Pablo Rodríguez esgrime el informe de la CNMC para defender las reformas canarias de vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, el teldense Pablo Rodríguez, esgrimió este miércoles en el Parlamento el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la transformación urbanística del suelo para defender las reformas impulsadas por el Ejecutivo autonómico desde 2024. Rodríguez sostiene que el diagnóstico del organismo coincide con problemas que su departamento ya había identificado, entre ellos la rigidez del planeamiento, la lentitud de las licencias y el exceso de trámites.

El responsable autonómico recordó que Canarias ha aprobado en los últimos años el Decreto Ley 1/2024, el Decreto Ley 3/2025 y la Ley 7/2026, con medidas dirigidas a facilitar la transformación del suelo y de edificaciones y a acelerar la tramitación de licencias. La CNMC recomienda, entre otras actuaciones, simplificar la normativa urbanística, flexibilizar el planeamiento, favorecer la regeneración y rehabilitación y sustituir determinadas licencias por declaraciones responsables o comunicaciones previas. "Este estudio viene a confirmar que este Gobierno va por el buen camino", afirmó Rodríguez.

Rodríguez defendió además una política de vivienda que actúe sobre distintos factores y no se limite exclusivamente a la promoción pública, protegida o libre. Según los datos expuestos por el consejero, la producción media permaneció durante más de una década en torno a las 1.000 viviendas anuales, superó las 4.000 en 2024 y rebasó las 5.000 en 2025. Aunque reconoce que esas cifras "todavía no son suficientes", considera que Canarias debe aspirar a producir unas 10.000 viviendas al año.

El consejero comparó ese volumen con las cerca de 35.000 viviendas anuales que Canarias llegó a producir antes de la crisis económica y financiera de 2008. Rodríguez admite que actualmente no existe capacidad industrial para recuperar aquella cifra, pero entiende que sí puede avanzarse hacia las 10.000 unidades anuales. Para ello, plantea incrementar la producción y reducir los plazos necesarios para transformar el suelo disponible en nuevas promociones residenciales.

Rodríguez aludió también a un estudio del Observatorio Canario de la Vivienda sobre el suelo público y privado disponible en las siete islas analizadas. Según explicó, el trabajo concluye que existe superficie suficiente para atender la demanda residencial, aunque advirtió de que esa disponibilidad pierde utilidad cuando los procedimientos urbanísticos se prolongan. El consejero atribuye a esos retrasos parte del encarecimiento final de las viviendas, al alargar la transformación del suelo, las autorizaciones y la construcción.

El futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 incorporará además incentivos para la construcción industrializada, una fórmula que Rodríguez considera útil para acortar plazos, elevar la capacidad productiva y afrontar la falta de mano de obra mediante una mayor especialización profesional. "La vivienda industrializada ya no es una alternativa, se ha convertido en una necesidad", afirmó. VISOCAN ha licitado dos proyectos piloto que sumarán 88 viviendas protegidas: 52 en San Bartolomé de Tirajana y 36 en San Sebastián de La Gomera.

Rodríguez añadió que la industrialización deberá adaptarse a las particularidades territoriales de Canarias por los sobrecostes derivados de la insularidad, la lejanía y la condición ultraperiférica cuando determinados elementos tienen que trasladarse desde la Península. El Plan 2026-2030 se encuentra actualmente en fase de elaboración del informe de evaluación del proceso participativo, concluido el pasado 30 de julio, e incluirá estas medidas dentro del eje destinado a incentivos para promotores.

El consejero cuestionó asimismo la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de dejar de aplicar los artículos del Decreto Ley 1/2024 que permitían determinados cambios de uso de locales y oficinas para destinarlos a vivienda. Rodríguez recordó que durante el aproximadamente mes y medio en que estuvieron vigentes se presentaron más de una veintena de solicitudes y contrapuso esa decisión con la autorización de cambios de uso de edificios completos para convertirlos en hoteles.

A juicio de Rodríguez, transformar viviendas en establecimientos hoteleros en zonas sometidas a mayor presión residencial puede reducir la oferta disponible y contribuir a elevar los precios de alquiler y compraventa. "No estamos en contra de nuevos hoteles", matizó, aunque defendió mantener herramientas que permitan ampliar el parque residencial mientras persista la emergencia habitacional. El consejero cerró su intervención reclamando actuaciones simultáneas sobre vivienda pública, protegida y libre, procedimientos administrativos y nuevos sistemas constructivos.