l Pleno del Ayuntamiento de Telde aprobó este viernes por unanimidad una moción de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) para reclamar al Gobierno de Canarias, al Instituto Canario de la Vivienda y a VISOCAN que impulsen y culminen los procedimientos pendientes que permitan acceder a la propiedad de viviendas protegidas a aquellas familias que cumplan los requisitos establecidos legalmente.
La iniciativa, defendida por el portavoz municipal de NC-BC, José Luis Macías, no figuraba inicialmente entre las mociones ordinarias del orden del día y fue incorporada al apartado de Asuntos de Urgencia. Primero recibió el respaldo necesario para reconocer la urgencia y, posteriormente, los diez acuerdos planteados fueron respaldados por unanimidad de la Corporación.
El pronunciamiento municipal pone especialmente el foco sobre la situación de numerosas familias de Telde que llevan décadas residiendo en viviendas públicas y sobre 337 viviendas que fueron incluidas en 2023 en una oferta de venta de VISOCAN: 80 y 72 viviendas de Caserones, 135 de Ojos de Garza y 50 de Casas Nuevas. La existencia de esa oferta y la cifra total de 337 viviendas ya habían sido hechas públicas antes del Pleno.
Una modificación normativa detrás de la urgencia
Macías justificó la incorporación de la iniciativa por urgencia en tres argumentos: la reciente modificación normativa, la existencia de procedimientos en marcha y la necesidad de ofrecer una respuesta a las familias que esperan conocer si pueden acceder a la propiedad de las viviendas que ocupan.
El portavoz hizo referencia al Decreto 23/2026, de 9 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 18 de marzo. La norma modifica, mediante su disposición final tercera, distintos preceptos del Decreto 1/2023, de 19 de enero, que establece medidas de acceso a la propiedad de viviendas protegidas.
“Hay procedimientos en marcha y familias esperando respuestas”, argumentó Macías ante el Pleno, defendiendo que no resultaba razonable prolongar una situación que afecta a la vivienda y al proyecto de vida de los adjudicatarios.
Una vez aceptada la urgencia, el concejal explicó que la moción era también resultado de meses de trabajo de NC junto a familias afectadas, estudiando documentación y tratando de aclarar el futuro de sus viviendas.
“No pedimos crear un derecho nuevo”
Macías quiso delimitar el alcance de la iniciativa para evitar que el acuerdo plenario pueda interpretarse como un reconocimiento generalizado del derecho a comprar cualquier vivienda pública.
“No pedimos crear un derecho nuevo ni establecer excepciones. Pedimos que se aplique efectivamente una norma que ya existe”, manifestó.
El portavoz insistió en que no todas las viviendas públicas tienen necesariamente derecho a acceder a la propiedad, razón por la que el acuerdo reclama precisamente a las administraciones autonómicas que determinen cuáles están comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto 1/2023 y cuáles quedan fuera, explicando en este último supuesto su régimen jurídico y los motivos de la exclusión.
La normativa de 2023 sobre acceso a la propiedad continúa vigente y fue modificada este año por el Decreto 23/2026.
337 viviendas bajo la lupa
Uno de los acuerdos más concretos afecta a las 337 viviendas de Telde incluidas en la oferta publicada en 2023.
El Pleno insta específicamente a VISOCAN a informar al Ayuntamiento sobre la situación actual de los procedimientos correspondientes a las promociones de 80 viviendas de Caserones, otras 72 de Caserones, 135 de Ojos de Garza y 50 de Casas Nuevas.
La Corporación quiere conocer, respetando la legislación sobre protección de datos, cuántas solicitudes se han presentado, cuántos expedientes se han resuelto, qué liquidaciones se han efectuado, cuántas adquisiciones se han formalizado y cuántos expedientes continúan pendientes.
NC ya había señalado antes del Pleno que esas cuatro promociones suman las 337 viviendas incluidas en la oferta de VISOCAN de 2023.
De Jinámar a Callejón del Castillo
El acuerdo aprobado va más allá de esas cuatro promociones y pretende obtener una radiografía completa del parque público o protegido de titularidad o gestión autonómica existente en Telde.
El Ayuntamiento solicitará al Gobierno canario, al Instituto Canario de la Vivienda y a VISOCAN un inventario actualizado que identifique, al menos, la ubicación de las promociones, número de viviendas, titularidad, régimen jurídico, fecha de calificación, plan de vivienda al que están acogidas y régimen actual de adjudicación.
El Pleno reclama además que se determine expresamente la situación respecto al Decreto 1/2023 de las promociones existentes en Jinámar, Las Remudas, Lomo de La Herradura, Las Huesas, Caserones y Caserones Altos, Casas Nuevas, Ojos de Garza, El Caracol y Caracol Alto, El Calero, Medianías y Callejón del Castillo, además de cualquier otra promoción del municipio que por su antigüedad, titularidad y régimen jurídico pudiera quedar total o parcialmente comprendida en la normativa.
Para las que no puedan acogerse a ese procedimiento, se solicita que la Administración autonómica especifique por qué quedan excluidas y cuál es su régimen jurídico.
Resolver expedientes y dar información a cada familia
El primero de los diez acuerdos insta al Gobierno de Canarias y al Instituto Canario de la Vivienda a impulsar y culminar los procedimientos de acceso a la propiedad iniciados al amparo del Decreto 1/2023, incluyendo la resolución de expedientes pendientes, las liquidaciones y la información económica necesaria para que quienes reúnan las condiciones puedan formalizar la adquisición mediante escritura pública cuando legalmente proceda.
También se solicita al Instituto Canario de la Vivienda que haga pública información actualizada sobre las promociones comprendidas en la normativa: cuáles han sido ofertadas, cuáles siguen tramitándose, cuáles han culminado el procedimiento y cuáles permanecen pendientes.
La petición se extiende a VISOCAN, a la que se insta a continuar los procedimientos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del decreto.
Un calendario público
Otro aspecto destacado del acuerdo es la reclamación de plazos. Telde insta al Gobierno de Canarias y al Instituto Canario de la Vivienda a establecer una planificación temporal pública para culminar la aplicación del Decreto 1/2023 y resolver los expedientes pendientes, con criterios de seguridad jurídica, transparencia e igualdad de trato entre familias que se encuentren en situaciones jurídicas equivalentes.
La Corporación reclama asimismo que las personas que soliciten acceder a la propiedad reciban una respuesta expresa y motivada, acompañada de información suficiente sobre su situación administrativa, las cantidades pendientes, las posibles bonificaciones y los trámites necesarios para completar el procedimiento.
Compatibilizar la venta con el parque público
La moción introduce, además, una precisión sobre el futuro del parque público de viviendas. NC-BC defendió durante su exposición que resolver los derechos que puedan corresponder a determinados adjudicatarios no debe significar una reducción indiscriminada del parque público.
Por ello, el noveno acuerdo aprobado por el Pleno establece que la aplicación efectiva del Decreto 1/2023 a las personas y viviendas incluidas en su ámbito debe ser compatible con el mantenimiento, protección y ampliación del parque público de vivienda de Canarias, destinado a atender las necesidades habitacionales presentes y futuras.
“Pedimos seguridad jurídica, transparencia, igualdad de trato y plazos razonables”, resumió Macías antes de solicitar el respaldo de la Corporación.
Acuerdo de toda la Corporación
La propuesta terminó convirtiéndose en un acuerdo unánime del Ayuntamiento de Telde, tanto después de prosperar su incorporación por urgencia como en la votación de su contenido.
El último punto establece que el acuerdo sea remitido al Gobierno de Canarias, Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Instituto Canario de la Vivienda, VISOCAN, grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias y Plataforma Ciudadana “Viviendas Sociales en Lucha”.
El resultado del Pleno no supone que las 337 viviendas citadas, ni todas las promociones enumeradas en la moción, puedan automáticamente acceder a la propiedad. Lo acordado es reclamar a las administraciones competentes que determinen cada situación jurídica, culminen los procedimientos que legalmente procedan y den una respuesta expresa a las familias afectadas.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.55