
Comprar una vivienda en Telde requiere destinar el equivalente a 10,46 años de la renta media de sus habitantes. Esta proporción situaría al municipio dentro de los parámetros establecidos por la Comisión Europea para ser declarado zona tensionada.
Según un análisis publicado por Canarias Ahora, elaborado con datos del Consejo General del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística entre 2015 y 2023, 26 de los 30 municipios más poblados de Canarias cumplirían los criterios cuantitativos planteados por Bruselas.
Telde supera el límite europeo
La propuesta considera tensionados aquellos territorios donde el precio medio de una vivienda representa al menos ocho años de renta y esa proporción ha aumentado durante la última década. Cuando el esfuerzo alcanza los diez años o más, como ocurre en Telde, no sería necesario acreditar ese crecimiento previo.
Las cuatro ciudades canarias con más de 100.000 habitantes entrarían en esta categoría. La compra de una vivienda equivale a 12,55 años de renta en La Laguna; 12,32 en Santa Cruz de Tenerife; 10,75 en Las Palmas de Gran Canaria, y 10,46 en Telde.
Adeje encabeza la clasificación del Archipiélago, con 24,57 años de ingresos necesarios, seguido de Guía de Isora, con 24,32. Ingenio, Agüimes, Arrecife y Arucas serían los únicos grandes municipios que quedarían fuera.
Más requisitos para obtener la declaración
El cumplimiento del criterio económico no supondría automáticamente que Telde fuera declarada zona tensionada. También habría que demostrar que el problema difícilmente remitirá durante los tres años siguientes y acreditar su impacto negativo sobre la población local.
Para ello se analizarían factores como el crecimiento demográfico, el saldo migratorio, la escasez de nuevas construcciones, la falta de alquileres de larga duración, la creación de hogares y la concentración de viviendas vacacionales o de compras realizadas por personas no residentes.
Medidas limitadas a futuras adquisiciones
Si finalmente obtuviera esta clasificación, el Ayuntamiento podría aplicar restricciones a determinadas viviendas vacacionales que no constituyan la residencia habitual de sus propietarios, penalizar fiscalmente los inmuebles vacíos o reservar viviendas asequibles para jóvenes y compradores de primera residencia.
Las limitaciones afectarían únicamente a las propiedades adquiridas después de la entrada en vigor de la normativa, sin carácter retroactivo. Tendrían una vigencia máxima de cinco años, aunque podrían prorrogarse después de una evaluación.
La propuesta de Ley de Vivienda Asequible todavía debe ser tramitada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de entrar en vigor.










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