Puertos Canarios y La Gomera acuerdan promover el Puerto de Vueltas para actividades tecnológicas

Puertos Canarios y el Cabildo de La Gomera han establecido un marco de colaboración interadministrativa para promover el uso de las instalaciones del Puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey, y facilitar la posible implantación de empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, especialmente en los sectores aeroespacial y marítimo.

El protocolo se integra en la Estrategia Gomera 36 (2023-2036), promovida por el Cabildo con el objetivo de diversificar la economía de la isla mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y la atracción de empresas. Las iniciativas deberán ajustarse además a las condiciones derivadas de la condición de La Gomera como Reserva de la Biosfera.

El documento plantea el posible desarrollo de actividades relacionadas con el sector aeroespacial, entre ellas drones, generadores AWES de energía y lanzamiento de globos-satélites. También contempla la utilización del Puerto de Vueltas para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, siempre que resulten compatibles con sus funciones y usos portuarios.

Para desarrollar estas iniciativas, el Cabildo de La Gomera se compromete a promover y gestionar la llegada de empresas interesadas en nuevas tecnologías y a coordinar con Puertos Canarios aquellas propuestas que pretendan instalarse en el Puerto de Vueltas. El acuerdo establece que estos proyectos deberán desarrollarse sin interferir en las actividades ordinarias de la instalación.

Puertos Canarios colaborará a su vez en los objetivos de la Estrategia Gomera 36 relacionados con la investigación y el desarrollo tecnológico que puedan tener cabida en el puerto. Cada propuesta quedará sometida a la normativa sectorial correspondiente y necesitará, cuando proceda, la autorización del ente portuario. Esa autorización se concederá una vez comprobada la compatibilidad de cada solicitud con la actividad portuaria, la normativa aplicable y los estándares de seguridad. Puertos Canarios determinará además qué espacios pueden destinarse a los usos planteados y las condiciones necesarias para su implantación.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años desde su firma y podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso de las dos instituciones. También prevé una comisión de seguimiento que se reunirá cada seis meses y estará integrada, como mínimo, por un representante de cada una de las partes.