La Red de Solidaridad Popular de Jinámar (RSP) ha decidido sumarse a la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, una movilización con la que pretende denunciar la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras, el encarecimiento de los alimentos y la vivienda y el progresivo deterioro de los servicios públicos.
La decisión fue adoptada durante la asamblea general de noviembre del colectivo, integrado por más de un centenar de familias en situación de vulnerabilidad económica, de las cuales cerca del 30% carece de prestaciones sociales. La organización participará también en la manifestación prevista para ese día, a las 18.00 horas, entre la plaza de Santa Catalina y la Delegación del Gobierno, en la plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria.
El colectivo justifica su adhesión a la convocatoria en las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias de Jinámar, una realidad que, según explica, se ha agravado durante los últimos años por el incremento del coste de la vida. La organización sostiene que el crecimiento de la economía española no se está traduciendo en una mejora proporcional de las condiciones materiales de los sectores sociales con menores ingresos y considera necesario impulsar medidas que garanticen una distribución más equitativa de la riqueza.
Más de cien familias y un 30% sin prestaciones
La Red de Solidaridad Popular describe una situación especialmente delicada entre las familias que participan en su actividad cotidiana. Algunas cuentan con empleos precarios, otras perciben pensiones reducidas, el Ingreso Mínimo Vital o ayudas sociales, mientras que aproximadamente tres de cada diez no reciben ninguna prestación económica.
Estas últimas, según el comunicado, dependen en buena medida del apoyo de la propia RSP, del Banco de Alimentos y de la solidaridad de familiares y vecinos para atender sus necesidades más inmediatas.
La organización considera que esta realidad demuestra hasta qué punto el encarecimiento de los productos básicos afecta con mayor intensidad a quienes disponen de menos recursos. Los ingresos procedentes de salarios, pensiones y prestaciones sociales, sostiene, resultan cada vez más insuficientes para afrontar los gastos habituales de alimentación, vivienda, electricidad y otros suministros esenciales.
La RSP advierte de que incluso disponer de un empleo no garantiza actualmente unas condiciones de vida dignas para muchas familias. Por ello, defiende que tanto los salarios como las pensiones contributivas deben permitir cubrir las necesidades básicas sin dificultades económicas permanentes.
Críticas al reparto de la riqueza
Uno de los principales argumentos del comunicado se centra en la desigual distribución de los beneficios derivados del crecimiento económico.
La organización sostiene que, mientras grandes empresas de sectores como la banca, la energía y la distribución comercial registran importantes ganancias, una parte considerable de la población trabajadora continúa perdiendo capacidad de compra.
Para la RSP, el problema no reside en la generación de riqueza, sino en la manera en que esta se distribuye entre los distintos sectores sociales.
El colectivo cuestiona que los resultados económicos generales puedan presentarse como positivos cuando numerosas familias siguen teniendo dificultades para llegar a final de mes. En su opinión, resulta necesario revisar las políticas salariales, fiscales y sociales para evitar que el aumento de los precios continúe reduciendo el nivel de vida de los hogares más vulnerables.
La vivienda, uno de los principales motivos de protesta
El acceso a una vivienda digna ocupa un lugar destacado entre las reivindicaciones de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar.
La organización denuncia el encarecimiento del mercado inmobiliario y afirma que, durante los últimos cinco años, los alquileres han aumentado más de un 30% y los precios de compraventa de viviendas más de un 52%, cifras que recoge en su comunicado y que utiliza para ilustrar la magnitud del problema.
A juicio del colectivo, estas subidas están dificultando el acceso a un hogar a numerosos trabajadores y, especialmente, a los jóvenes, que deben afrontar alquileres elevados o reunir importantes cantidades de dinero para acceder a una hipoteca.
La RSP considera que la especulación inmobiliaria y la insuficiente inversión pública en vivienda constituyen dos de los principales factores que alimentan las desigualdades sociales.
Por este motivo, reclama a las administraciones públicas, con especial atención al Gobierno de Canarias, que destinen el 5% de sus presupuestos a la promoción de viviendas sociales en régimen de alquiler asequible.
La organización entiende que esta inversión permitiría ampliar las alternativas residenciales para las familias con menos ingresos y reducir la presión económica que actualmente supone el pago de la vivienda.
Defensa de la sanidad, la educación y los cuidados
El comunicado también expresa preocupación por el deterioro y la privatización de determinados servicios públicos esenciales.
La RSP sostiene que, cuando disminuye la calidad o la disponibilidad de estos recursos, las familias con menos ingresos se ven obligadas a destinar una parte mayor de su presupuesto a necesidades relacionadas con la atención sanitaria, la educación o los cuidados.
Desde esta perspectiva, el colectivo defiende que unos servicios públicos accesibles y suficientemente financiados son fundamentales para reducir las desigualdades y garantizar condiciones de vida dignas.
La organización reclama una fiscalidad más progresiva, de manera que las personas y empresas con mayores beneficios y patrimonio contribuyan en mayor medida al sostenimiento de las prestaciones y servicios públicos.
Asimismo, pide limitar los gastos que considera innecesarios en las administraciones y revisar las ventajas fiscales concedidas a los sectores económicamente más favorecidos.
Siete grandes reivindicaciones
La Red de Solidaridad Popular de Jinámar ha concretado su participación en la huelga general en una serie de demandas económicas y sociales.
Entre ellas figura la subida de los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales para garantizar que sus perceptores puedan afrontar los gastos cotidianos sin dificultades. También reclama medidas de regulación de los precios de la cesta de la compra y de los alquileres, al considerar que ambos conceptos absorben una proporción creciente de los ingresos familiares.
La organización exige igualmente una política fiscal progresiva, vinculada tanto a los beneficios empresariales como al patrimonio, que permita reforzar la financiación de la sanidad, la educación y los servicios de cuidados.
Otra de sus reivindicaciones es la reducción de los gastos públicos que considera superfluos, así como la eliminación de determinados beneficios fiscales para los sectores con mayor capacidad económica.
En materia de vivienda, insiste en la necesidad de reservar el 5% de los presupuestos públicos para construir y promover viviendas sociales de alquiler asequible.
Finalmente, el colectivo reclama reducir el gasto destinado a la guerra y aumentar los recursos para los servicios públicos esenciales, una propuesta que enmarca en su defensa de una mayor inversión social.
Llamamiento a trabajadores, pensionistas y desempleados
La RSP de Jinámar hace un llamamiento a la población trabajadora para que secunde la huelga general del 11 de noviembre, al entender que la movilización debe servir para expresar el rechazo a la pérdida de poder adquisitivo y reclamar políticas que mejoren las condiciones de vida.
La invitación se extiende también a las personas que no se encuentran actualmente en activo, entre ellas jubilados, pensionistas, desempleados y ciudadanos en situación de precariedad económica.
El colectivo anima a estos sectores a participar en la manifestación convocada para ese mismo miércoles, que partirá a las 18.00 horas de la plaza de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, y concluirá ante la Delegación del Gobierno, en la plaza de la Feria.
La organización solicita asimismo a la ciudadanía que evite realizar compras durante esa jornada, como una forma de sumarse a la protesta mediante la reducción de la actividad comercial.
Con esta decisión, la Red de Solidaridad Popular de Jinámar pretende trasladar a la movilización las dificultades que conoce a través de su trabajo cotidiano con familias vulnerables y reclamar que el crecimiento económico se traduzca en mejoras efectivas de los salarios, las pensiones, las ayudas sociales y los servicios públicos.
El colectivo insiste en que su principal reivindicación es que ninguna persona tenga que depender permanentemente de la ayuda solidaria para cubrir sus necesidades básicas y que el empleo o las prestaciones sociales permitan desarrollar una vida digna.
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