificaciones de carácter tributario, organizativo y sectorial.
La otra norma recoge medidas urgentes complementarias para impulsar la recuperación económica y social de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, incorporando herramientas para facilitar la reconstrucción de viviendas, la recuperación de explotaciones agrícolas y la reactivación de las actividades económicas afectadas.
La Comisión General de Cabildos Insulares constituye un espacio de participación y cooperación entre el Parlamento de Canarias y las corporaciones insulares, que permite abordar asuntos de especial incidencia en la realidad territorial, económica y social del archipiélago.

























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