La Plataforma por el 5% para la Educación considera que el incremento de la financiación autonómica abre una “oportunidad histórica” para alcanzar el objetivo de inversión educativa establecido en la Ley Canaria de Educación. El colectivo sostiene que una parte de los 1.300 millones de euros adicionales que, según señala, recibirá Canarias anualmente del Estado a partir de 2027 podría destinarse a Educación, Sanidad y Dependencia.
La organización defiende que alcanzar una inversión educativa equivalente al 5% del PIB depende de “prioridades y voluntad política” y discrepa de las dificultades planteadas por la Consejería de Educación para cumplir ese objetivo desde el próximo curso. Como referencia, cita el caso de Extremadura y atribuye a una mayor inversión mejoras en plantillas docentes, escolarización pública de 0 a 3 años, infraestructuras y ratios.
La Plataforma cuestiona además el argumento del Gobierno de Canarias sobre el crecimiento del presupuesto educativo y considera que hablar del “presupuesto más alto de la historia” tiene una relevancia limitada si no se relaciona con la evolución del PIB y de los precios. Según sus cálculos, durante la actual legislatura el presupuesto educativo ha aumentado una media anual de 111 millones de euros, frente a los 137 millones registrados en la anterior.
El colectivo contrapone esas cifras a la evolución de la inversión educativa en el Archipiélago y afirma que Canarias ha pasado de ocupar en 2002 el segundo puesto entre las comunidades autónomas por esfuerzo inversor en Educación a situarse actualmente en el penúltimo. También sostiene que durante la presente legislatura la Comunidad Autónoma se ha alejado del objetivo del 5% del PIB establecido por la Ley Canaria de Educación de 2014.
La Plataforma reclama por ello que el presupuesto educativo de 2027 aumente en unos 800 millones de euros mediante la utilización de parte de la financiación adicional procedente del Estado. El colectivo sostiene que esa dotación permitiría cumplir el porcentaje previsto en la ley y financiar mejoras en centros educativos y universidades públicas, aunque vincula expresamente esa decisión a las prioridades presupuestarias que adopte el Ejecutivo canario.
La organización rechaza además que los nuevos recursos se orienten prioritariamente hacia nuevas rebajas fiscales, una opción que considera beneficiosa para una minoría, y reclama que el incremento financiero se concentre en servicios públicos. La nota añade que la previsión de una nueva reducción relativa de la inversión educativa para 2027 figura, según la Plataforma, en el Plan Plurianual de Inversiones aprobado por el Gobierno de Canarias.
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