Canarias regula desde Telde los campings y limita a 72 horas las áreas de pernocta

Telde ha sido este viernes, 30 de octubre, escenario de una decisión relevante para el futuro del turismo en Canarias. El Consejo de Gobierno autonómico, reunido por primera vez en la ciudad con motivo del 675 aniversario de su fundación, ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el decreto que regulará los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre, incluidos los campings, las áreas para autocaravanas y otras fórmulas de estancia vinculadas al medio rural. La norma establece por primera vez un marco autonómico específico y actualizado para estas actividades, con requisitos de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.

La aprobación se ha producido durante la sesión del Ejecutivo regional presidida por Fernando Clavijo en la Casa Condal de Telde, después de una recepción institucional organizada por el Ayuntamiento. La jornada ha reunido en el municipio al presidente canario y a los miembros de su Gobierno en una convocatoria de especial significado institucional, al coincidir con la conmemoración de los 675 años de historia de la ciudad.

Recepción en San Juan y encuentro con los portavoces

La agenda oficial de la visita comenzó a las 10.30 horas en la plaza de San Juan, donde estaba prevista la recepción del presidente de Canarias por parte del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. El programa incluía posteriormente el traslado a las Casas Consistoriales para mantener un encuentro con los portavoces de los grupos políticos representados en la Corporación municipal.

A las 11.00 horas se fijó el inicio de la reunión del Consejo de Gobierno en la Casa Condal, inmueble histórico elegido como sede de esta sesión extraordinaria fuera de los lugares habituales de reunión del Ejecutivo autonómico. La convocatoria ha permitido situar a Telde en el centro de la actividad institucional de Canarias durante una jornada especialmente vinculada a su aniversario fundacional.

La celebración del Consejo de Gobierno en el municipio constituye uno de los actos institucionales destacados de esta efeméride. La presencia del Ejecutivo autonómico también ofrece un marco de relación entre administraciones, aunque el acuerdo sobre alojamientos al aire libre tiene alcance regional y no supone, por sí mismo, la autorización de nuevos campings o áreas de autocaravanas en Telde.

Cinco modalidades de alojamiento turístico

El decreto aprobado establece cinco categorías diferenciadas: campings; áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares; áreas de pernocta para estos vehículos; áreas de acampada en edificaciones rurales aisladas, y alojamientos turísticos singulares, como las yurtas o las cabañas instaladas en árboles.

Cada modalidad dispondrá de condiciones específicas de funcionamiento, instalaciones y servicios. La normativa contempla exigencias relacionadas con la higiene, el suministro de agua, la gestión de residuos, la seguridad y la accesibilidad, además de sistemas de clasificación para los campings y las áreas de acampada destinadas a autocaravanas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, sostiene que la regulación permitirá «ordenar esta modalidad turística, diversificar la oferta de las islas y responder a una demanda creciente, con garantías de sostenibilidad, calidad de los servicios y seguridad jurídica».

Las áreas de pernocta tendrán un límite de 72 horas

Uno de los aspectos más destacados del nuevo marco normativo es la diferenciación entre el estacionamiento de una autocaravana y la actividad de acampada. Las áreas de pernocta estarán destinadas al descanso de los viajeros y permitirán una estancia máxima de 72 horas, mientras que el estacionamiento de estos vehículos continuará sujeto a las normas de tráfico y a las restricciones establecidas en cada emplazamiento.

La distinción pretende aclarar las condiciones aplicables a una actividad que ha experimentado una creciente demanda y que plantea necesidades específicas de ordenación, servicios y convivencia con otros usos del territorio.

La normativa también abre posibilidades para desarrollar alojamientos vinculados al medio rural, incluidas determinadas edificaciones y actividades agrícolas, ganaderas o tradicionales. Asimismo, incorpora establecimientos singulares, siempre que su implantación resulte compatible con el planeamiento urbanístico y cumpla las exigencias legales correspondientes.

Las licencias urbanísticas seguirán siendo obligatorias

La aprobación del decreto no permitirá instalar establecimientos turísticos al aire libre en cualquier parcela. Los promotores deberán presentar una declaración responsable ante el Cabildo correspondiente y disponer de las licencias y autorizaciones exigibles en materia urbanística, ambiental y de seguridad.

Esta condición resulta especialmente relevante para los municipios, que mantendrán sus competencias sobre los usos del suelo y la concesión de las autorizaciones que correspondan. Por tanto, la nueva regulación no habilita automáticamente terrenos ni convierte cualquier espacio de estacionamiento en un área turística autorizada.

Los establecimientos que ya se encuentren en funcionamiento dispondrán de un plazo de cinco años para adaptar sus instalaciones y servicios a las nuevas exigencias. Además, la norma contempla la posibilidad de que los municipios sin este tipo de oferta habiliten zonas temporales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Entrada en vigor y explicación del decreto en las islas

La regulación entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Durante ese periodo, la Consejería de Turismo y Empleo, a través de la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, desarrollará una ronda informativa por el Archipiélago para explicar su contenido a las administraciones públicas y al sector privado.

Jéssica de León considera que este plazo facilitará el conocimiento de una norma que busca aportar seguridad jurídica y establecer condiciones claras para quienes pretendan promover nuevos establecimientos turísticos de estas características.

Con la aprobación del decreto, el Consejo de Gobierno celebrado en Telde deja un acuerdo de alcance autonómico en materia turística. La jornada institucional, vinculada al 675 aniversario de la ciudad, queda así asociada a una nueva regulación que afectará a la planificación de campings, áreas de autocaravanas y otras modalidades de alojamiento al aire libre en Canarias.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado en Telde

Canarias aprueba el nuevo decreto de convivencia escolar y bienestar

La norma, que actualiza la regulación de 2011, refuerza la prevención del acoso y el ciberacoso, al tiempo que amplía las estrategias educativas para mejorar la convivencia en los centros

El Gobierno de Canarias aprobó este viernes en su sesión de Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, el Decreto por el que se regula la convivencia escolar y se promueve el bienestar en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tras su entrada en vigor, la nueva norma derogará el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo isleño, actualizando las herramientas de los centros para prevenir los conflictos, proteger al alumnado y mejorar el clima escolar.

El nuevo marco mantiene los principios de respeto, participación y resolución pacífica de conflictos presentes en la regulación anterior, pero desarrolla un enfoque que vincula expresamente la convivencia con el bienestar, la inclusión y la protección frente a conductas contrarias a la convivencia. Su objetivo es reforzar tanto las actuaciones preventivas como la respuesta educativa ante las situaciones que afectan a la comunidad escolar.

El decreto presta especial atención al acoso y al ciberacoso en el ámbito escolar, a la violencia de género y a los riesgos asociados al uso de las tecnologías, incluyendo la ciberconvivencia y la utilización responsable de los entornos digitales. También actualiza los derechos y deberes de la comunidad educativa, y recoge la condición del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales, las tutorías afectivas y otras estrategias dirigidas a prevenir conflictos y favorecer su resolución educativa. Estas herramientas se integran en los planes de convivencia de los centros, junto con las medidas de prevención y protección del alumnado.

La norma incorpora, asimismo, previsiones específicas para la intervención con alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a alteraciones emocionales y de conducta, con el fin de ajustar las respuestas a las circunstancias individuales y favorecer la coordinación entre los equipos docentes, orientación educativa y las familias.

Organización

En el ámbito organizativo, el texto desarrolla las funciones de los equipos de gestión de la convivencia, los servicios de mediación y la coordinación para el bienestar y la protección del alumnado. Asimismo, contempla la creación del Observatorio Canario para la Convivencia Escolar, orientado al seguimiento y la mejora de la convivencia en el sistema educativo.

El documento actualiza también la regulación de las conductas contrarias a la convivencia, las medidas correctoras y los procedimientos de intervención, manteniendo su finalidad educativa. Los centros dispondrán de un año desde su entrada en vigor para actualizar sus reglamentos de régimen interno y planes de convivencia. Mientras tanto, los protocolos específicos de actuación en materia de acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida o protección de la infancia se seguirán aplicando hasta dicha actualización.

Con esta actualización normativa, la Consejería de Educación busca reforzar la convivencia escolar y garantizar que los centros educativos de Canarias sean espacios cada vez más seguros, inclusivos y respetuosos con los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.

El Gobierno adapta las ayudas de 3,6 millones al sector primario para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio

El Ejecutivo modifica la regulación de las ayudas extraordinarias aprobadas en el segundo trimestre del año para adecuarlas al régimen europeo de minimis y a las condiciones de financiación establecidas posteriormente para el plan estatal

La reforma también introduce cambios para ampliar el número de explotaciones agrícolas beneficiarias, concretar las condiciones de las ayudas a la ganadería y ajustar los criterios de distribución de los fondos destinados a la pesca

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy viernes, 30 de octubre, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, la modificación del Decreto ley 3/2026, de 6 de abril, que contempla ayudas extraordinarias por importe de 3,6 millones de euros para compensar el incremento de los costes de producción que soportan los profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, con especial atención a los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad.

Estas medidas se aprobaron inicialmente en el segundo trimestre del año, antes de la publicación del marco temporal de ayudas de la Comisión Europea en respuesta a este conflicto, que tuvo lugar el 5 de mayo. Tras analizar las condiciones establecidas en dicho marco, se determinó la necesidad de acogerse al régimen europeo de ayudas de minimis, por lo que la modificación aprobada hoy adapta su regulación a los requisitos necesarios para proceder a su concesión.

Asimismo, la reforma adecúa estas ayudas a las condiciones de financiación establecidas en el Real Decreto 639/2026, de 29 de julio, que regula la aportación estatal al Plan de impulso al sector primario canario. A estos efectos, el decreto ley autonómico adquiere la consideración de dicho plan para las ayudas que contempla, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para su financiación y gestión.

La modificación afecta a las tres líneas de apoyo previstas en la norma original para compensar el encarecimiento de los insumos agrícolas, la adquisición de piensos para la alimentación del ganado y los gastos energéticos y logísticos de la actividad pesquera. Además de su adaptación a la normativa europea y estatal, introduce ajustes en los requisitos de acceso y en los criterios de distribución de los fondos para adecuarlos a las características de las explotaciones y facilitar que estas ayudas lleguen a sus destinatarios.

Ayudas a la agricultura y la ganadería

La línea destinada a compensar el incremento del coste de los insumos agrícolas, dotada con 1,74 millones de euros, incorpora modificaciones para facilitar el acceso a un mayor número de explotaciones. Entre ellas, se actualiza la fecha de referencia para su inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC), que pasa del 31 de mayo de 2025 a la fecha de entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril de 2026. Este cambio permitirá tener en cuenta los datos registrales más recientes y favorecerá el acceso de explotaciones que tuvieron dificultades para formalizar su inscripción durante la implantación del registro.

Asimismo, se reduce de 80 a 30 euros el importe mínimo subvencionable, atendiendo a las características del sector agrario canario, en el que predominan las explotaciones de pequeñas dimensiones y la fragmentación parcelaria. La cuantía de las ayudas se determinará en función de la superficie cultivada, diferenciando entre secano y regadío, y de la isla en la que se encuentre la explotación, teniendo en cuenta los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad.

Para su cálculo se considerarán las tierras de cultivo y los cultivos permanentes, con un máximo de 50 hectáreas por beneficiario, excluyendo las tierras de barbecho y los pastos temporales.

Por otra parte, quedan excluidos de esta línea los insumos destinados a los cultivos de papa y tomate, cuyos sobrecostes de fertilización serán compensados mediante una ayuda específica financiada con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea.

En cuanto a las ayudas para compensar el encarecimiento de los piensos, dotadas con 1,32 millones de euros, la modificación concreta que podrán beneficiarse los titulares de explotaciones de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícolas y avícolas, con el fin de dirigir estos recursos a las especies ganaderas productoras de alimentos, conforme a la finalidad de estas medidas de apoyo al sector primario.

Las explotaciones deberán figurar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC) a 28 de febrero de 2026, contar con el censo actualizado y disponer de un mínimo de cinco unidades de ganado mayor (UGM).

Las ayudas se distribuirán proporcionalmente a las unidades ganaderas declaradas y su cuantía se incrementará un 16% en las islas no capitalinas, para compensar los mayores costes asociados a la doble insularidad.

Apoyo al sector pesquero

La tercera línea, dotada con 540.726 euros, está destinada a compensar los sobrecostes energéticos y logísticos de la actividad pesquera. Podrán beneficiarse los armadores de buques inscritos en el Registro General de la Flota Pesquera a la entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril, con licencia en vigor y puerto base en Canarias.

Los fondos se distribuirán en función de los días de actividad acreditados mediante el sistema de localización de buques (VMS) o, en su defecto, a través del diario de pesca y las notas de venta, atendiendo preferentemente a los gastos de transporte y a la situación de la flota artesanal.

La ayuda podrá alcanzar un máximo de 20.000 euros por buque y 40.000 euros por armador, respetando en todo caso los límites establecidos por la normativa europea. La modificación también elimina el criterio de vulnerabilidad contemplado inicialmente para la distribución de estas subvenciones, debido a las dificultades que plantea su concreción y aplicación.

Adaptación a la normativa europea y estatal

La aplicación del régimen europeo de ayudas de minimis establece límites a las subvenciones que puede recibir un mismo beneficiario durante un periodo de tres años. En el caso de las ayudas agrícolas y ganaderas, este límite será de 50.000 euros, mientras que para las destinadas al sector pesquero se fija en 40.000 euros.

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, las personas beneficiarias deberán presentar una declaración responsable sobre las ayudas de minimis recibidas durante los tres años anteriores. Esta documentación deberá aportarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución de concesión.

Asimismo, la modificación clarifica la compatibilidad de estas ayudas con las previstas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, así como con otras subvenciones destinadas a la misma o similar finalidad, siempre que se respeten los límites de financiación y las condiciones de acumulación establecidos en la normativa aplicable.

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Biodiversidad para proteger de forma integral el patrimonio canario

Canarias contará por primera vez con una ley propia que ordena de forma integral la protección, conservación, restauración y gestión sostenible de su patrimonio natural

El Consejo de Gobierno aprueba este nuevo proyecto de texto normativo que unifica, actualiza y adapta la regulación a las singularidades del archipiélago, superando la anterior dispersión normativa que dependía en gran medida de la legislación estatal

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía liderada por Mariano H. Zapata, ha aprobado el Proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias.

La nueva norma establece un marco jurídico propio y coherente para garantizar la conservación de los hábitats, las especies silvestres y los ecosistemas de las islas, reconocidas como uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo y con un elevado número de especies endémicas.

El documento clarifica las competencias entre la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos para evitar conflictos administrativos e impulsa un marco claro de control, inspección y régimen sancionador frente a las infracciones.

El proyecto de ley mejora la gestión de los espacios naturales y la Red Natura 2000, al tiempo que refuerza los sistemas de información científica integrando herramientas como BIOTA, RedVIGÍA o RedPROMAR. Asimismo, establece planes de recuperación para especies amenazadas, regula medidas frente a la contaminación lumínica y potencia mecanismos como la red REDEXOS para controlar y erradicar a las especies exóticas invasoras.

La norma también fomenta el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental como actividades compatibles con la conservación. Con esta aprobación, el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria para abrir un proceso de debate con los grupos políticos, el sector científico y los agentes sociales que permita alcanzar el mayor consenso posible.

Por otro lado, se optimiza la coordinación con la Ley del Suelo, al delimitarse los ámbitos de ambas normas: Biodiversidad regula la protección de los valores naturales y la Ley del Suelo mantiene su marco de declaración, planificación y gestión de espacios. Se propone una regla de coordinación inmediata, sin esperar a un desarrollo posterior y sin condicionar la reforma de la ley del suelo que ya está en el Parlamento. Aquí, el régimen sancionador evitará duplicidades de tipo sancionador y refuerza la aplicabilidad de la Ley.

Además, se ajustan las autorizaciones y declaraciones responsables, las garantías de los ciudadanos, el apoyo científico de las decisiones y la reserva de ley para las obligaciones económicas, limitando las habilitaciones reglamentarias excesivamente abiertas.

El medio marino, protegido por primera vez

El nuevo Estatuto de Autonomía de 2018 ha permitido dar un paso clave al habilitar el ejercicio de competencias autonómicas en la protección ambiental del mar. Gracias a ello, la ley incorpora un título completo, el VIII, dedicado en exclusiva a la protección de la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y los recursos naturales del entorno marítimo canario para garantizar un uso verdaderamente sostenible.

Una ley enriquecida con más de 2.000 alegaciones ciudadanas

El interés por la preservación del patrimonio natural se ha reflejado en el proceso de consulta pública del anteproyecto, en el que se han recibido más de 2.000 alegaciones. El Gobierno, que amplió los plazos de audiencia para Cabildos y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a pesar de tramitar el texto por vía de urgencia, aceptó muchas de estas propuestas porque mejoraba el articulado y garantizaba que la futura ley llegue al Parlamento con una base social mucho más robusta.

Reinicio de los trámites por seguridad jurídica

El Ejecutivo autonómico reinició los trámites y revisó el texto para dotarlo de una base jurídica sólida y atender a las advertencias previas del Consejo Consultivo. Este órgano había señalado problemas jurídicos en el anteproyecto del Gobierno anterior, advirtiendo sobre la invasión de competencias estatales, mala técnica legislativa y un solapamiento normativo que generaba una importante inseguridad jurídica.

Sanidad destinará 9,8 millones de euros al suministro de gases medicinales y no medicinales del HUC

El servicio se contratará mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada, por un plazo de cuatro años, para garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia energética de las instalaciones de gases medicinales

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy a la Consejería de Sanidad a destinar 9.821.767.37 de euros a la contratación de un suministro de gases medicinales y no medicinales para atender las necesidades asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por un periodo de cuatro años.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada y regulación armonizada, para garantizar la disponibilidad, seguridad, trazabilidad y eficiencia energética de las instalaciones y servicios de gases medicinales y no medicinales, durante las veinticuatro horas del día, en todos los centros integrantes del complejo: el Hospital Universitario de Canarias, los Centros de Atención Especializada (CAE) de La Laguna, La Orotava, Icod-Hospital del Norte y Puerto de la Cruz, el Área Externa de Salud Mental y las unidades de hospitalización de subagudos y rehabilitación.

El expediente incluye la contratación de servicios complementarios esenciales para el adecuado control y mantenimiento de las instalaciones de gases, como los sistemas de temperaturas, suministros, consumos, botellas con regulador y de actualización de planimetría, así como el mantenimiento de los grupos de vacío del HUC y del Hospital del Norte, de la aplicación informática necesaria para llevar a cabo la trazabilidad de los productos incluidos en el contrato, los mantenimientos preventivos y correctivos de las centrales y el análisis de tomas de gases medicinales y no medicinales.

Con ello se persigue asegurar la continuidad asistencial, la calidad del servicio sanitario, la seguridad de los pacientes y del personal, así como la optimización de los recursos técnicos y energéticos relacionados con la gestión de gases medicinales en todos los centros dependientes del CHUC

Los gases medicinales desempeñan un papel fundamental en la medicina y se utilizan con fines terapéuticos o de diagnóstico. Están formados por un gas o mezcla de gases y se utilizan en terapias de inhalación, anestesia o para conservar y transportar órganos, tejidos y células destinados a trasplantes.