Energía autoriza la planta de emergencia de Disa en El Goro

La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha autorizado la planta de generación de emergencia de 14,8 megavatios promovida por Disa Generación en el polígono industrial de El Goro, en Telde. El proyecto, denominado "Planta La Garita", contempla ocho grupos motogeneradores alimentados con propano y dispone de seis meses desde la notificación de la resolución para solicitar su puesta en servicio.

La instalación ocupará 6.337 metros cuadrados en las parcelas 98 a 104 del polígono 2 de El Goro. Contará con dos depósitos horizontales de propano de 500 metros cúbicos de capacidad, un cargadero para el abastecimiento mediante cisternas, un edificio auxiliar y una subestación elevadora de 66/11 kV. La conexión se realizará con la SET colectora Silva y, mediante una línea subterránea común, con la SET Cinsa de Red Eléctrica de España.

El emplazamiento inicialmente previsto se encontraba en Salinetas, aunque Disa modificó el proyecto durante su tramitación y trasladó la planta a El Goro. La compañía presentó en febrero de este año la actualización de la documentación técnica y ambiental para continuar el procedimiento con la nueva ubicación.

La autorización se encuadra en las medidas adoptadas tras la declaración de emergencia energética de Canarias de octubre de 2023. Los informes del operador del sistema habían advertido de la necesidad de disponer de generación adicional gestionable en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote-Fuerteventura para cubrir posibles riesgos en el suministro.

La planta tendrá carácter temporal y podrá funcionar durante un máximo de tres años, aunque ese periodo podrá prorrogarse si continúan siendo necesarias las medidas extraordinarias para garantizar el suministro. Los grupos solo podrán ser despachados cuando exista un riesgo cierto para la seguridad del sistema eléctrico.

Durante el periodo de información pública presentaron alegaciones Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción. Ambas organizaciones cuestionaron el uso de combustibles fósiles, la ubicación, las emisiones y el ruido, los riesgos asociados al almacenamiento de propano, el carácter temporal de la instalación, su evaluación ambiental y la proximidad del aeropuerto de Gran Canaria.

Disa respondió que la central se plantea como una instalación de respaldo vinculada a la emergencia energética y defendió que las renovables y los sistemas de almacenamiento no permiten actualmente cubrir por sí solos las necesidades que motivan el proyecto. La Dirección General de Energía concluye que las cuestiones expuestas en las alegaciones fueron analizadas durante la tramitación y que no impiden conceder la autorización, sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas.

El expediente refleja que el Gobierno de Canarias solicitó en abril un informe al Ayuntamiento de Telde y que, pese a constar su recepción, no figura una respuesta municipal. El Consistorio recibió una segunda consulta el 19 de agosto para pronunciarse sobre la conformidad del proyecto con el planeamiento después de modificarse la declaración de interés general, sin que conste tampoco un informe específico.

El Cabildo de Gran Canaria sí informó sobre el nuevo emplazamiento y concluyó que la central resulta compatible con el planeamiento insular, aunque condicionó su implantación al cumplimiento de las determinaciones ambientales y del resto de requisitos aplicables. Entre ellos figura la puesta en funcionamiento de estaciones para medir emisiones antes del inicio de la actividad.

La ausencia de un informe específico del Ayuntamiento dentro del plazo previsto permitió continuar el procedimiento. La resolución establece que la autorización territorial especial se entiende otorgada y queda integrada en la autorización energética, que habilita las obras y el uso del suelo sin necesidad de licencia urbanística ni de otro control preventivo municipal o insular, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico Canario.

El proyecto fue sometido a una evaluación de impacto ambiental simplificada. Calidad Ambiental resolvió en septiembre que, a efectos ambientales, no necesita una evaluación ordinaria siempre que se respeten el proyecto presentado, las medidas preventivas y correctoras, el programa de vigilancia y las prescripciones añadidas durante el procedimiento.

Entre las condiciones ambientales figura una inspección de la parcela antes de las obras para detectar nidos o especies protegidas y una prospección previa para localizar y trasladar los reptiles que puedan verse afectados por los movimientos de tierra. El proyecto deberá contar igualmente con control arqueológico durante los trabajos y comunicar su inicio al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo con al menos diez días de antelación.

Durante el funcionamiento, Disa deberá estudiar la calidad del aire y controlar especialmente las concentraciones de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. La resolución obliga a adoptar medidas adicionales si se superan los valores permitidos y a comprobar que el ruido en las naves situadas hasta 100 metros de los focos emisores se mantiene dentro de los límites legales.

Las condiciones de seguridad obligan a evaluar antes del inicio de las obras los efectos que un accidente en la planta podría provocar sobre las instalaciones industriales próximas y los que un accidente exterior podría causar en la propia central, incluido un posible efecto dominó. Esa evaluación deberá obtener informe favorable de la Dirección General de Emergencias y la instalación tendrá que disponer de un plan de autoprotección.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitió en mayo un acuerdo favorable para la construcción de la planta y el uso de una grúa móvil al considerar que, bajo las condiciones fijadas, no vulneran las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria y la Base Aérea de Gando.

Antes de comenzar las obras, Disa deberá constituir las garantías exigidas para cubrir los posibles daños a terceros. Cualquier modificación sustancial de las características autorizadas requerirá una nueva resolución administrativa.