Clavijo pide al Estado un cambio legal para limitar la compra de vivienda en Canarias por foráneos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó este martes al Ejecutivo central que apruebe antes de que finalice la legislatura una propuesta elaborada por los servicios jurídicos autonómicos para restringir la adquisición de viviendas por parte de foráneos en las islas. La iniciativa forma parte de las demandas trasladadas al Estado dentro de la Agenda Canaria.

Clavijo aseguró durante el pleno del Parlamento de Canarias que el Gobierno de España dispone ya del texto elaborado por la comunidad autónoma y defendió que existe margen para aprobarlo en Consejo de Ministros durante los 47 días que, según indicó, restan hasta las elecciones generales. El presidente canario sostuvo además que existen argumentos jurídicos para establecer este tipo de limitaciones y aludió a medidas aplicadas en otros territorios de la Unión Europea.

El jefe del Ejecutivo autonómico vinculó la propuesta a la situación del mercado inmobiliario en las islas. Según los datos expuestos por Clavijo en la Cámara, los compradores foráneos representan el 35 % de las adquisiciones de vivienda en Canarias y acceden a los inmuebles a precios superiores a la capacidad adquisitiva de buena parte de la población residente. La nota difundida por Presidencia no concreta el contenido del cambio legislativo planteado ni las condiciones en las que se aplicaría una eventual restricción.

La modificación legal figura entre las cuestiones que el Gobierno de Canarias pretende que queden resueltas antes del final de la legislatura estatal. Entre las restantes peticiones se encuentran la continuidad de la gratuidad del transporte público en guagua, la firma de un nuevo convenio de carreteras, una aportación adicional de 105 millones de euros para políticas de vivienda, la cogestión de los aeropuertos y varios compromisos relacionados con La Palma.

Para reforzar estas reclamaciones, Clavijo pidió el respaldo de los grupos representados en el Parlamento autonómico y dirigió específicamente su petición al Grupo Socialista, al que instó a apoyar ante el Gobierno central el cumplimiento de los acuerdos pendientes con Canarias.

La limitación de las compras de vivienda por parte de foráneos fue presentada por el presidente como una medida más dentro de la política desarrollada por el Ejecutivo autonómico para mejorar el acceso a la vivienda. Clavijo afirmó que las modificaciones legislativas adoptadas dentro de las competencias de Canarias están contribuyendo a aumentar la actividad tanto en la promoción pública como en la privada.

Según los datos facilitados durante el pleno, actualmente se encuentran en construcción más de 4.000 viviendas públicas en el archipiélago y el mercado privado podría cerrar el año con más de 7.500 viviendas visadas, después de un incremento superior al 30 %. El presidente destacó también las medidas fiscales dirigidas a facilitar la compra y el alquiler, especialmente entre los jóvenes, así como los cambios introducidos en el Régimen Económico y Fiscal para permitir determinadas inversiones de la Reserva para Inversiones en Canarias en vivienda.

Pese a estas actuaciones, Clavijo reconoció que las medidas adoptadas no bastan por sí solas para resolver el problema de acceso a la vivienda y reclamó también actuaciones estatales destinadas a reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. En este contexto, afirmó que el 92 % de las viviendas destinadas al alquiler en Canarias pertenece a pequeños propietarios y no a grandes tenedores o fondos de inversión.

Además de la vivienda, el pleno abordó la situación migratoria y las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Clavijo manifestó su preocupación por el aumento de las llegadas de migrantes a Canarias durante septiembre y octubre y relacionó este incremento con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y con el cierre de la ruta mediterránea.

El presidente advirtió de las consecuencias que, a juicio del Ejecutivo autonómico, tendría para el sistema de atención a menores migrantes la eventual finalización de las medidas asociadas a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por ello, pidió a los grupos parlamentarios que respalden la continuidad del mecanismo de derivación de menores a otras comunidades autónomas.

Clavijo se refirió igualmente a las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario y reclamó mantener la defensa de los intereses de Canarias y del conjunto de las regiones ultraperiféricas. Según expuso ante la Cámara, una de las propuestas planteadas en las conversaciones contempla una reducción de los recursos del 8 %.