Elisabet Santana: «No queremos mejorar en un ranking, queremos mejorar la vida de la gente»

La pobreza que todavía afecta a miles de familias canarias, las dificultades para acceder a una vivienda, la atención a las personas sin hogar y la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones centraron buena parte de la entrevista concedida por Elisabet Santana Rosales, directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, al programa La Alameda, dirigido y presentado por Sonia Vega en TELDEACTUALIDAD RADIO PÓDCAST. El programa puede escucharse en la emisora digital a las 10.00, 16.00 y 22.00 horas hasta el próximo 29 de octubre  y a partir de esa fecha pasará a la programación habitual.

Durante la conversación, celebrada en el local social de Meclasa, la responsable autonómica defendió los avances registrados en protección social, aunque reconoció que todavía queda un largo camino para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.

La entrevista permitió abordar algunos de los asuntos que mayor preocupación generan en Canarias, desde el alcance de la pobreza infantil hasta las dificultades de las personas que viven en la calle, pasando por el funcionamiento de la Renta Canaria de Ciudadanía, los retrasos en las tarjetas monedero, la situación de los servicios sociales municipales y los retos derivados de la llegada de migrantes al archipiélago. Santana insistió en que las políticas públicas no deben valorarse únicamente por las estadísticas, sino por su capacidad para ofrecer respuestas efectivas a quienes atraviesan situaciones de exclusión.

Más de 704.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social

Uno de los primeros asuntos planteados por Sonia Vega fue la situación de las más de 704.000 personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias, una cifra equivalente al 31,2% de la población y que incluye a unos 91.000 menores. Ante estos datos, Santana reconoció la gravedad del problema, aunque sostuvo que la comunidad autónoma ha experimentado una evolución favorable en los últimos años.

Según explicó, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, ha descendido desde aproximadamente el 38% registrado en 2022 hasta el entorno del 31%. La directora general señaló que esta evolución representa una reducción importante del número de personas afectadas, pero rechazó interpretar los resultados como un motivo de satisfacción suficiente mientras persistan situaciones de vulnerabilidad.

«Nosotros no queremos mejorar en un ranking. Queremos mejorar la vida de la gente», afirmó, antes de subrayar que el verdadero objetivo de las políticas sociales debe ser reducir las desigualdades y evitar que las familias tengan que enfrentarse a situaciones de necesidad extrema.

La responsable autonómica destacó también que un reciente informe sobre los servicios sociales en España sitúa a Canarias en la cuarta posición entre las comunidades autónomas. Atribuyó este avance a un cambio en la gestión y al incremento de los recursos económicos, asegurando que la inversión social supera los 700 euros por habitante, frente a una referencia estatal próxima a los 500 euros.

La Renta Canaria de Ciudadanía y su papel en la inserción laboral

Otro de los asuntos destacados fue el funcionamiento de la Renta Canaria de Ciudadanía, prestación que sustituyó en abril de 2023 a la antigua Prestación Canaria de Inserción. Santana indicó que actualmente existen alrededor de 11.000 perceptores, aunque el número de personas atendidas asciende a unas 23.000 si se incluyen los integrantes de las unidades familiares beneficiarias.

Durante la entrevista se recordó que las cuantías de esta ayuda oscilan entre los 733,60 euros para una persona adulta que vive sola y los 1.775,31 euros para una unidad familiar integrada por un adulto con cuatro o más menores a cargo. La directora general defendió el incremento de las prestaciones durante la legislatura y rechazó las críticas de quienes consideran que estas ayudas pueden desincentivar la búsqueda de empleo.

Santana sostuvo que las personas beneficiarias no aspiran a depender permanentemente de una prestación, sino a alcanzar una estabilidad económica mediante el trabajo. En este sentido, explicó que la Administración ha reforzado los itinerarios de integración social para que la ayuda económica vaya acompañada de orientación, seguimiento profesional y oportunidades de inserción laboral.

La reducción del número de perceptores respecto a etapas anteriores fue presentada por la directora general como un posible indicador de mejora en la situación de algunas familias. No obstante, insistió en que el acompañamiento resulta fundamental para evitar que las personas vuelvan a caer en circunstancias de exclusión.

Las tarjetas monedero siguen pendientes de su implantación

La presentadora también preguntó por el programa de tarjetas monedero, una iniciativa cofinanciada en un 90% por la Unión Europea y concebida para que las familias vulnerables puedan adquirir directamente productos de primera necesidad en los establecimientos comerciales, sustituyendo el anterior modelo de distribución de alimentos.

Santana reconoció que durante este año no se han entregado nuevas tarjetas dentro del programa autonómico, debido a las dificultades administrativas relacionadas con la licitación y los requisitos de justificación de los fondos europeos. Explicó que la situación afecta también a otras comunidades autónomas y que se trabaja para resolver los obstáculos sin comprometer la financiación asignada.

La directora general aseguró que los recursos económicos previstos no se perderán y señaló que, mientras se desbloquea el programa, el Gobierno de Canarias ha reforzado la financiación destinada a los bancos de alimentos para mantener la atención a las familias con mayores necesidades.

Valora la colaboración con los servicios sociales de Telde

La relación entre el Gobierno de Canarias y los servicios sociales municipales ocupó otro apartado de la conversación, con una referencia expresa al Ayuntamiento de Telde. Santana aseguró que la coordinación con las administraciones locales es constante y destacó el papel que desempeñan los ayuntamientos como primera puerta de acceso de la ciudadanía a los recursos asistenciales.

La directora general afirmó que no tiene quejas de los servicios sociales de los municipios canarios y recordó que el Ejecutivo autonómico participa en su financiación mediante diferentes programas de prestaciones básicas y apoyo a la Renta Canaria de Ciudadanía.

Según sus datos, esta colaboración contribuye a sostener la contratación de alrededor de 2.500 profesionales vinculados a los servicios sociales municipales del archipiélago. Santana consideró imprescindible mantener y mejorar esta coordinación, tanto para garantizar la continuidad de los programas como para detectar con mayor rapidez las situaciones de vulnerabilidad.

El sinhogarismo y las dificultades para ofrecer respuestas duraderas

La atención a las personas sin hogar constituyó uno de los bloques más extensos de la entrevista. Sonia Vega planteó los datos difundidos por Cáritas sobre la existencia de más de 1.600 personas en situación de calle en la provincia de Las Palmas, ante los que Santana introdujo una distinción entre quienes pernoctan en espacios públicos o recursos de alojamiento y quienes se encuentran en otras formas de exclusión residencial, como infraviviendas, asentamientos o construcciones precarias.

La directora general señaló que los datos manejados por el Instituto Nacional de Estadística utilizan criterios diferentes y apuntó la necesidad de contrastar ambas fuentes para comprender mejor el alcance del problema. En cualquier caso, reconoció que el sinhogarismo requiere una intervención compleja, porque a la ausencia de vivienda pueden añadirse dificultades de empleo, problemas de salud y falta de redes familiares o sociales de apoyo.

Santana informó de que su departamento destina cuatro millones de euros a financiar recursos para personas sin hogar, distribuidos entre 127 dispositivos gestionados por 34 entidades en el conjunto de Canarias. Explicó que la atención se articula mediante diferentes servicios, desde comedores y centros de día hasta recursos residenciales y programas de acompañamiento especializados.

En el caso de Telde, la entrevista hizo referencia a la existencia de cinco recursos recogidos en la guía de atención al sinhogarismo, cuatro de titularidad privada y uno de carácter mixto. También se abordaron las limitaciones temporales de estancia o atención que presentan algunos dispositivos, como el centro de baja exigencia de Jinámar, el centro de día Garoé y el comedor social Nuestra Señora del Carmen.

La responsable autonómica defendió que estos recursos deben funcionar de manera complementaria y que la recuperación de una persona en situación de exclusión grave exige tiempo, atención individualizada y continuidad asistencial. Subrayó que, en determinados casos, también resulta necesaria la intervención de profesionales especializados en salud mental y adicciones.

El desahucio de Jennifer Brito y la coordinación entre administraciones

Uno de los momentos de mayor contenido social de la entrevista llegó cuando Sonia Vega preguntó por el caso de Jennifer Brito y sus hijos menores, que habían sufrido un desahucio sin disponer, según se expuso durante el programa, de una alternativa habitacional inmediata.

Santana reconoció que situaciones de esta naturaleza evidencian la necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación entre administraciones. Explicó que la respuesta habitacional urgente corresponde principalmente a los servicios municipales, mientras que su departamento puede intervenir anticipando la tramitación de prestaciones económicas cuando recibe informes que advierten del riesgo de pérdida de vivienda por falta de ingresos.

La directora general defendió que la intervención debe producirse antes de que las familias lleguen a una situación límite y señaló que la coordinación temprana entre los distintos organismos es fundamental para evitar nuevos episodios de desprotección.

Canarias reclama una política migratoria de Estado

La inmigración fue otro de los grandes temas analizados. Ante el repunte de llegadas a las costas canarias, Santana recordó que los movimientos migratorios responden a causas estructurales y que el archipiélago debe mantener una capacidad de acogida adecuada, especialmente durante los periodos del año en los que tradicionalmente aumentan las travesías.

La directora general sostuvo que Canarias no puede asumir en solitario las consecuencias de su condición de territorio fronterizo y reclamó una mayor implicación del Estado y de las instituciones europeas. En su intervención recordó las reclamaciones del Gobierno autonómico para que se cumplan las responsabilidades estatales en materia de atención y traslado de menores migrantes no acompañados.

Santana defendió la necesidad de agilizar los traslados a la Península y de garantizar que las decisiones relacionadas con el sistema europeo de migración y asilo tengan en cuenta la experiencia de las administraciones y profesionales que trabajan directamente en las islas.

Un plan de convivencia con 59 medidas y participación de todos los municipios

La entrevista concluyó con un análisis del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, una herramienta que, según explicó Santana, ha sido elaborada mediante un proceso participativo en el que intervinieron más de un millar de personas y diferentes departamentos del Gobierno de Canarias.

El documento contempla 59 medidas, distribuidas en ámbitos relacionados con la atención individual, la convivencia comunitaria y la coordinación en los espacios de frontera. Sus actuaciones incluyen cuestiones como vivienda, sanidad, educación, empleo, participación ciudadana y prevención del racismo y la xenofobia.

La directora general indicó que 36 de las 59 medidas ya están en marcha, que más de 1.700 personas han recibido formación y que todos los municipios canarios participan en actividades vinculadas a la convivencia y la interculturalidad.

Santana valoró especialmente la respuesta ciudadana a estas iniciativas y defendió la tradición de acogida del archipiélago, al tiempo que insistió en que la integración requiere políticas públicas estables y una implicación conjunta de las instituciones y la sociedad.

La conversación con Sonia Vega dejó así un diagnóstico amplio de los principales desafíos sociales de Canarias y de las respuestas que está desarrollando el Gobierno autonómico. Más allá de los indicadores y las inversiones anunciadas, la directora general reiteró que el éxito de estas políticas deberá medirse por su capacidad para mejorar la vida cotidiana de las personas que más apoyo necesitan.