Vivienda y clases medias

La estabilidad de una democracia anida en sus clases medias. Y, a poder ser, procede ensancharlas todo lo que se pueda. Y la vivienda es, de largo, la clave de bóveda. Un asunto hoy cardinal (desde luego, en la agenda política) que ya la Diputación del Común y las restantes defensorías del pueblo (estatal y autonómicas) abordaron hace un año en un mecanismo continuado de trabajo que desembocó su colofón hace solo unos días en las 39º Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo.

Lola Padrón ejerció de maestra de ceremonias capitaneando la organización y dinamización de las mismas desde la defensoría isleña. Dicho en plata: se abordó desde mucho antes la temática de la vivienda, tan incrustada en la campaña electoral ahora, con permiso del accidente ferroviario en la provincia de Toledo y Ceuta, antes de que se organizara la jarana en la Puerta del Sol. Y tras meses de antesala, se debatió y se lanzaron propuestas coordinadas desde La Palma. 

Con el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a punto de cerrar etapa, Padrón trató de impulsar un compromiso público defendido por el conjunto de las defensorías. Cada una (como institución) hija de su padre y de su madre y con sensibilidades territoriales distintas en función de la mirada vasca, catalana, castellana o navarra.

La idea es clara: la vivienda es un derecho (no solo un bien de mercado) y, sobre todo, la vivienda de cariz público enfocada a los que revisten situación de vulnerabilidad debe ser protegida desde la obra administrativa. Dicho de otra forma, si la vivienda es un derecho como lo es la sanidad y la educación, y en estos dos últimos conviven el modelo público con el privado, pues con la vivienda debe acordarse por igual y, por ende, precisa de un impulso de construcción y ofrecimiento desde las Administraciones públicas. Y, añado, no tiene sentido descansar esa pretensión (dar cobijo a los que más lo necesitan) en el mercado y los caseros (tengan las propiedades que tengan) porque los propietarios no están para sustituir al Estado.

Si en la educación y la sanidad está el que se lo paga por su cuenta porque puede e igualmente convive con el servicio público de rigor, con la vivienda debe ocurrir otro tanto. En La Palma los titulares de las defensorías plasmaron el “derecho subjetivo exigible” frente al poder público. Valiosa herramienta. Reivindicación de avance. El marco teórico y las indicaciones concretas está hecho. Padrón y los demás defensores dejan la labor predispuesta para que a partir de 2027, cuando haya pasado los comicios generales (inminente noviembre) y autonómicos y locales (mayo), defina el nuevo ciclo político. Sin duda, la vivienda seguirá siendo la gran cuestión que azuza la inquietud de las clases medias y trabajadoras. E ignorarlo no sirve de nada, solo enquistará la problemática. Sin vivienda no hay igualdad social razonable.