
El El consejero teldense Pablo Rodríguez, de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, expuso este martes en el Parlamento las líneas del futuro Plan Canario de Vivienda 2026-2030 cuyo anteproyecto ha recibido 68 aportaciones tras finalizar el periodo de información pública. El documento continúa en fase de elaboración e incorporará una ficha financiera con la planificación económica correspondiente a sus cinco años de vigencia.
Rodríguez explicó que el Plan se estructura actualmente en tres ejes: el incremento de la oferta residencial, la rehabilitación y regeneración del parque de viviendas y las medidas destinadas a facilitar el acceso a colectivos prioritarios. El consejero avanzó que la previsión es distribuir aproximadamente un tercio de los recursos disponibles entre cada uno de esos tres ámbitos.
El primer eje se centra en el incremento de la oferta residencial e incluye la promoción de vivienda pública, protegida y asequible, así como la movilización de viviendas vacías o inacabadas y el desarrollo de suelo público destinado a vivienda. El segundo aborda la rehabilitación y regeneración del parque residencial, incluida la recuperación y renovación de entornos urbanos y rurales. Esta línea contempla también actuaciones en municipios de medianías, cumbres y zonas rurales o alejadas, con el objetivo fijado en el documento de atender sus necesidades residenciales y contribuir a fijar población.
El tercer eje se orienta a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos considerados prioritarios mediante ayudas al alquiler, medidas de apoyo a la emancipación juvenil y a la compra de vivienda, atención a colectivos vulnerables e instrumentos para acceder a una primera vivienda, como la Hipoteca Joven.
El nuevo Plan prevé además adaptar las actuaciones a la realidad de cada isla y municipio, incluido el reto demográfico en el medio rural, reforzar la colaboración público-privada y mejorar la coordinación entre el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y el Estado, así como la capacidad de ejecución de las medidas.
La ficha financiera abarcará los cinco años de vigencia del Plan. Rodríguez indicó en el Parlamento que "la previsión es distribuir aproximadamente un tercio de los recursos entre cada uno de los tres ejes estratégicos". La financiación procederá de fondos propios del Gobierno de Canarias, de los recursos del Plan Estatal de Vivienda y de posibles fondos europeos.
El consejero explicó que la planificación autonómica se está coordinando con la estatal para mantener la coherencia entre ambos instrumentos y aprovechar las distintas fuentes de financiación pública. Rodríguez indicó también que la elaboración del Plan Estatal de Vivienda ha influido en el calendario del documento canario, al considerar necesario coordinar las actuaciones y los recursos de ambas administraciones.
El Plan Canario de Vivienda 2026-2030 ha recibido 68 aportaciones durante el proceso de participación pública. De ellas, 44 corresponden a ciudadanos y las 24 restantes a administraciones públicas, organizaciones sociales, entidades profesionales y colectivos vinculados a la vivienda.
Entre las entidades participantes figuran la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), la Federación Canaria de Municipios (FECAM), los ayuntamientos de Adeje y La Matanza de Acentejo, el Cabildo de Fuerteventura, la Sociedad Cooperativa Canaria Ciempíes, Visocan, el Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP).
También han presentado aportaciones la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS del Cabildo de Tenerife, la Red Anagos, Amnistía Internacional, UNICEF, Provivienda, Comisiones Obreras (CCOO), Volcanic Equilibrium, la Asociación Canaria El Buen Vivir y la Asociación Foro por el Progreso de Tenerife, además de distintas asociaciones y cooperativas vinculadas al cohousing. Una vez finalizado el periodo de información pública, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) trabaja en la respuesta a las aportaciones recibidas y en la elaboración del anteproyecto.
El Gobierno de Canarias aprobó las directrices para la elaboración del Plan y acordó su tramitación de urgencia. El procedimiento ha incluido una consulta pública previa y, tras la elaboración del anteproyecto, continuará con la preparación de los informes correspondientes y la intervención de los órganos consultivos competentes.
Posteriormente, el documento deberá someterse a los trámites previstos para su toma en consideración por el Gobierno de Canarias, solicitar el dictamen del Consejo Económico y Social y remitirse al Parlamento de Canarias para recabar su pronunciamiento antes de su aprobación definitiva por el Ejecutivo autonómico.









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