Lolo Rodríguez: «Por la Red de Solidaridad Popular han pasado unas 4.600 familias»

La solidaridad que recibió durante su infancia en un Jinámar sin agua corriente, electricidad, saneamiento ni calles accesibles marcó el camino de Manuel Rodríguez Hernández, Lolo. Décadas después, aquel niño que empezó a trabajar con apenas 13 años continúa situando la organización vecinal y la defensa de los derechos sociales en el centro de su actividad.

El coordinador general de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar, portavoz del colectivo CoPAJI y nuevo secretario de la Asociación Vecinal La Concepción fue entrevistado por la periodista Sonia Vega en el programa La Alameda, de TELDEACTUALIDAD RADIO PÓDCAST.

Durante la conversación, Rodríguez abordó su reciente viaje a Guatemala, la labor desarrollada durante doce años por la Red de Solidaridad Popular, la necesidad de proteger el patrimonio cultural de Jinámar y el desafío de devolver participación y relevo generacional a una asociación vecinal histórica.

Atención semanal a 108 familias

La Red de Solidaridad Popular de Jinámar atiende actualmente a 108 familias cada semana, aunque llegó a prestar ayuda a cerca de 460 hogares antes de la pandemia de la covid-19.

Según explicó su coordinador general, alrededor de 4.600 familias han pasado por el colectivo durante sus doce años de funcionamiento. Aunque más de la mitad procede de Jinámar, la entidad recibe también a personas de otros puntos de Telde y de municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía, Ingenio, Moya o San Bartolomé de Tirajana.

Entre los casos mencionados durante la entrevista se encuentra el de una familia que se desplaza desde Fontanales y debe utilizar tres líneas de guagua para llegar hasta las instalaciones de la Red.

“Actualmente atendemos a familias de Carrizal, Vecindario, el casco de Telde y Las Palmas de Gran Canaria, aunque ciertamente más de la mitad son originarias de Jinámar”, señaló Rodríguez.

Tres condiciones para recibir ayuda

Lolo Rodríguez explicó que las familias deben cumplir tres requisitos para incorporarse a la Red. El primero es encontrarse en una situación económica que les impida cubrir sus necesidades hasta final de mes.

Entre las personas atendidas hay beneficiarios de prestaciones no contributivas, familias sin ingresos suficientes y trabajadores con empleos inestables cuyos salarios no les permiten afrontar todos los gastos.

La segunda condición responde a una de las máximas del colectivo: «Si tú recibes, tú das». La Red basa su funcionamiento en la ayuda mutua y pide a sus integrantes que colaboren en alguna de las brigadas que hacen posible la actividad semanal.

Los participantes ayudan en la recogida de donaciones, la descarga de los vehículos que transportan frutas y verduras, la clasificación de los productos, el reparto de alimentos y la limpieza del local.

También pueden colaborar con el ropero solidario, donde se seleccionan, ordenan, lavan y distribuyen las prendas entregadas por particulares y entidades.

Rodríguez remarcó que ninguna persona cobra por estas tareas y que la asociación no ha recurrido durante estos doce años a subvenciones públicas. “No hemos manejado ni un solo céntimo; la ayuda se basa en la colaboración y el apoyo mutuo”, afirmó.

El tercer requisito consiste en asistir a las asambleas y respaldar los acuerdos adoptados colectivamente. Esta condición se resume en otra expresión que forma parte de la filosofía de la organización: «Hoy por ti, mañana por mí».

Un colectivo que también reivindica derechos

El reparto de alimentos y ropa constituye solo una parte del trabajo de la Red. Su objetivo principal, sostuvo Rodríguez, es defender los derechos de las personas que encuentran obstáculos para acceder a una vivienda, al transporte, a las prestaciones públicas o a otros servicios esenciales.

Cuando la asamblea acuerda respaldar la causa de alguna de las familias, los miembros deben estar dispuestos a participar en las iniciativas y movilizaciones promovidas por el colectivo.

Lolo Rodríguez aseguró que esta organización vecinal ha contribuido a detener 48 procedimientos de desahucio durante sus doce años de existencia.

También recordó las protestas emprendidas para reclamar soluciones de movilidad para la población con menos recursos. Aquellas acciones consiguieron, antes de la implantación de la gratuidad del transporte público, alrededor de 450 bonos de guagua.

Estos títulos permitieron que estudiantes pudieran desplazarse a centros educativos y universidades, que los pacientes asistieran a sus consultas médicas y que las personas sin recursos acudieran a recoger ayudas y productos higiénicos.

La solidaridad que nació en el antiguo Jinámar

El compromiso social de Rodríguez tiene sus raíces en su propia infancia. Durante las décadas de 1960 y 1970, Jinámar era todavía un núcleo fundamentalmente rural donde numerosas familias dependían del trabajo agrícola y de las grandes fincas.

“Si mi familia no pasó hambre fue por la solidaridad vecinal”, recordó durante la entrevista.

El activista describió un pueblo sin las infraestructuras más elementales. Los residentes debían hacer cola en dos pilares para recoger agua, buena parte de los caminos no permitía el acceso de vehículos y las viviendas carecían de electricidad y saneamiento.

En las zonas de risco, donde no era posible construir fosas sépticas, las familias se veían obligadas a retirar manualmente los residuos o recurrir a sistemas de extracción rudimentarios.

Rodríguez comenzó a trabajar con apenas 13 años para ayudar económicamente en su casa. Participó en la construcción y pintura de la antigua Universidad Laboral y recordó haber trabajado suspendido sobre el barranco del Guiniguada cuando apenas había cumplido los 14.

En aquel entorno entró en contacto con sindicalistas de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista que actuaban en la clandestinidad. A partir de un club juvenil, comenzó a participar en la organización vecinal y en las reivindicaciones destinadas a conseguir agua, luz, calles transitables y servicios básicos para Jinámar.

Según relató, aquel movimiento permitió transformar una antigua asociación de cabezas de familia en una organización vecinal que abrió la participación a jóvenes y mujeres.

“Fue la necesidad la que me impulsó, junto a la conciencia de que había que organizarse para defender la dignidad de la gente”, resumió.

Cooperación con las comunidades mayas de Guatemala

Lolo Rodríguez regresó recientemente de Guatemala, donde continúa la labor iniciada por la Asociación Siembra Canaria en 1998, después de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado vivido por el país centroamericano.

El activista recordó que las comunidades campesinas y mayas de la zona norte de Guatemala solicitaron entonces a las organizaciones internacionales que mantuvieran su acompañamiento tras décadas de violencia, pobreza y vulneración de derechos humanos.

La labor de Siembra Canaria se ha centrado desde entonces en respaldar a esas comunidades, conocer directamente sus necesidades y colaborar con una población que continúa afrontando importantes dificultades sociales.

Rodríguez evocó la situación encontrada durante su primer viaje, marcada por elevados índices de desnutrición infantil y unas condiciones de vida extremadamente precarias para la población rural e indígena.

También recordó el asesinato en 1998 del obispo guatemalteco Juan José Gerardi, ocurrido después de la publicación de un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.

Para el activista teldense, el acompañamiento internacional sigue siendo necesario porque numerosos problemas estructurales persisten y afectan especialmente a la infancia, al campesinado y a los pueblos originarios.

El patrimonio como seña de identidad

Otro de los asuntos centrales de la entrevista fue la situación del patrimonio cultural de Jinámar. Como portavoz de CoPAJI, Rodríguez ha trasladado esta preocupación a diferentes administraciones e incluso a la Diputación del Común.

A su juicio, el patrimonio de Telde y Gran Canaria se encuentra sometido a una “situación de absoluta dejación” por parte de las instituciones.

Rodríguez defendió una visión del patrimonio que no se limite a los edificios religiosos, las grandes propiedades o las figuras destacadas de cada época. Reivindicó el papel de los trabajadores y de las familias humildes que construyeron buena parte de los elementos que hoy explican la historia del Valle de Jinámar.

Mencionó, entre otros bienes, los pozos, la noria, la Casa de la Condesa, los molinos y la molina, además de las antiguas tierras agrícolas transformadas mediante el trabajo de los jornaleros de Jinámar, La Majadilla y Marzagán.

“Esas construcciones son señas de identidad de un pueblo, y un pueblo sin identidad no produce arraigo entre su población”, afirmó.

Más de dos décadas esperando los catálogos

El portavoz de CoPAJI reclamó al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Telde la elaboración y publicación de los catálogos de protección establecidos por la legislación canaria.

Rodríguez recordó que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias de 2019 atribuye al Cabildo la responsabilidad de elaborar el catálogo insular e integrarlo en la planificación territorial para evitar que las infraestructuras o los desarrollos urbanísticos afecten a elementos de valor histórico.

Los ayuntamientos, añadió, deben identificar y proteger aquellos bienes de relevancia municipal que no alcancen la consideración insular.

El activista subrayó que la anterior Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, aprobada en 1999, ya recogía obligaciones similares. Por esta razón, considera que existe un retraso acumulado de más de 26 años en la catalogación y defensa de numerosos elementos.

Rodríguez advirtió de que esta demora está permitiendo la degradación y desaparición de bienes fundamentales para comprender la historia de los barrios.

La protección resulta especialmente necesaria en Jinámar, señaló, porque buena parte de la población residente en el Valle procede de otros barrios y municipios. Dar a conocer la historia del lugar contribuye, en su opinión, a generar identificación, arraigo y cohesión social.

Críticas a las administraciones

Durante la entrevista, Lolo Rodríguez dirigió duras críticas al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Telde por lo que considera un incumplimiento de sus responsabilidades.

También reprochó la falta de información sobre la actividad de la Comisión Municipal de Patrimonio de Telde y aseguró que CoPAJI no ha recibido comunicaciones pese al compromiso de mantener informado al colectivo e incorporarlo a este órgano.

“No sabemos si se ha reunido, si ha realizado alguna propuesta o cuál ha sido su actividad, porque no existe información pública”, lamentó.

Rodríguez reclamó que las administraciones abandonen las declaraciones de intenciones y desarrollen los instrumentos legales necesarios para evitar nuevas pérdidas patrimoniales.

Una directiva para salvar La Concepción

La última parte de la entrevista estuvo dedicada a la nueva etapa de la Asociación Vecinal La Concepción de Jinámar, en cuya directiva Lolo Rodríguez ha asumido la Secretaría.

El activista recordó el papel histórico desempeñado por esta entidad en la mejora de las infraestructuras del antiguo núcleo de Jinámar, en la consecución de avances sociales y en la creación de servicios como el colegio José Tejera.

La asociación también ha desarrollado durante décadas numerosas actividades culturales, recreativas y festivas. Sin embargo, su etapa más reciente ha estado marcada por una escasa participación de socios y vecinos.

Rodríguez reconoció el esfuerzo de un reducido grupo de personas, alrededor de media decena, que mantuvo viva la programación pese a la falta de colaboración.

El mandato de la anterior junta directiva, presidida por Tomás Santana Borrego, concluyó el pasado mes de abril. Mientras Lolo Rodríguez se encontraba en Guatemala, se convocaron dos asambleas para elegir nuevos responsables, pero no se presentó ninguna candidatura.

Ante el riesgo de paralización, varios vecinos pidieron al activista que se implicara en la formación de una nueva junta.

“Fue prácticamente una situación de urgencia para salvar la actividad y el patrimonio de la asociación”, explicó.

Un edificio que pertenece al pueblo

Una de las principales preocupaciones de la nueva directiva es proteger la sede vecinal, un inmueble de más de 400 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.

Rodríguez recordó que el edificio fue levantado gracias al esfuerzo de los vecinos, que organizaron actividades y verbenas para reunir fondos, además de contar con una parte de financiación pública procedente principalmente del Cabildo.

“Ese edificio es patrimonio del pueblo de Jinámar y se puede perder si no existe una asociación activa y capaz de gestionarlo”, alertó.

La junta directiva ha comenzado a regularizar la documentación administrativa de la entidad. Entre las dificultades pendientes se encuentra el bloqueo de las cuentas debido al vencimiento del mandato anterior.

Los nuevos responsables ya han comunicado la composición de la directiva al Gobierno de Canarias y esperan recibir las certificaciones necesarias para actualizar la documentación, recuperar la operatividad y retomar las gestiones con entidades públicas y privadas.

El relevo generacional como prioridad

La nueva junta elaborará durante septiembre un plan de trabajo que tendrá como objetivo prioritario incorporar a la juventud y preparar el relevo generacional.

Rodríguez adelantó que cada reunión dedicará un espacio específico a analizar los problemas de los jóvenes y a diseñar propuestas capaces de atraerlos hacia la participación vecinal.

La asociación pretende recuperar su dinamismo sin abandonar la defensa del patrimonio, la reivindicación de mejores servicios públicos y la atención a los problemas sociales de Jinámar.

Lolo Rodríguez considera que el barrio continúa sufriendo un importante abandono institucional, especialmente en la parte correspondiente al municipio de Telde.

“Por mi parte no va a cesar el interés por mantener al pueblo y sus problemas en el centro, defender los derechos de la ciudadanía y exigir a las instituciones que cumplan con sus obligaciones”, concluyó.