Turcón-Ecologistas en Acción ha presentado un documento de alegaciones contra el proyecto de instalación de una explotación acuícola promovida por Gran Canaria Bass Company, S.L. en la zona marítima ZIA-GC-9, frente al litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara. La iniciativa contempla 24 jaulas marinas para el cultivo intensivo de lubina, con una ocupación aproximada de 47,2 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre.
El colectivo considera que la dimensión de la infraestructura y su localización hacen necesario aplicar el principio de precaución y analizar sus posibles efectos sobre el medio marino y las actividades tradicionales. La zona se encuentra integrada en la Reserva de la Biosfera y próxima a espacios de la Red Natura 2000, además de situarse en el entorno de la propuesta de declaración del Parque Nacional marítimo-terrestre de Guguy.
Entre las cuestiones planteadas por Turcón figura la ocupación del hábitat de interés comunitario 1110, correspondiente a bancos de arena cubiertos permanentemente por aguas marinas poco profundas. La organización advierte de que los sistemas de fondeo, anclajes y cadenas podrían alterar físicamente el fondo marino y de que los restos de pienso y las excretas de los peces podrían favorecer la acumulación de materia orgánica en los sedimentos.
Las alegaciones también cuestionan la producción prevista de residuos. Según los datos del estudio de impacto ambiental citados por Turcón, la instalación podría generar unas 740 toneladas anuales de materia orgánica particulada, por lo que el colectivo solicita que se evalúe la capacidad del medio para asimilar estos aportes y su comportamiento durante periodos de calma, altas temperaturas o episodios meteorológicos extremos.
La organización pide además profundizar en el análisis de la posible afección a las aves marinas, especialmente a la pardela cenicienta atlántica, así como estudiar los efectos de la iluminación, las posibles colisiones, el ruido submarino generado por los equipos y embarcaciones auxiliares y la degradación de redes, cabos y otros materiales plásticos..
Turcón también advierte de posibles consecuencias para la pesca artesanal, ya que el espacio previsto para las jaulas es utilizado por pescadores vinculados a las cofradías de Agaete y por profesionales de La Aldea. El colectivo sostiene que la ocupación podría restringir zonas de navegación y pesca, desplazar caladeros y aumentar los costes de la actividad, por lo que reclama un informe socioeconómico independiente con participación de los pescadores afectados.
La organización considera asimismo que la calificación de una zona como apta para la acuicultura debe acompañarse de una evaluación individualizada de sus posibles consecuencias ambientales, económicas y culturales. También plantea que los costes de prevención, vigilancia, restauración y compensación ambiental formen parte del análisis económico del proyecto.
En sus alegaciones, Turcón solicita a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias que emita una declaración de impacto ambiental desfavorable y deniegue la concesión acuícola. También propone revisar la ordenación de la zona ZIA-GC-9 para estudiar su posible exclusión de las áreas destinadas a la acuicultura intensiva.











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