¿Por qué no se han celebrado todavía las elecciones en la Federación de Lucha Canaria?

Las resoluciones judiciales se cumplen, los Estatutos se respetan y las elecciones deben celebrarse.

«La justicia no consiste solamente en respetar la ley, sino en actuar justamente con los demás.» — Aristóteles, Ética a Nicómaco.

Una sentencia, una resolución de ejecución y demasiadas preguntas sin respuesta. Hasta este momento he procurado ser especialmente prudente a la hora de señalar personalmente al presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero. Mi posición siempre ha sido que lo importante es defender el cumplimiento de las normas, de las resoluciones judiciales y la normalidad institucional de la Federación, independientemente de las personas que ocupen sus cargos.

Sin embargo, después de analizar la situación actual y, especialmente, las consecuencias que puede tener la falta de ejecución efectiva del proceso electoral, considero que ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. Existe una posibilidad que, de confirmarse, resulta difícil de entender desde el punto de vista de la normalidad democrática de una federación deportiva: que Francisco Rivero pueda mantenerse en la presidencia durante un periodo extraordinariamente prolongado, llegando incluso a permanecer en el cargo hasta después de las próximas elecciones autonómicas y, en la práctica, hasta 2028.

Y ante esta posibilidad surge una pregunta que considero absolutamente legítima: ¿Cómo es posible que, después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de una resolución dictada en ejecución de la misma que ordena reactivar el proceso electoral, todavía no se haya puesto una solución efectiva a esta situación? No estoy afirmando que exista una actuación oculta ni imputando a nadie ninguna conducta irregular.

Pero sí considero que, cuando una situación jurídica se prolonga en el tiempo y sus consecuencias pueden permitir que una persona permanezca durante años al frente de una federación que debe someterse a un proceso electoral, es razonable exigir explicaciones a quienes tienen responsabilidades en la gestión de esta situación. Porque lo que no parece razonable es que una resolución dictada en ejecución de una sentencia ordene la reactivación de un proceso electoral y que, transcurrido el tiempo, la situación siga sin resolverse de manera efectiva.

¿Quién tiene que actuar? Las preguntas son sencillas: ¿Quién tiene que actuar? ¿Quién está permitiendo que el proceso no avance? ¿Se ha requerido formalmente a la Federación para que cumpla? ¿Ha hecho la Administración deportiva todo lo que legalmente está en su mano para garantizar la ejecución de la resolución? ¿Por qué una resolución que debería conducir a la recuperación de la normalidad electoral no ha desembocado todavía en unas elecciones? Son preguntas que no deberían incomodar a nadie. Son preguntas que merecen respuestas.

No estoy juzgando intenciones; estoy pidiendo que se cumpla la ley. Quiero dejar claro que esta cuestión no debe convertirse en un enfrentamiento personal con Francisco Rivero. Hasta ahora he señalado fundamentalmente los hechos y las normas, y seguiré haciéndolo. Pero precisamente por eso considero necesario señalar ahora una circunstancia que me preocupa: si la falta de convocatoria o de reactivación efectiva del proceso electoral permite prolongar el actual mandato durante varios años más, la situación deja de ser una simple cuestión administrativa y pasa a afectar directamente a la normalidad democrática de la Federación de Lucha Canaria.

Los Estatutos establecen quién tiene la competencia para convocar las elecciones y cómo debe desarrollarse el proceso. El artículo 43 establece que las elecciones periódicas de la Federación Regional son convocadas por la Junta de Gobierno de la Regional, a propuesta de las federaciones insulares. Por su parte, los Estatutos atribuyen a la Junta de Gobierno las funciones de gestión y administración de la Federación y la ejecución de los acuerdos correspondientes.

Y la resolución dictada en ejecución de la sentencia establece que debe reactivarse la convocatoria electoral acordada en febrero de 2022 y realizar los trámites pertinentes para la celebración del proceso electoral. Por tanto, nadie debería tener la capacidad de convertir el cumplimiento de una resolución judicial en una cuestión indefinida. Si existen obstáculos jurídicos, administrativos o materiales que impiden celebrar las elecciones, que se expliquen públicamente.

Si existe algún procedimiento pendiente, que se informe. Si existe alguna razón legal que justifique la demora, que se conozca. Y si no existe ninguna de esas razones, la pregunta es todavía más sencilla: ¿Por qué no se han convocado y desarrollado ya las elecciones? Que cada uno asuma su responsabilidad. No pretendo adelantar conclusiones que no pueda demostrar. Tampoco pretendo acusar a nadie de aquello que no pueda acreditarse.

Pero sí considero que cuando las instituciones dejan pasar el tiempo sin resolver una situación de esta naturaleza, tienen la obligación de explicar por qué. Porque si finalmente resulta que una persona puede permanecer al frente de la Federación hasta 2028 como consecuencia de la falta de ejecución efectiva de una resolución que ordenaba reactivar el proceso electoral, será inevitable preguntarse: ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué nadie ha puesto remedio? ¿Por qué se ha permitido que transcurra el tiempo sin que el proceso electoral haya culminado?

Y si no existe ninguna intención de prolongar esta situación, entonces debería ser todavía más sencillo: cumplir la resolución, reactivar el proceso electoral y permitir que sean los federados quienes decidan democráticamente quién debe dirigir la Federación de Lucha Canaria. No hay que tener miedo a las elecciones. Las elecciones no perjudican a nadie que tenga la confianza de los federados. Al contrario: las elecciones son precisamente el mecanismo que permite legitimar democráticamente a quien ocupa la presidencia.

El proceso electoral no puede quedar al margen de sus propios órganos. Los Estatutos atribuyen a la Junta Electoral Central competencias específicas sobre el proceso electoral, entre ellas las relativas al censo, las candidaturas, las mesas electorales, las reclamaciones y la proclamación de los candidatos electos. Asimismo, establecen que la votación para la Junta de Gobierno de las federaciones insulares y de la Regional debe celebrarse dentro del periodo previsto una vez producida la proclamación definitiva de las candidaturas.

Esto demuestra que el proceso electoral cuenta con órganos y reglas específicas y que no puede quedar sometido indefinidamente a la voluntad unilateral de una persona. La Junta de Gobierno tiene la competencia que le atribuyen los Estatutos, pero esa competencia debe ejercerse dentro de la legalidad y en cumplimiento de las resoluciones que resulten de aplicación.

Una última reflexión. He señalado muy poco personalmente al presidente hasta ahora porque siempre he considerado que el problema es institucional y no personal. Pero la prolongación de esta situación empieza a generar demasiadas preguntas. ¿Por qué, después de una sentencia y de una resolución de ejecución que ordena reactivar el proceso electoral, todavía no se ha conseguido que las elecciones se celebren? ¿Por qué se está permitiendo que pase el tiempo? ¿A quién beneficia que esta situación continúe?

No afirmo que haya algo detrás. Simplemente dejo la pregunta encima de la mesa. Que sean quienes tienen responsabilidades en esta situación quienes den las explicaciones oportunas. El tiempo dirá si detrás de esta prolongación había simplemente una sucesión de obstáculos administrativos y jurídicos o si existía alguna otra razón que hoy muchos no alcanzamos a entender. Pero precisamente porque no quiero hacer acusaciones sin pruebas, considero que lo mínimo que se puede exigir son explicaciones claras, públicas y documentadas.

Porque si la consecuencia final de todo este proceso fuera que Francisco Rivero permanece al frente de la Federación hasta 2028, la sociedad y, especialmente, el colectivo de la lucha canaria tendrían derecho a conocer por qué una situación que debía desembocar en un proceso electoral ha terminado prolongándose durante tantos años. No se trata de una cuestión personal. No se trata de estar a favor o en contra de Francisco Rivero.

Se trata de saber si se está cumpliendo una resolución judicial y si se están respetando los Estatutos de la Federación. Y, sobre todo, se trata de devolver a los federados la capacidad de decidir democráticamente quién debe dirigir su Federación. Que hablen las urnas. La Federación de Lucha Canaria merece recuperar su normalidad institucional. Los luchadores, clubes, federaciones insulares y todos los integrantes de nuestro deporte merecen saber cuándo y cómo se va a desarrollar el proceso electoral.

No corresponde a una persona decidir indefinidamente cuándo termina un mandato. No corresponde a una Junta convertir una obligación legal en una decisión voluntaria. Y no corresponde a la Administración mirar hacia otro lado cuando existe una resolución cuya ejecución debe garantizarse. Corresponde cumplir la ley, respetar los Estatutos y celebrar las elecciones.

Porque al final, la respuesta debe estar donde siempre debe estar en una institución democrática: en las urnas y en la voluntad de los federados. Las resoluciones judiciales se cumplen. Los Estatutos se respetan. Y las elecciones deben celebrarse.

José Trujillo Artiles, Barranquera IV, es exluchador de lucha canaria.