El Gobierno de Canarias ha dado luz verde a la instalación de una nueva central de generación eléctrica de emergencia en El Goro, en el municipio de Telde, con una potencia de 20 megavatios (MW) y quince grupos electrógenos alimentados con gasóleo. La autorización, publicada este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), permite avanzar en un proyecto promovido por GPM Generación, S.L.U., concebido para reforzar la seguridad del suministro eléctrico de Gran Canaria ante posibles situaciones de emergencia energética.
La resolución de la Dirección General de Energía, fechada el pasado 13 de octubre, culmina la tramitación administrativa del expediente GE25/038 y establece las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad que deberán cumplirse para ejecutar las instalaciones. La actuación tiene carácter temporal, con un plazo máximo de funcionamiento de tres años, aunque contempla posibles prórrogas si persisten las circunstancias extraordinarias que justifican su puesta en marcha.
Quince generadores y nueve depósitos de combustible
La futura planta estará integrada por quince grupos motogeneradores diésel instalados en contenedores, cada uno con una potencia nominal de 1.410 kilovatios eléctricos. Los equipos incorporarán sistemas de reducción catalítica selectiva de emisiones, conocidos como SCR, destinados a disminuir determinados contaminantes derivados de la combustión.
El complejo dispondrá también de nueve depósitos de gasóleo, con una capacidad nominal de 28.750 litros cada uno, lo que representa un almacenamiento conjunto de 258.750 litros de combustible. A ellos se sumarán dos depósitos de AdBlue de igual capacidad individual, cuatro centros de transformación, instalaciones auxiliares y una estación de descarga y bombeo de combustible.
La electricidad producida será transformada y conducida hasta la nueva subestación colectora Silva, de 20/66 kilovoltios, desde donde se evacuará hacia la red de transporte mediante una línea de aproximadamente un kilómetro de longitud, mayoritariamente subterránea, que conectará con la subestación CINSA, propiedad de Red Eléctrica de España.
Infraestructura compartida con otra planta de emergencia
Una de las particularidades del proyecto es que la subestación Silva y la infraestructura de evacuación estarán preparadas para prestar servicio también a otra instalación de generación eléctrica de emergencia promovida por DISA Generación, S.L.U., denominada Planta La Garita, con una potencia prevista de 14,8 MW.
Esta segunda instalación se proyecta en parcelas colindantes y cuenta con un expediente administrativo independiente. Ambas iniciativas compartirán parte de las infraestructuras necesarias para incorporar la energía producida a la red eléctrica insular.
La subestación colectora se ubicará en la parcela 97 del polígono 2 de Telde, mientras que la planta promovida por DISA está proyectada en las parcelas 98 a 104 del mismo ámbito. La solución de conexión fue modificada durante la tramitación para incorporar esta configuración conjunta.
Sin respuesta municipal a los requerimientos
La documentación oficial recoge que la Dirección General de Energía solicitó al Ayuntamiento de Telde, el 10 de marzo de 2026, un informe sobre el proyecto para que formulara las alegaciones y condiciones técnicas que considerase oportunas, así como para que manifestara su conformidad u oposición a la autorización solicitada.
Sin embargo, según consta expresamente en la resolución publicada, no figura respuesta municipal a ese requerimiento. La Administración autonómica volvió a dirigirse al Consistorio el 13 de abril para recabar su pronunciamiento sobre la adecuación del proyecto al planeamiento urbanístico y territorial, sin recibir tampoco contestación dentro del plazo establecido.
El Cabildo de Gran Canaria tampoco respondió a esta segunda consulta urbanística, aunque sí había emitido anteriormente un informe desde su Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje.
La resolución señala que, al no haberse presentado los informes dentro del plazo legalmente concedido, se entiende cumplido el trámite previsto en la legislación eléctrica canaria. En consecuencia, la autorización territorial especial queda integrada en la autorización energética, sin necesidad de licencia urbanística municipal, en los términos previstos por la normativa aplicable.
Turcón cuestionó las alternativas y el impacto ambiental
Durante la tramitación, el colectivo Turcón Ecologistas en Acción presentó alegaciones en las que reclamaba una justificación de la elección de una planta alimentada con combustibles fósiles frente a alternativas basadas en energías renovables y sistemas de almacenamiento.
La organización ecologista solicitó igualmente aclaraciones sobre la vida útil real de las instalaciones, las condiciones de su futuro desmantelamiento, el transporte de combustible y sus posibles repercusiones sobre el tráfico, la calidad del aire, el ruido y el entorno.
La Dirección General de Energía comunicó a Turcón que sus alegaciones habían sido presentadas fuera del plazo de información pública. No obstante, la resolución aborda las cuestiones planteadas y sostiene que la instalación responde a una necesidad extraordinaria de disponer de potencia eléctrica gestionable ante situaciones de riesgo para el suministro.
El Gobierno autonómico argumenta que estas centrales no están concebidas para sustituir el desarrollo de energías renovables, sino para actuar exclusivamente cuando el sistema eléctrico se encuentre en una situación que comprometa su seguridad.
Controles sobre emisiones, olores y ruidos
La autorización incorpora numerosas exigencias ambientales, especialmente relacionadas con las emisiones atmosféricas de los motores diésel, los posibles olores derivados del almacenamiento de combustible y los niveles de ruido durante el funcionamiento.
Entre las condiciones establecidas figura la obligación de realizar, conjuntamente con la otra planta de emergencia prevista en la zona, un estudio específico de calidad del aire mediante modelos de dispersión de contaminantes. Este seguimiento deberá prestar especial atención a las concentraciones de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono.
También se deberán considerar los posibles olores que puedan afectar a la población situada a menos de dos kilómetros de las instalaciones. Si se superan los valores establecidos por la normativa, el promotor estará obligado a adoptar medidas adicionales para reducir las emisiones y proteger la salud de las personas.
En materia acústica, se exige comprobar que los niveles de ruido en las naves próximas, situadas hasta cien metros de los focos emisores, no superen los límites legales. La empresa deberá aplicar las medidas correctoras que correspondan si se detectan incumplimientos o afecciones.
Protección del yacimiento de Cuevas de Salinetas
Otro aspecto relevante de la resolución es la protección del patrimonio arqueológico existente en el entorno del trazado eléctrico. La línea de evacuación discurrirá por un ámbito próximo al yacimiento de Cuevas de Salinetas, circunstancia que ha obligado a introducir modificaciones en el proyecto inicial.
La documentación contempla una solución superficial en el tramo afectado por el enclave arqueológico, además de medidas de identificación, señalización y balizamiento. Los trabajos deberán contar con seguimiento arqueológico especializado y comunicarse previamente al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
Las condiciones ambientales también incluyen medidas para preservar la vegetación del entorno, especialmente los ejemplares de espino de mar, así como actuaciones destinadas a proteger reptiles y otras especies que pudieran encontrarse en las zonas de movimiento de tierras.
En relación con el barranco de Silva, el promotor deberá obtener la autorización correspondiente del Consejo Insular de Aguas antes de comenzar las obras que puedan afectar a las escorrentías superficiales o al dominio público hidráulico.
Obligación de soterrar una línea eléctrica
La puesta en servicio de determinadas instalaciones estará condicionada, además, al soterramiento de los tramos afectados de una línea aérea de media tensión próxima a la subestación Silva.
Esta exigencia responde a las observaciones formuladas por Edistribución, que inicialmente no consideró suficientemente acreditadas las condiciones de seguridad de la solución planteada por el promotor.
La autorización establece que deberán ejecutarse y acreditarse las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad reglamentaria, incluyendo el desmontaje de la línea aérea existente y la retirada de cuatro apoyos eléctricos.
Seis meses para solicitar la puesta en servicio
La resolución concede al promotor un plazo máximo de seis meses desde la notificación de la autorización para presentar la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones. Este trámite no significa que la central haya comenzado a funcionar, puesto que todavía deberán cumplirse los requisitos técnicos, ambientales y administrativos exigidos.
La autorización establece expresamente que la planta únicamente podrá entrar en funcionamiento cuando exista un riesgo cierto para la seguridad del suministro eléctrico, conforme al régimen excepcional aprobado para afrontar la vulnerabilidad energética de Canarias.
Una vez concluida su utilización, el proyecto contempla la retirada de los equipos, la restitución de los terrenos y, cuando resulte necesario, la limpieza y descontaminación de los suelos afectados.
La nueva instalación de El Goro constituye así una de las actuaciones previstas por el Gobierno de Canarias para disponer de capacidad de generación adicional en Gran Canaria, dentro de las medidas extraordinarias adoptadas tras la declaración de emergencia energética del Archipiélago en octubre de 2023.
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