Representantes del sindicato Asamblea 7 Islas y de la Plataforma de Técnicos en Cuidados de Enfermería acompañaron este miércoles en el Congreso de los Diputados a la diputada por Coalición Canaria Cristina Valido, que interpeló a la ministra de Sanidad, Mónica García, para exigirle una reclasificación profesional real, con efectos en las nóminas y en la carrera profesional.
Canarias expone la situación cientos de miles de profesionales sanitarios y de gestión que reclaman que su clasificación profesional deje de estar desconectada de la formación, las funciones y la responsabilidad que desempeñan cada día.
La diputada nacionalista pidió a la ministra de Sanidad que la reforma suponga un reconocimiento efectivo para los técnicos en cuidados de enfermería, auxiliares administrativos, celadores y el resto del personal de gestión y servicios.
“No puede haber una sanidad del siglo XXI con una clasificación profesional del siglo pasado”, indican desde el sindicato. Asamblea 7 Islas considera que la evolución de la formación, la tecnología sanitaria y las responsabilidades asumidas por estos profesionales hace imprescindible actualizar su reconocimiento jurídico y laboral.
En este sentido, Asamblea 7 Islas y la Plataforma de Técnicos en Cuidados de Enfermería advierten de que el problema afecta a más de 380.000 trabajadores en todo el Sistema Nacional de Salud. En Canarias son 14.000 repartidos en 32 categorías. En concreto, los técnicos en cuidados de enfermería (TCE) son más de 8.000 profesionales en el Servicio Canario de la Salud, situando al Archipiélago como la quinta comunidad autónoma con mayor número de TCE, pese a contar con una población inferior a varias comunidades que figura detrás.
"Esta categoría las TCE si han ganado que le reconozcan el C1, pero quieren que se plasmen sus retribuciones correspondientes y como profesión sanitaria", explican.
Por su parte, Cristina Valido defendió que se trata de un "reconocimiento profesional para todas las categorías de los Grupos C, D y E que no llega a la nómina, a la carrera profesional y a los derechos laborales y corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones. "El Estatuto Marco tiene que reconocer lo que estos profesionales realmente hacen", subraya.












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