Canarias legaliza dos explotaciones ganaderas con más de 7.000 cabezas en La Palma y Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha aprobado este martes la legalización territorial de dos explotaciones ganaderas situadas en Breña Alta, en La Palma, y Gáldar, en Gran Canaria, que reúnen 7.011 cabezas de ganado. Las instalaciones, dedicadas respectivamente al ganado bovino y avícola, obtienen así autorización para la actividad y para sus edificaciones e instalaciones mediante el procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial.

Con estas dos incorporaciones ascienden a 40 las explotaciones legalizadas desde el comienzo de la legislatura dentro del proceso de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería. Ambas constan de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas y sus expedientes incluyen estudios comparativos de fotografías aéreas para determinar la antigüedad de las construcciones y la normativa aplicable.

La regulación permite legalizar territorial y ambientalmente determinadas edificaciones e instalaciones ganaderas que continúan en explotación y fueron ejecutadas sin los correspondientes títulos administrativos. El acuerdo fija además actuaciones sanitarias, ambientales, funcionales, estéticas y de bienestar animal que deberán acometerse como requisito para completar la legalización.

El plazo establecido para ejecutar esas actuaciones es de 18 meses desde el día siguiente a la notificación, con posibilidad de ampliarlo otros nueve. El procedimiento forma parte del plan de regularización de explotaciones anteriores a 1999 y requiere la intervención de cabildos, ayuntamientos y distintos órganos autonómicos con competencias en protección de la naturaleza y ordenación territorial.

Un profesional facilitador para determinados procedimientos judiciales

El Gobierno ha aprobado también el decreto que regula la figura del experto facilitador para prestar apoyo en sedes judiciales y fiscales a personas con discapacidad y a personas mayores. La norma establece sus requisitos, funciones y sistema de designación, con el propósito de facilitar la comprensión y participación de los destinatarios durante los procedimientos judiciales y las actuaciones ante el Ministerio Fiscal.

Los mayores de 65 años podrán solicitar este recurso y, en el caso de las mayores de 80, la intervención podrá acordarse incluso sin petición previa cuando se considere necesario. Entre las funciones del facilitador se encuentran explicar la información mediante un lenguaje comprensible, identificar los ajustes necesarios y acompañar a la persona durante distintas fases del procedimiento, sin hablar en su nombre ni influir en sus decisiones.

Cada profesional podrá elaborar un perfil individualizado de las medidas de apoyo necesarias y un informe para el órgano judicial o el Ministerio Fiscal, además de colaborar en la obtención de testimonios, preparar las actuaciones judiciales o facilitar la comprensión de resoluciones y documentación. La designación corresponderá al órgano judicial o a la Fiscalía y podrá producirse a petición del interesado, de una persona autorizada o de oficio en determinados supuestos.

El decreto exige determinadas titulaciones, formación o experiencia en atención a personas con discapacidad o mayores, ausencia de antecedentes penales e inscripción en el nuevo Registro Administrativo Canario de Personal Facilitador. Para intervenir con menores con discapacidad se requerirá además una formación específica de al menos 60 horas. La implantación será progresiva: comenzará este año en el ámbito penal, llegará en 2027 al orden civil y se extenderá en 2028 al resto de órganos judiciales.

Canarias pide recursos para la nueva estrategia europea de las RUP

El Ejecutivo autonómico ha valorado además la nueva Estrategia de la Unión Europea para las Regiones Ultraperiféricas, aunque advierte de que su aplicación dependerá de la financiación que se incorpore al Marco Financiero Plurianual 2028-2034. El Gobierno considera relevante que la Comisión Europea reconozca a las RUP no solo por sus desventajas estructurales, sino también por su posición geográfica, espacios marítimos, biodiversidad y potencial en economía azul, energía, innovación o conectividad.

Canarias valora igualmente el compromiso de aplicar de forma más sistemática el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la previsión de adaptar normativa comunitaria a las singularidades ultraperiféricas. El Ejecutivo destaca asimismo que la estrategia incluya cuestiones sociales como el desempleo juvenil, la pobreza, el acceso a la vivienda y la salida de jóvenes cualificados.

En materia de vivienda, el Gobierno considera significativo que Bruselas reconozca este problema entre los retos estructurales de las RUP, pero reclama que esa consideración se traduzca en instrumentos regulatorios y financieros específicos. También advierte de que la documentación actualmente disponible no garantiza capítulos propios para estas regiones en los futuros planes ni concreta dotaciones adicionales de cohesión.

El Ejecutivo defenderá durante la negociación presupuestaria europea que el tratamiento diferenciado de las regiones ultraperiféricas tenga también reflejo financiero. "No queremos una estrategia para las RUP sin presupuesto para las RUP", resume el Gobierno, que pretende además aprovechar el nuevo marco en ámbitos como la conectividad, las energías renovables, la economía azul, la cooperación regional, la vivienda y la gestión migratoria.

En este último ámbito, Canarias señala que la estrategia europea reconoce la mayor exposición de las RUP a la presión migratoria y reclama una participación permanente de la Unión mediante financiación específica, mecanismos de acogida y gestión y una atención diferenciada a los menores migrantes no acompañados.

Tres millones para completar la mejora del regadío de Los Sauces

El Consejo de Gobierno ha declarado de interés de la Comunidad Autónoma las obras de la décima separata del proyecto de mejora de la red de riego de Los Sauces, centrada en los hidrantes y el telecontrol de Adeyahamen y Bediesta. La actuación cuenta con un presupuesto de 3.022.793,75 euros y permitirá modernizar unas infraestructuras que suministran agua a 222 hectáreas y benefician a 1.550 agricultores.

Los trabajos prevén mejoras en el sistema de reparto del agua y la incorporación de tecnologías más eficientes en las explotaciones, con las que el Ejecutivo estima ahorros potenciales superiores a la mitad de los consumos actuales. La declaración aprobada este martes constituye un paso previo necesario para poder ejecutar las obras.

El proyecto fue declarado de interés general en 2007 y se redactó de forma completa en 2008, con un presupuesto de 5,806 millones de euros para su ejecución a través del Ministerio de Agricultura. Las restricciones presupuestarias posteriores impidieron entonces su adjudicación por parte de la Administración estatal.

Desde 2014, la actuación se ha desarrollado mediante separatas y hasta ahora se habían redactado nueve. La última fue financiada a través del convenio MAPA-SEIASA suscrito en 2021 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La décima separata recoge las obras necesarias para completar las actuaciones previstas en el proyecto.

La mejora de la red está incluida en el Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020 y en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma 2021-2027. Su financiación figura además en los Presupuestos Generales de Canarias para 2026.

El Gobierno cifra actualmente en 28,26 millones de euros el presupuesto comprometido para actuaciones de mejora y modernización del regadío en el Archipiélago. De esa cantidad, 15,65 millones corresponden a actuaciones ejecutadas directamente por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Para 2026 y 2027 se prevé además iniciar nuevos trabajos por otros 24,41 millones de euros.