El Gobierno busca un acuerdo con la Comunidad de Madrid que garantice el transporte bonificado a los estudiantes canarios desplazados

La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, que lidera María Fernández, ha remitido al Consorcio de Transportes de Madrid una propuesta de reconocimiento de la singularidad de Canarias en el acceso de estudiantes canarios al transporte público de la Comunidad de Madrid. El objetivo es que el estudiantado canario no tenga que renunciar a su residencia en el Archipiélago para obtener las bonificaciones del transporte en Madrid.

El marco propuesto, dirigido a la gerencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), se refiere exclusivamente a un colectivo concreto y a una circunstancia objetivamente singular: estudiantes residentes en Canarias que se desplazan temporalmente a Madrid durante el curso escolar para realizar estudios reglados y necesitan mantener su condición de residentes en Canarias.

Esta normativa se hace fundamental y necesaria después de que el CRTM haya modificado en el mes de junio las condiciones a través de las cuales se puede acceder a los abonos de transporte exigiendo ahora como requisito fundamental el padrón municipal en dicha comunidad autónoma. 

Durante el curso pasado, los canarios desplazados en Madrid podían acceder al Abono Joven, con un coste mensual de 10 euros, que les permitía viajar de forma ilimitada por la Capital. La única alternativa de transporte que tienen en este momento es similar a la de un turista. 

“Con la actual reforma, un estudiante que haga simplemente dos viajes diarios, ida y vuelta a la universidad, debe recurrir al bono de 10 viajes que tiene un coste de 7,30 euros. Si realizamos el cálculo mensual serían 40 viajes. Casi 30 euros solo para ir a la universidad. No es baladí, es casi un 200% más de lo que pagaba el curso pasado”, ha expuesto María Fernández, directora general de Movilidad y Transportes del Gobierno de Canarias.

La propuesta formal del Ejecutivo canario, enviada el pasado 12 de agosto, trata de evitar que la aplicación de un requisito formal produzca un efecto material desproporcionado sobre un colectivo sometido a una situación territorial excepcional reconocida por el Derecho europeo y español. “No se trata de un privilegio, se trata de una necesidad que el propio ordenamiento jurídico español y europeo ya reconoce”, ha explicado Fernández.

Los argumentos descritos al CRTM atienden a la excepcionalidad del territorio canario basado en varios argumentos: la condición de región ultraperiférica reconocida por la Unión Europea, la lejanía y dependencia estructural del transporte aéreo y marítimo que ostenta el Archipiélago y la necesidad de que el estudiantado no renuncie a su condición de residente porque cuentan con un régimen estatal específico de compensación de los costes derivados de nuestra discontinuidad territorial.

Canarias tiene la condición jurídica de región ultraperiférica y las políticas públicas deberán ser diseñadas en la medida de lo posible para ser adaptadas y compensar la desventaja territorial. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contempla precisamente la adopción de medidas específicas destinadas a adaptar la aplicación de las políticas públicas a sus características y exigencias especiales. Este marco también se ve recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias por lo que se reconoce expresamente que las circunstancias de Canarias pueden exigir condiciones específicas de aplicación de las políticas públicas.

“Varias decenas de estudiantes canarios nos han contactado preocupados por esta circunstancia que triplica el coste del transporte mensual y que es injusto”, ha explicado Fernández, que defiende además que el propio Régimen económico y Fiscal de Canarias reconoce el transporte como un elemento esencial de la cohesión territorial que “la Comunidad de Madrid está vulnerando”.

“Para un estudiante canario renunciar a la residencia significa no poder volver a casa por Navidad o pagar un dineral para poder hacerlo”, ha aseverado la directora, que además despliega en el convenio la posibilidad de realizar un acuerdo de reciprocidad con estudiantes madrileños en Canarias para que se acojan a nuestras bonificaciones. 

La propuesta de Madrid demuestra que se puede resolver la situación  

La propia Comunidad de Madrid ha planteado la posibilidad de establecer convenios con otras comunidades autónomas para permitir que estudiantes y universitarios desplazados puedan acceder a determinados títulos de transporte sin necesidad de empadronarse. Bastaría con articular un convenio específico, limitado y verificable que diera la excepcionalidad a los estudiantes canarios desplazados en Madrid. 

La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio de Transportes, estudia la propuesta remitida por Canarias y deberá dar respuesta en las próximas semanas. Desde el Ejecutivo se ruega celeridad en este proceso que ya está afectando a miles de canarios desplazados durante este curso escolar 2026/2027.