La controversia que desde hace años rodea al Hotel RIU Palace Tres Islas entra en una nueva fase. La falta de resolución en plazo de una solicitud formulada por los colectivos ecologistas ha provocado la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, una circunstancia que Turcón y Ben Magec quieren que vaya más allá de un simple paréntesis procedimental y sirva para revisar de manera integral la situación concesional de un establecimiento levantado sobre dominio público marítimo-terrestre y dentro de uno de los espacios naturales más valiosos de Fuerteventura.
La Demarcación de Costas de Canarias ha comunicado oficialmente a Turcón-Ecologistas en Acción que la ejecución del acto recurrido se entiende suspendida después de haber transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de suspensión sin que el órgano competente hubiera dictado y notificado una resolución expresa.
El escrito administrativo está fechado el 21 de septiembre de 2026 y fundamenta esta situación en lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015.
Para Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción, el pronunciamiento introduce un elemento de especial relevancia en el procedimiento relacionado con el Hotel RIU Palace Tres Islas, situado en el ámbito de las Dunas de Corralejo.
Los colectivos consideran que esta circunstancia debería aprovecharse para analizar con detenimiento no solo las obras planteadas por el establecimiento, sino el conjunto de su situación concesional y su compatibilidad con las obligaciones derivadas de la protección del dominio público marítimo-terrestre y del espacio natural.
Costas permite parte de la reforma
El procedimiento tiene entre sus antecedentes más recientes la decisión de Costas conocida a comienzos de septiembre sobre el proyecto de modernización y reforma del hotel.
La Administración autorizó una parte de las actuaciones planteadas, pero rechazó la construcción de seis nuevas habitaciones en la sexta planta.
Según la resolución, esas nuevas estancias implicarían una modificación de los usos contemplados en la concesión. Costas entiende que ese cambio estaría expresamente prohibido por el artículo 32.2 de la Ley de Costas.
La decisión sí abre la puerta a diferentes trabajos de modernización relacionados con la accesibilidad, climatización, instalaciones contra incendios, ahorro de agua y gestión de residuos, además de la sustitución de ascensores y la renovación de instalaciones eléctricas.
También contempla reformas de espacios interiores, intervenciones en las piscinas y otras actuaciones encaminadas a actualizar las instalaciones del complejo.
Los ecologistas piden diferenciar las obras
Turcón y Ben Magec sostienen, sin embargo, que resulta fundamental distinguir entre las actuaciones de conservación, reparación o mejora que puedan resultar compatibles con las condiciones de la concesión y aquellas otras que puedan representar una transformación o ampliación de los usos autorizados.
Para los colectivos, el debate no debería centrarse exclusivamente en determinar qué intervenciones resultan técnicamente realizables en el establecimiento.
Entienden que cualquier proyecto debe examinarse teniendo en cuenta simultáneamente el régimen concesional, la legislación de costas y las figuras de protección ambiental que afectan al territorio donde se encuentra el hotel.
Una concesión vigente hasta 2037
El Hotel RIU Palace Tres Islas se encuentra sobre terrenos afectados por el dominio público marítimo-terrestre, dentro del ámbito de las Dunas de Corralejo.
La concesión otorgada en 2007 tiene vigencia hasta 2037 y, según la documentación manejada por los colectivos, no permite ejecutar obras que representen un aumento del volumen construido. Las intervenciones quedan circunscritas a trabajos de reparación y mejora que requieren autorización previa.
A esta circunstancia se añade la especial sensibilidad ambiental del lugar.
El complejo se encuentra dentro de un territorio que forma parte de la Zona de Especial Conservación de Corralejo, integrada en la Red Natura 2000, donde existen hábitats considerados de interés comunitario, incluido uno de carácter prioritario.
Turcón y Ben Magec habían presentado precisamente alegaciones durante la tramitación ambiental del proyecto de modernización y reforma al considerar necesario examinar su compatibilidad con la protección del dominio público y los valores naturales del enclave.
La sexta planta y los antecedentes del expediente
La situación de la sexta planta constituye uno de los principales antecedentes de la controversia administrativa.
La propia resolución de Costas incluye la construcción de habitaciones en ese nivel entre los hechos que dieron lugar a procedimientos relacionados con una posible caducidad de la concesión.
Según los antecedentes expuestos por los ecologistas, en 2007 se autorizaron obras de mantenimiento que no podían implicar un incremento del volumen construido.
Posteriormente se habría detectado un exceso próximo a los 3.000 metros cuadrados, circunstancia que derivó en la apertura de un expediente sancionador y en la exigencia de restituir las instalaciones a las condiciones autorizadas.
Un expediente que llegó hasta 2023
El procedimiento de caducidad de la concesión llegó a culminarse en 2023, aunque posteriormente caducó sin llegar a ejecutarse, una circunstancia que Ecologistas en Acción denunció públicamente.
Los antecedentes administrativos recogen igualmente que, después de un dictamen del Consejo de Estado, se optó por exigir la restitución de las obras al proyecto original en lugar de declarar la extinción de la concesión.
Dentro de ese proceso, en 2025 comenzaron las actuaciones destinadas a efectuar la restitución exigida.
Ya en febrero de 2026, Costas constató el cumplimiento de las intervenciones requeridas, según la información disponible sobre el expediente.
Una revisión más amplia de la concesión
La nueva suspensión comunicada ahora por la Demarcación de Costas lleva a Turcón y Ben Magec a insistir en la necesidad de que la Administración aborde el procedimiento desde una perspectiva más amplia.
Los ecologistas consideran que debe garantizarse el cumplimiento de todas las garantías legales y colocar como criterio central la protección efectiva del dominio público marítimo-terrestre y de las Dunas de Corralejo.
Su planteamiento pasa por no limitar el análisis a las obras concretas que pretende ejecutar el establecimiento, sino estudiar conjuntamente las actuaciones previstas, los antecedentes administrativos y las condiciones que regulan la concesión.
En las alegaciones formuladas anteriormente, ambas organizaciones ya habían reclamado a las administraciones que actuaran conforme a la legislación vigente y en defensa del interés general.
Entre sus peticiones se encuentra también la culminación de los procedimientos relacionados con las concesiones de los establecimientos hoteleros ubicados en este ámbito protegido.
Las Dunas, por encima del debate hotelero
Turcón y Ben Magec defienden que el punto de partida de cualquier decisión administrativa debe ser la singularidad ambiental del territorio afectado.
A juicio de los colectivos, las Dunas de Corralejo no pueden contemplarse únicamente como el espacio físico donde se encuentra un complejo turístico, sino como un entorno natural sometido a diferentes figuras de protección que obligan a extremar las cautelas ante cualquier intervención.
Por ello, reclaman que esta nueva situación administrativa permita examinar el expediente con el máximo rigor y determinar qué actuaciones resultan compatibles tanto con el régimen jurídico de la concesión como con la conservación del litoral.
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