El próximo 29 de noviembre, la ciudadanía canaria tendrá la oportunidad de decidir quién defenderá sus intereses en el Congreso de los Diputados. En una tierra con problemas específicos, desde la vivienda hasta la financiación de los servicios públicos, la representación política debe medirse por su capacidad para conseguir resultados y avances concretos, y rendir cuentas ante la sociedad.
La vivienda es uno de los ejemplos más claros de la urgencia social que vivimos. Según los datos históricos de Idealista, el precio anunciado de venta en Canarias pasó de 1.982 euros por metro cuadrado en diciembre de 2021 a 3.247 euros en diciembre de 2025: alrededor de un 64% más. En el alquiler, el precio publicado pasó de 11,4 a 14,7 euros por metro cuadrado mensual entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025, un incremento cercano al 29%. No hablamos de cifras abstractas, sino de más dificultades para que nuestros jóvenes se emancipen, las familias encuentren una vivienda adecuada y los salarios permitan vivir con dignidad.
Esta crisis exige políticas públicas ambiciosas, más vivienda asequible, protección para los hogares vulnerables y una actuación coordinada entre las administraciones. También exige identificar las responsabilidades de cada nivel de gobierno. El Gobierno de Canarias tiene competencias fundamentales en vivienda, sanidad y educación; el Estado dispone, a su vez, de instrumentos legislativos, presupuestarios y de financiación que inciden directamente en las condiciones de vida de las islas. La ciudadanía no necesita un intercambio de reproches, sino gobiernos que asuman sus responsabilidades y trabajen para resolver los problemas.
La trayectoria parlamentaria de Nueva Canarias ofrece ejemplos concretos de cómo una representación insular puede influir en decisiones estatales. Durante sus legislaturas en el Congreso, Pedro Quevedo participó en negociaciones presupuestarias que contribuyeron a incorporar medidas relevantes para el Archipiélago. Entre ellas figuran la consolidación de la bonificación del 75% para los desplazamientos de residentes entre Canarias y la Península, las partidas destinadas a combatir la pobreza y las ayudas al agua para riego agrícola. También se negociaron recursos adicionales para la carretera de La Aldea. Los diarios de las sesiones parlamentarias recogen estos antecedentes que permiten valorar la importancia de conocer las necesidades de Canarias, negociar con rigor y traducir la representación política en avances tangibles.
Tener voz propia e independencia de criterio no significa rechazar acuerdos con otras fuerzas políticas; significa saber qué se defiende, negociar con firmeza y valorar cada acuerdo por sus consecuencias para Canarias y no por la conveniencia de una dirección estatal.
Con ese propósito se presenta Unidad del Pueblo Canario (UPC), la coalición formada por Nueva Canarias, Podemos Canarias, Movimiento Sumar Canarias e Izquierda Unida Canaria. Una candidatura común de izquierdas y canarista que aspira a llevar al Congreso las demandas de trabajadores, jóvenes, pensionistas y familias, reforzando la defensa de la vivienda, los derechos sociales y los servicios públicos.
La convocatoria llega, además, en un escenario de crecimiento de las opciones conservadoras y de la ultraderecha. Por eso es importante contrastar las propuestas de cada candidatura y valorar sus consecuencias para la igualdad, la convivencia y los derechos sociales. La ciudadanía tiene derecho a saber qué medidas plantea cada formación, qué compromisos asume y cómo piensa financiarlos.
El 29 de noviembre será también el inicio de un ciclo político que continuará con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027. Es una oportunidad para evaluar trayectorias, contrastar proyectos y decidir qué prioridades deben orientar la acción pública.
El pensador y dirigente político italiano Antonio Gramsci, uno de los principales referentes del pensamiento progresista del siglo XX, defendía que el entusiasmo político debía ir acompañado de inteligencia y acción concreta. Esa es también la exigencia que debemos trasladar a la política canaria: menos promesas vacías y más capacidad para transformar la realidad.
Desde Nueva Canarias defendemos una representación que negocie, fiscalice y consiga avances verificables para nuestra gente. Porque Canarias no necesita una voz que se limite a hablar en su nombre. Necesita una voz que se haga escuchar, defienda sus intereses y consiga resultados.
Porque la política debe medirse por sus resultados, por su compromiso social y por su capacidad de mejorar la vida cotidiana de quienes viven en nuestras islas y Canarias merece mucho más que buenas palabras.









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