El apartado de Ruegos y Preguntas del Pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Telde dejó un intenso enfrentamiento entre la portavoz de Vox, Esmeralda Cabrera, y el Gobierno municipal por la situación de nueve facturas de la empresa Excavaciones Graval, S.L., dedicada a la recogida, transporte y gestión de escombros y residuos de construcción. La concejala denunció que la mercantil reclama 391.209,77 euros por servicios correspondientes a 2025 y 2026, mientras que el alcalde, Juan Antonio Peña, rechazó las acusaciones de descontrol administrativo y cuestionó la utilización política de este asunto.
Cabrera explicó que la empresa se había puesto en contacto con ella unos quince días antes para trasladarle su preocupación por la falta de cobro y de respuestas sobre los trabajos realizados para el Consistorio. Según detalló, existen tres facturas de 2025 por un importe conjunto de 13.421,58 euros, además de otras seis correspondientes a 2026 que suman 377.788,19 euros. La edil sostuvo que la mercantil dispone de las referencias, fechas de presentación y vencimientos de los documentos, por lo que reclamó explicaciones sobre el estado de su tramitación.
La oposición exige explicaciones y fechas de pago
Uno de los aspectos más controvertidos de la intervención fue la afirmación de Cabrera de que, según el relato recibido de la empresa, el alcalde había manifestado en una reunión que no conseguía localizar determinadas facturas. La portavoz consideró inadmisible que una empresa que ha prestado servicios municipales tenga dificultades para conocer el estado de sus expedientes y criticó que las respuestas recibidas se limitaran, según denunció, a indicar que los documentos estaban en Intervención.
La representante de Vox aseguró igualmente que Excavaciones Graval había dejado de prestar servicios de recogida de residuos y escombros en Telde por la falta de cobro de las cantidades reclamadas. En su exposición, vinculó esta situación con las necesidades de limpieza de la ciudad y advirtió de las consecuencias que puede tener para los trabajadores, proveedores y la propia continuidad de los servicios contratados.
Cabrera formuló varias preguntas concretas al Gobierno municipal: dónde se encuentran las tres facturas de 2025, cuál es la situación administrativa de las seis de 2026, si existe algún reparo o impedimento para su reconocimiento y pago, quién realiza el seguimiento político de los expedientes y cuándo prevé el Ayuntamiento resolver la situación. La concejala pidió un calendario de pagos y rechazó que la referencia genérica a Intervención resulte suficiente para responder a las reclamaciones empresariales.
Peña niega el extravío y defiende los procedimientos
El alcalde respondió directamente a las acusaciones y se dirigió a un representante de la empresa presente entre el público del salón de plenos. Peña negó haber afirmado que las facturas se hubieran perdido y precisó que lo que había explicado era que no podía localizar un expediente concreto sin disponer de información adicional para identificarlo.
El regidor insistió en que los pagos municipales deben seguir los procedimientos administrativos establecidos y que no puede alterar unilateralmente el orden de fiscalización. En este sentido, recordó que por Intervención también pasan expedientes relacionados con ayudas sociales y situaciones de emergencia, por lo que defendió que todos deben tramitarse con arreglo a las mismas garantías.
La respuesta del alcalde fue más allá de la cuestión administrativa. Peña insinuó que detrás de la exposición del asunto podía existir una intencionalidad política y relacionó la denuncia con la difusión de vídeos sobre la acumulación de escombros en las calles. El primer edil llegó a plantear que pudiera haberse desarrollado una campaña para perjudicar la imagen de Telde, unas acusaciones formuladas durante el debate y que no quedaron acreditadas mediante documentación en la sesión.
Limpieza asegura que ha tramitado los expedientes
La concejala de Limpieza, Inmaculada González Calderín, también intervino para rechazar que hubiera desatendido a la empresa. Afirmó que había mantenido distintas reuniones y conversaciones con sus representantes y aseguró que, cuando no podía atender una llamada, la devolvía posteriormente.
González Calderín reconoció que Excavaciones Graval había dejado de prestar el servicio, aunque destacó que, mientras lo realizó, respondió a las necesidades municipales. Explicó que la interrupción obligó al Ayuntamiento a buscar una solución de emergencia para continuar retirando los escombros, ante una situación que calificó de preocupante incluso desde el punto de vista sanitario.
La responsable municipal defendió además el trabajo desarrollado por el personal administrativo del área, especialmente por la única trabajadora de la unidad que comparte funciones con Servicios Municipales. Según expuso, desde Limpieza se han realizado las tramitaciones correspondientes y se han elaborado informes de prioridad para facilitar la fiscalización de los expedientes.
Un nuevo cruce de reproches políticos
En la parte final del intercambio, Peña volvió a cuestionar la presencia y el comportamiento de un representante de la empresa durante la sesión, al señalar que había estado grabando intervenciones de la portavoz de Vox. El alcalde interpretó esta circunstancia como un indicio de vinculación política en la exposición del conflicto, mientras que la oposición había presentado el asunto como una reclamación sobre las obligaciones de pago del Ayuntamiento.
El regidor concluyó defendiendo que el Gobierno local había realizado las gestiones a su alcance y señaló que existen cerca de 300 expedientes pendientes de fiscalización en Intervención, entre ellos procedimientos vinculados a prestaciones y emergencias sociales. Insistió en que las facturas deben seguir su orden de tramitación y recibir el mismo tratamiento administrativo que el resto.
El debate concluyó sin que se anunciara una fecha concreta para el abono de las cantidades reclamadas ni se detallara individualmente la situación de las nueve facturas mencionadas por Vox. La controversia deja abiertas dos cuestiones: la resolución administrativa de los pagos pendientes y la continuidad de los servicios municipales de retirada de escombros, que el Gobierno asegura haber mantenido mediante una solución de emergencia.
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