Pablo Rodríguez abre el proceso para adjudicar 42 viviendas públicas de alquiler

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez, ha iniciado el procedimiento para adjudicar 42 viviendas protegidas de promoción pública en la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca. Los inmuebles, cuyas obras ya han finalizado, se destinarán al alquiler en régimen general y pasarán a formar parte del parque público del Instituto Canario de la Vivienda.

Las viviendas disponen de tres dormitorios, noventa metros cuadrados de superficie útil y un garaje vinculado de veinte metros cuadrados, mientras que dos están adaptadas para personas con movilidad reducida. La promoción fue adquirida por el Cabildo de Lanzarote con financiación compartida entre ambas administraciones y, una vez concluidos los trabajos, su titularidad fue cedida al ICAVI.

El Instituto Canario de la Vivienda asumirá a partir de ahora la adjudicación, gestión, conservación y mantenimiento de los inmuebles. Las 42 viviendas se repartirán en siete cupos, de acuerdo con el Decreto 23/2026, que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y el procedimiento para acceder a las promociones públicas.

Dos viviendas estarán reservadas para personas con movilidad o comunicación reducida que necesiten de forma permanente silla de ruedas u otros dispositivos de apoyo, y otras dos para quienes presenten estas limitaciones sin precisar esos medios de manera continua. La distribución incluye además tres viviendas para víctimas de violencia de género, once para personas de hasta 35 años y cuatro para mayores de 64.

Otra vivienda se destinará a personas emigrantes retornadas y las 19 restantes corresponderán al cupo general. Todos los inmuebles se adjudicarán mediante contrato de arrendamiento y deberán constituir el domicilio habitual y permanente de las unidades familiares o de convivencia que resulten beneficiarias del procedimiento.

Para participar será necesario estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias al cierre del plazo y cumplir las condiciones establecidas para cada cupo. Entre los requisitos generales figuran ser mayor de edad o estar legalmente emancipado y acreditar una residencia en Canarias de al menos 12 años ininterrumpidos, o 15 años cuando haya habido interrupciones.

Los aspirantes deberán haber residido o trabajado de forma continuada en Yaiza durante al menos los cinco años anteriores a la convocatoria, salvo las excepciones previstas en la resolución. También tendrán que acreditar alguno de los supuestos de necesidad de vivienda establecidos por la normativa y cumplir los límites fijados tanto para los ingresos como para el patrimonio.

Los ingresos mínimos oscilarán entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM anual en 14 pagas, dependiendo del número de integrantes de la unidad familiar o de convivencia. Como regla general, los ingresos máximos no podrán superar cinco veces el IPREM, aunque el límite podrá alcanzar seis veces en determinados supuestos excepcionales. Para efectuar estos cálculos se tomará como referencia el ejercicio fiscal de 2025.

La adjudicación se resolverá mediante un sistema de baremación que valorará las circunstancias sociales, económicas, familiares y personales de los solicitantes, además de su necesidad de vivienda. La Administración tendrá igualmente en cuenta la adecuación de cada inmueble a la composición de la unidad familiar, el número de dormitorios, la accesibilidad y las necesidades específicas de sus integrantes.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2026. El trámite podrá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias o mediante cualquiera de los medios previstos en la legislación de procedimiento administrativo, mientras que los actos posteriores se publicarán en el tablón oficial de la propia sede electrónica.