Canarias y el Estado crean Órgano Bilateral Aeroportuario

Gobierno de Canarias y Gobierno de España acordaron este viernes la creación de Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado destinado a dar participación permanente a la comunidad autónoma en la planificación de los ocho aeropuertos de interés general del Archipiélago, durante una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación celebrada en Santa Cruz de Tenerife.

El acuerdo desarrolla la participación prevista en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias en materia aeroportuaria. La negociación comenzó formalmente en enero, continuó con una primera reunión en abril y dio paso en julio a grupos técnicos de trabajo para concretar la composición y las funciones del nuevo órgano. Tras la reunión, Fernando Clavijo afirmó que Canarias podrá intervenir en decisiones relacionadas con infraestructuras que afectan a la movilidad, el transporte de mercancías y la economía de las islas. El presidente relacionó el acuerdo con el trabajo desarrollado durante los últimos meses por ambas administraciones.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, incidió en la participación autonómica sobre las decisiones aeroportuarias y reclamó que la rentabilidad de estas infraestructuras tenga correspondencia con las inversiones. Entre las primeras cuestiones citó el seguimiento del DORA III, que prevé más de 1.800 millones de euros entre 2027 y 2031.

El nuevo órgano permitirá al Gobierno canario presentar propuestas antes de la elaboración de los planes directores de los aeropuertos y emitir informes preceptivos sobre estos documentos antes de su aprobación por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La comunidad autónoma intervendrá igualmente en la preparación del Documento de Regulación Aeroportuaria, que determina las inversiones de Aena para periodos de cinco años. Podrá trasladar sus necesidades de conectividad e inversión, participar en su elaboración y emitir un informe previo sobre el contenido, incluidos los elementos utilizados para calcular las tarifas aeroportuarias.

Ese seguimiento se extenderá a las actualizaciones anuales de las tarifas y a la ejecución de las inversiones aprobadas. El acuerdo permite establecer mecanismos específicos para controlar el desarrollo del DORA III correspondiente al periodo 2027-2031 y de los documentos que se aprueben posteriormente. Entre las competencias del órgano estarán el estudio de las necesidades de conectividad, la promoción de nuevas rutas nacionales e internacionales y el tratamiento de cuestiones relacionadas con el servicio aeroportuario, la sostenibilidad o las conexiones de los aeropuertos con otros medios de transporte.

Su composición será paritaria, con cuatro representantes del Gobierno de Canarias y cuatro del Estado. La presidencia rotará anualmente y corresponderá inicialmente a la comunidad autónoma. Las reuniones ordinarias tendrán carácter trimestral, mientras las extraordinarias deberán celebrarse en un plazo máximo de quince días cuando las solicite alguna de las partes.

Las dos administraciones podrán incluir en el orden del día cualquier asunto relacionado con las funciones del órgano. Las decisiones deberán aprobarse por consenso y, cuando existan discrepancias en los informes, quedarán reflejadas las posiciones mantenidas por ambas partes.

La reunión sirvió también para acordar el traspaso a Canarias de funciones y servicios sobre los aeródromos de Antigua, en Fuerteventura, y El Berriel, en Gran Canaria, además de nueve helipuertos repartidos por el Archipiélago. La transferencia comprende los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular y Puerto de Las Palmas, en Gran Canaria; Adeje, Hospital Universitario de Canarias, Hospital de La Candelaria y La Guancha, en Tenerife; San Sebastián de La Gomera y Puntagorda, en La Palma.

El traspaso está previsto para el 1 de enero de 2027 y permitirá al Ejecutivo autonómico asumir funciones de planificación, autorización, construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo de estas infraestructuras, dentro de las competencias que la normativa mantiene reservadas al Estado.

Rodríguez precisó que todavía quedan aspectos económicos pendientes de concretar entre ambas administraciones y relacionó la transferencia con el uso de aeródromos y helipuertos en situaciones de emergencia. Una comisión paritaria, formada por tres representantes de Canarias y otros tres del Estado, realizará el seguimiento del traspaso.