Contenedores similares a los que se instalarán en Los Realejos / Foto: Diario de AvisosTurcón-Ecologistas en Acción ha mostrado este jueves su apoyo a la Plataforma No Eléctricas-Propano en La Cruz Santa, que lucha en Los Realejos (Tenerife) por la paralización de las obras de la planta de generación de emergencia promovida por Disa mientras se comprueba el cumplimiento de las condiciones exigidas antes del inicio de los trabajos.
La plataforma presentó ante el Ayuntamiento local un escrito en el que reclama que se verifique si la empresa ha aportado toda la documentación requerida por la autorización administrativa publicada el 25 de octubre en el Boletín Oficial de Canarias. La organización sostiene que las obras ya han comenzado pese a que existen requisitos que deben cumplirse con carácter previo.
Entre esas exigencias figuran un estudio de impacto acústico que contemple las distintas fases de las obras y los posibles efectos acumulativos, una evaluación del riesgo de accidente y del efecto dominó sobre instalaciones industriales próximas y un informe favorable de la Dirección General de Emergencias.
El escrito recoge igualmente la necesidad de contar con un plan de autoprotección elaborado por personal técnico acreditado, garantías económicas para cubrir posibles daños a terceros y prospecciones ornitológicas previas al inicio de los trabajos. La plataforma afirma que estas obligaciones aparecen tanto en la autorización como en las prescripciones del informe de impacto ambiental.
La organización pide al Ayuntamiento que consulte al Gobierno de Canarias si esa documentación ha sido presentada y que, en caso contrario, adopte las medidas legales necesarias para paralizar las obras. Reclama igualmente que la Policía Local compruebe, dentro de sus competencias, las condiciones de ejecución y comunique cualquier posible incumplimiento a la administración competente.
La Plataforma No Eléctricas-Propano en La Cruz Santa mantiene su oposición al proyecto y anuncia un recurso administrativo contra la autorización y la declaración de interés general. Su presidenta, Carmen Luisa González, defiende que las cuestiones relacionadas con el ruido y la seguridad deben quedar resueltas antes de que continúe la actuación.










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