Los derechos no pueden vivir de prestado

Hay una forma de medir la democracia que no cabe en los discursos: mirar cómo vive la gente. Entrar en una casa donde se calcula cuánto quedará después de pagar el alquiler. Escuchar a una madre que intenta ocultar a sus hijos el miedo a tener que marcharse. Hablar con una persona joven que trabaja y, aun así, no puede empezar una vida independiente. Allí, entre recibos, incertidumbres y sueños aplazados, las palabras libertad, igualdad y justicia tienen que demostrar cuánto valen.

Las conquistas sociales llevan las huellas de quienes las hicieron posibles. Las manos de quienes trabajaron, las voces de quienes protestaron, la perseverancia de quienes se organizaron cuando reclamar un derecho podía costar el empleo, la libertad o la vida. La protección frente a la enfermedad, las pensiones, la educación pública y los derechos laborales forman parte de una herencia colectiva que cada generación recibe con la responsabilidad de cuidarla y ampliarla.

Por eso preocupa tanto que acabemos hablando de esos derechos como si fueran concesiones provisionales. Como si la seguridad de una familia pudiera depender indefinidamente de una negociación de última hora. Como si vivir con dignidad fuera un permiso que se renueva cuando las cuentas parlamentarias lo permiten.

La Constitución define al Estado español como un Estado social y democrático de Derecho. Su artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para hacerlo efectivo y combatir la especulación. Aunque está situado entre los principios rectores de la política social y económica, con las condiciones de exigibilidad que establece el artículo 53.3, expresa un mandato que debe orientar las leyes y la actuación pública.

La calle reclama que ese compromiso se cumpla. Reclama poder echar raíces, criar a los hijos, descansar después del trabajo y envejecer sin miedo a perder el hogar. Una vivienda contiene mucho más que muebles: guarda las rutinas que sostienen una vida, los vínculos con un barrio, la cercanía de la escuela, la memoria de quienes hemos querido.

Cuando una familia pierde su casa, esa pérdida alcanza también a su salud, a su trabajo y a la estabilidad de sus hijos. Quien legisla sobre vivienda debería tener presentes esas consecuencias cada vez que levanta la mano para votar.

El rechazo de los dos decretos de vivienda el pasado 2 de octubre, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts, y también de PNV y Coalición Canaria en el segundo, tiene una responsabilidad política concreta. Se rechazaron medidas que buscaban proteger frente a los desahucios y dar continuidad a los alquileres.  Se pueden discutir sus contenidos, señalar insuficiencias y proponer alternativas. Pero quienes impiden que una protección siga adelante deben responder por la solución que ofrecen a las personas que quedan expuestas.

La obligación de garantizar los derechos alcanza a todos los representantes legítimos de la ciudadanía. A quienes se sitúan en la derecha, en la extrema derecha o en las fuerzas progresistas. El mandato representativo exige atender al conjunto de la sociedad, incluidas las personas que votaron otras opciones y aquellas que no votaron.

Esa responsabilidad exige explicar también qué corresponde a cada administración. Las comunidades autónomas han asumido competencias exclusivas en materia de vivienda, sin perjuicio de las competencias estatales que inciden en ella. Los ayuntamientos tienen responsabilidades urbanísticas y de promoción de vivienda protegida: deben contribuir a facilitar suelo y a hacer posibles las actuaciones. Al Estado le corresponde establecer el marco común dentro de sus competencias y colaborar mediante financiación y políticas acordadas con las comunidades autónomas. La Ley por el Derecho a la Vivienda constituye una expresión de esa responsabilidad estatal.

Pero el reparto de competencias debe servir para identificar responsabilidades, no para hacerlas desaparecer. Una familia que necesita una casa no puede quedar atrapada entre administraciones que se señalan unas a otras. La cooperación institucional debe producir viviendas, alquileres asequibles y protección efectiva.

Por eso debemos preguntarnos quién gobierna las comunidades autónomas, qué fuerzas concentran el poder territorial y qué han hecho con sus competencias en vivienda. ¿Cuántas viviendas públicas han construido y puesto a disposición de la ciudadanía? ¿Qué presupuesto han destinado a ampliar el parque de alquiler social? ¿Qué medidas han aplicado para proteger a quienes no pueden soportar otra subida? ¿Han utilizado las herramientas disponibles o han preferido convertir su rechazo en una bandera partidista?

Las derechas que exigen soluciones al Gobierno del Estado deben responder también por sus decisiones allí donde gobiernan. Y las fuerzas progresistas tienen que someterse al mismo examen. La responsabilidad se mide por los recursos empleados, las actuaciones ejecutadas y las vidas que esas políticas consiguen mejorar.

Asumir una competencia significa asumir el deber de ejercerla. Detrás de cada promoción que se retrasa, de cada suelo público que permanece sin un destino social y de cada presupuesto que no se ejecuta hay personas que continúan esperando. El derecho a la vivienda exige que todas las administraciones cumplan su parte y que ninguna utilice a las demás como refugio para su propia inacción.

El miedo a perder una vivienda atraviesa muchas biografías y preferencias políticas. Ninguna persona debería tener que acreditar una ideología para recibir protección. Tampoco pierde su derecho a reclamar porque en unas elecciones haya apoyado a quienes después toman decisiones que la perjudican. Los derechos pertenecen a las personas; su garantía debe ser universal.

Precisamente por eso, la ciudadanía tiene razones para examinar con atención a quienes aspiran a representarla. Conviene escuchar sus propuestas y observar sus votos, sus prioridades y sus decisiones cuando deben elegir entre proteger una vida cotidiana o dejarla sometida a la fuerza del mercado. La representación se juzga también por lo que hace cuando termina la campaña.

Creo que las izquierdas deben presentar una voz común ante esta urgencia. Una voz capaz de reconocer su diversidad y, al mismo tiempo, acordar compromisos que nadie pueda confundir: proteger a las personas vulnerables, ampliar la vivienda pública, afrontar los alquileres abusivos y asegurar que trabajar permita vivir con dignidad.

Esa unidad necesita generosidad, pero también responsabilidad. Las personas que esperan una respuesta tienen derecho a exigir acuerdos, plazos y resultados. Las diferencias entre organizaciones no pueden consumir toda la energía que debería emplearse en resolver sus problemas. Cada desencuentro prolongado tiene un coste para quienes siguen esperando.

También las fuerzas progresistas deben asumir sus propias insuficiencias. Llegar siempre al límite, buscando una protección de emergencia, revela la necesidad de construir garantías más estables. Las familias necesitan seguridad para organizar su futuro. Esa seguridad requiere leyes, recursos, planificación y mayorías capaces de sostenerlos.

La movilización ciudadana cumple aquí una función imprescindible. Las asociaciones vecinales, los sindicatos y los colectivos de inquilinas e inquilinos dan nombre y voz a problemas que demasiadas veces se viven en silencio. Organizarse permite descubrir que una angustia aparentemente privada tiene causas compartidas y exige respuestas públicas.

Y esa fuerza debe llegar también a las instituciones. Votar supone decidir a quién confiamos la capacidad de actuar en nuestro nombre. Supone dar respaldo suficiente a quienes se comprometen a proteger los derechos y exigirles después que cumplan. La participación continúa entre unas elecciones y otras: preguntando, proponiendo, vigilando y reclamando explicaciones.

Desde Canarias, esta exigencia tiene una profundidad especial. Queremos poder vivir en nuestra tierra, mantener los vínculos con nuestros barrios y ofrecer a nuestros hijos e hijas un futuro que no les obligue a marcharse por no encontrar un hogar. Defender esa posibilidad forma parte de una idea de país que pone la vida de su gente en el centro.

Las conquistas ganadas a pulso por la ciudadanía merecen algo más que homenajes. Merecen presupuestos, leyes y decisiones que las hagan perdurar. El Estado social se sostiene cada vez que una institución evita que una persona quede abandonada ante una necesidad que no puede resolver sola.

La calle está recordando una obligación. Ahora corresponde a quienes representan a la ciudadanía escucharla y actuar, desde cada ayuntamiento, cada gobierno autonómico y las instituciones del Estado. Y corresponde a las izquierdas construir la fuerza común necesaria para que esa obligación se convierta en hechos.

Porque dentro de cada casa amenazada hay una vida que merece continuar. Y una democracia digna de ese nombre debe ser capaz de protegerla.

Diego Fernando Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.