La investigación judicial sobre las actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua a núcleos fuera de ordenación de Telde seguirá adelante. El Tribunal de Instancia de Telde ha acordado ampliar durante seis meses el plazo de instrucción de las diligencias previas abiertas en esta causa, iniciada a partir de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, al considerar que todavía quedan actuaciones relevantes por practicar y una importante cantidad de documentación municipal por examinar.
La resolución fue dictada por la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, de Telde, dentro de las diligencias previas 2614/2024. La causa había sido incoada mediante auto de 10 de julio de 2025, por lo que estaba próximo a agotarse el plazo ordinario de doce meses previsto para desarrollar la investigación.
El magistrado considera que, en el estado actual de las actuaciones, no resulta posible dar por concluida la instrucción y señala expresamente las diligencias que permanecen pendientes y el volumen de información que todavía debe ser estudiado.
Una declaración todavía pendiente
Entre las actuaciones que justifican la ampliación figura la declaración como testigo de Santiago Quintana González, acordada mediante una providencia de fecha 17 de junio de 2026 y que, cuando se dictó el auto de prórroga, todavía no se había practicado.
El Juzgado considera relevante tanto el resultado de ese testimonio como el análisis del conjunto de documentación incorporada a las diligencias durante la investigación.
Uno de los aspectos que adquiere especial importancia en la resolución es precisamente el volumen de información remitido por el Ayuntamiento de Telde después de que el órgano judicial requiriera documentación al Consistorio.
El propio auto, a la que ha tenido acceso TELDEACTUALIDAD, habla de una “ingente cantidad de documentación” municipal que debe ser examinada antes de poder determinar el alcance de los hechos investigados.
Podrían acordarse nuevas diligencias
La ampliación no responde únicamente a que exista una declaración pendiente. El magistrado señala que del testimonio todavía por recibir y del estudio de los documentos aportados podrían surgir elementos que hicieran necesario ordenar nuevas diligencias de investigación.
El auto recoge en este punto la consideración del Ministerio Fiscal, según la cual el examen de esa documentación podría hacer necesarias otras actuaciones dirigidas a determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos denunciados.
Estas eventuales diligencias ya no podrían acordarse dentro del plazo inicial de doce meses, circunstancia que constituye uno de los argumentos empleados para justificar la prolongación de la instrucción.
Seis meses más de investigación
Ante esta situación, el Tribunal acuerda formalmente prorrogar durante seis meses el plazo de instrucción, periodo que comenzará a computarse desde el vencimiento del plazo que se encontraba en curso.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece con carácter general un máximo de doce meses para la investigación judicial desde la incoación de una causa. Sin embargo, permite que, antes de su vencimiento y después de escuchar a las partes, el juez pueda acordar prórrogas sucesivas de hasta seis meses cuando constate que no será posible finalizar las pesquisas dentro del periodo inicialmente previsto.
En este caso, antes de adoptar la decisión, una providencia del 17 de junio dio traslado a las partes para que pudieran efectuar alegaciones acerca de la posible ampliación del plazo.
Finalmente, la resolución judicial establece expresamente que las actuaciones continuarán durante otros seis meses y ordena comunicar la decisión al Ministerio Fiscal y al resto de las partes personadas.
Varios denunciados en las diligencias
En las diligencias figuran como denunciados cuatro personas: dos empleados de la empresa mixta Aguas de Telde, una funcionaria municipal y el exalcalde y exconcejal de Aguas, Héctor Suárez, actual edil de oposición como no adscritos tras ser expulsados de CC, al que el Seprona atribuye la presunta comisión de cuatro delitos: contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a las autoridades o los funcionarios públicos y prevaricación urbanística.
La documentación judicial identifica como denunciante a la Asociación Amigos del Medio Ambiente y recoge también la personación de Francisco Dávila Suárez como perjudicado.
La condición de denunciado dentro de unas diligencias previas no implica una declaración de culpabilidad ni permite anticipar el resultado del procedimiento. La causa permanece precisamente en fase de investigación y la ampliación acordada tiene como finalidad permitir que el órgano instructor complete las actuaciones que considera necesarias.
La causa continúa abierta
La decisión judicial supone, por tanto, que la investigación sobre los hechos denunciados en relación con el abastecimiento de agua a núcleos fuera de ordenación no entra todavía en su fase de conclusión.
El Tribunal deberá recibir la declaración pendiente, estudiar la documentación remitida por el Ayuntamiento y valorar si de ambos elementos se deriva la conveniencia de practicar nuevas actuaciones.
Solo una vez completadas las diligencias que el instructor considere necesarias podrá adoptarse la resolución que corresponda sobre la continuidad del procedimiento.
El auto contempla además la posibilidad de interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y/o recurso de apelación en cinco días. La resolución aparece firmada electrónicamente por el magistrado-juez Carlos Lobón Lacueva.
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