María Fernández, en La Alameda: "Estamos más cerca del tren que nunca en Gran Canaria"

 

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández Pérez, ha anunciado que el Archipiélago comenzará a probar a finales de 2026 la tecnología que permitirá implantar un título único de transporte público válido en todas las islas.

 

Fernández avanzó también que Canarias ha recibido el anticipo estatal correspondiente a este año para financiar la gratuidad del transporte terrestre. Ese dinero podrá transferirse próximamente a los cabildos, aunque todavía continúa pendiente una parte de las cantidades correspondientes al ejercicio anterior.

 

La responsable autonómica abordó estas y otras cuestiones durante una entrevista concedida a La Alameda, el programa radiofónico de análisis sociopolítico, entrevistas y tertulias de TELDEACTUALIDAD RADIO PÓDCAST, dirigido y presentado por Sonia Vega. El programa puede escucharse en la emisora digital a las 10.00, 16.00 y 22.00 horas hasta el próximo viernes 11 de septiembre  y a partir de esa fecha pasará a la programación habitual.

 

La situación del bono residente, la saturación de determinadas líneas, la estrategia de movilidad para los próximos 30 años, los trenes de Gran Canaria y Tenerife, la cogestión aeroportuaria y el futuro político de Coalición Canaria en Telde y Gran Canaria centraron una conversación en la que Fernández defendió la movilidad como un derecho básico.

 

“La movilidad debe formar parte del Estado del bienestar”

María Fernández considera que el acceso al transporte público debe reconocerse como un elemento fundamental del Estado del bienestar, al mismo nivel que otros servicios esenciales.

 

“Tenemos sanidad pública, tenemos educación pública y también deberíamos tener movilidad pública”, afirmó.

 

La directora general señaló que el transporte permite acceder a otros derechos y oportunidades. Una persona necesita desplazarse para estudiar, acudir a una consulta médica, aceptar un puesto de trabajo en otra zona de la Isla o mantener relaciones sociales y familiares.

 

“Es un derecho que abre las puertas de otros derechos”, resumió Fernández, quien recordó que el coste del combustible representa una carga creciente para numerosas economías familiares.

 

A su juicio, garantizar un transporte asequible reduce las desigualdades, cohesiona el territorio y contribuye a disminuir las emisiones contaminantes. La gratuidad del bono residente constituye, por tanto, una política social y ambiental.

 

Teror demuestra que otra movilidad es posible

La responsable autonómica valoró positivamente el dispositivo especial habilitado con motivo de las fiestas de la Virgen del Pino, al que calificó como un ejemplo de coordinación ante acontecimientos multitudinarios.

 

Fernández destacó el esfuerzo realizado por los ayuntamientos, los cabildos y las empresas operadoras para facilitar que miles de personas pudieran desplazarse hasta Teror sin utilizar sus vehículos particulares.

 

Este tipo de celebraciones, explicó, obliga a coordinar servicios y reforzar las líneas para evitar las largas retenciones que dificultan la llegada de visitantes y residentes.

 

“Teror nos ha demostrado desde hace años que es posible una movilidad sostenible y compatible con llegar a ver a la Virgen del Pino”, manifestó.

 

La demanda creció más rápido que la oferta

La implantación de la gratuidad ha provocado un importante incremento del número de viajeros. Solo las líneas de Global contabilizaron cerca de 50 millones de desplazamientos durante el último año, según los datos mencionados durante la entrevista.

 

Este crecimiento ha generado problemas de capacidad en determinados trayectos. Las guaguas llenas, los usuarios que no pueden subir y los vehículos que continúan su recorrido sin detenerse en algunas paradas constituyen actualmente uno de los principales retos del sistema.

 

Fernández reconoció que este problema es el “principal quebradero de cabeza” de las administraciones responsables del transporte.

 

“La demanda creció muy rápido y la oferta, por mucho dinero que se haya invertido, no puede crecer a la misma velocidad”, explicó.

 

El Gobierno de Canarias y los cabildos han destinado recursos a la compra de nuevas guaguas, la contratación de conductores, la reforma de estaciones y la creación o ampliación de líneas. Sin embargo, la incorporación de vehículos y personal requiere unos plazos que dificultan ofrecer una respuesta inmediata.

 

La directora general afirmó que la demanda comienza a estabilizarse y que las inversiones ejecutadas desde los últimos años ya están permitiendo incorporar nueva flota. El objetivo es reducir progresivamente la sobrecarga que todavía soportan algunas rutas.

 

El anticipo estatal llegará en las próximas semanas a los cabildos

Fernández anunció en La Alameda que el Gobierno canario ya ha recibido el anticipo estatal destinado a financiar la gratuidad durante este ejercicio.

 

“En las próximas semanas podremos hacer llegar ese dinero a los cabildos”, adelantó.

 

La directora general recordó, no obstante, que el coste de la medida supera ampliamente los recursos recibidos hasta ahora. Según explicó, las necesidades de financiación rondan los 120 millones de euros, mientras Canarias ha recibido alrededor de 78 millones y todavía espera parte de las cantidades correspondientes al año anterior.

 

Los cabildos, añadió, aportan igualmente una cantidad considerable para sostener los servicios. El retraso de las transferencias estatales obliga a las instituciones insulares a adelantar fondos que podrían emplearse en adquirir vehículos, contratar conductores, mejorar las infraestructuras o establecer nuevas conexiones.

 

“El anticipo nos va a dar un poco de oxígeno”, indicó Fernández, aunque insistió en la necesidad de que el Estado cumpla los plazos de financiación.

 

El título único comenzará con una prueba digital

Uno de los principales anuncios de la entrevista fue el avance del futuro título único de transporte público, concebido para que un residente pueda utilizar el mismo bono en las diferentes islas.

 

Fernández recordó que participó en la creación del Bono Residente Canario en 2018. Aquel proyecto permitió unificar los diferentes títulos existentes dentro de cada territorio insular, pero el siguiente paso consiste en lograr que el mismo sistema funcione en todo el Archipiélago.

 

El proceso se ha complicado porque los cabildos adquirieron durante años tecnologías distintas que no podían comunicarse entre sí. Desde 2023, explicó, el Gobierno de Canarias trabaja para hacer compatibles esos sistemas.

 

La previsión es realizar a finales de 2026 una primera prueba digital. La implantación comenzará mediante dispositivos móviles porque sustituir o adaptar simultáneamente todas las máquinas de validación resultaría especialmente complejo.

 

Posteriormente se incorporará un soporte físico. También será necesario alcanzar un acuerdo con los cabildos sobre la cámara de compensación que deberá repartir los ingresos y contabilizar los desplazamientos realizados en cada isla.

 

Una vez completados esos pasos, Canarias podrá disponer de un bono residente común para todo el Archipiélago.

 

Una estrategia para los próximos 30 años

El Gobierno autonómico prepara paralelamente la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, conocida como MOVIC, que establecerá las grandes líneas de planificación para las próximas tres décadas.

 

Fernández diferenció esta estrategia del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Mientras la futura ley permitirá aplicar medidas a corto y medio plazo, MOVIC pretende definir el modelo hacia el que deben orientarse las políticas, inversiones y normas futuras.

 

“A veces nos toca sembrar las semillas de árboles que no nos van a dar sombra a nosotros”, señaló para explicar la necesidad de planificar más allá de una legislatura.

 

La estrategia se encuentra en fase de participación pública. Durante los últimos dos años se han celebrado reuniones con municipios, cabildos, administraciones y personas expertas. El proceso continuará previsiblemente hasta diciembre con nuevos encuentros y jornadas.

 

Fernández subrayó que el documento no tendrá inicialmente carácter ejecutivo, pero servirá de hilo conductor para futuras leyes, subvenciones y actuaciones.

 

La directora general puso como precedente el eje transinsular ideado durante la etapa del expresidente canario Adán Martín. Una propuesta que inicialmente podía parecer difícil de materializar permitió avanzar hacia una red que combina barcos, aviones, carreteras, guaguas y vehículos para conectar el Archipiélago.

 

Canarias como laboratorio de movilidad sostenible

El Pacto por la Movilidad Sostenible busca convertir Canarias en un referente internacional mediante un compromiso compartido por administraciones, empresas y ciudadanía.

 

“Si todos formamos parte del problema, todos debemos formar parte de la solución”, afirmó Fernández.

 

La directora general considera que las características que tradicionalmente han dificultado la conectividad —la fragmentación territorial, la lejanía y la condición ultraperiférica— pueden convertir también a las Islas en un laboratorio para ensayar sistemas de transporte que posteriormente puedan aplicarse en otros territorios.

 

Entre las experiencias que destacó figura San Mateo en Ruta, un servicio adaptado a las necesidades de la población de las zonas rurales. El proyecto permite mejorar la cohesión social y ofrecer oportunidades a personas que anteriormente carecían de conexiones adecuadas.

 

Más eficiencia para transportar personas y mercancías

La transición hacia un modelo sostenible deberá tener en cuenta el importante movimiento de camiones, barcos y mercancías existente en las Islas.

 

Fernández indicó que el primer paso consiste en ganar eficiencia: transportar a más personas ocupando menos espacio, reducir desplazamientos innecesarios y organizar mejor los recorridos.

 

A ello debe sumarse la transformación energética de las flotas mediante combustibles menos contaminantes y vehículos que generen menos emisiones.

 

También será necesario reorganizar el movimiento de mercancías, estudiando horarios que eviten su coincidencia con las principales horas punta. La combinación de eficiencia, renovación de vehículos y ordenación de los desplazamientos permitirá mantener la conectividad reduciendo el impacto ambiental.

 

Los barrios dispersos necesitan alternativas al coche

La entrevista abordó las dificultades para desarrollar una movilidad sostenible en municipios como Telde, donde existen barrios dispersos y núcleos con importantes carencias de conectividad.

 

Fernández reconoció que en algunos lugares faltan infraestructuras tan básicas como aceras o recorridos peatonales seguros entre barrios cercanos.

 

La directora general defendió la denominada pirámide de la movilidad, que sitúa en primer lugar al peatón y continúa con la bicicleta, los vehículos de movilidad personal, el transporte colectivo y el vehículo privado.

 

La transformación, señaló, debe abordarse simultáneamente desde los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias. Las actuaciones ferroviarias no pueden significar el abandono de las guaguas, de la misma manera que reforzar el transporte colectivo no debe impedir mejorar los itinerarios peatonales o ciclistas.

 

“No se trata de hacer una cruzada contra el vehículo privado”, aclaró. El propósito es impedir que el coche sea la única opción disponible para estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas.

 

“El vehículo privado será una parte más de la movilidad. Lo que tenemos que evitar es que la elección sea coger el coche o no poder moverse”, expresó.

 

Acercar los servicios también reduce los desplazamientos

La posible creación de nuevos servicios sanitarios y administrativos en las comarcas fue otro de los asuntos tratados.

 

Fernández explicó que la ordenación territorial, la movilidad y el reto demográfico deben abordarse transversalmente. Los servicios esenciales, como la sanidad y la educación, deberían estar próximos a los lugares de residencia para evitar desplazamientos constantes hacia las capitales o las grandes áreas metropolitanas.

 

Este planteamiento conecta con el modelo de la ciudad de los 15 minutos, que propone que la ciudadanía pueda encontrar cerca de su vivienda los principales recursos necesarios para su vida cotidiana.

 

La directora general no anunció la construcción de un hospital en el sureste grancanario, pero explicó que existen estudios y proyectos piloto para determinar qué infraestructuras necesita cada comarca.

 

Recordó, además, que cualquier gran proyecto municipal debe incorporar estudios sobre movilidad y conectividad, analizando cómo llegarán sus usuarios y qué desplazamientos generará.

 

“Estamos más cerca del tren que nunca”

María Fernández se mostró optimista sobre los proyectos ferroviarios de Gran Canaria y Tenerife, aunque advirtió de que su ejecución requerirá años debido a su magnitud. “Estamos más cerca del tren que nunca”, afirmó.

 

La directora general fundamentó esa valoración en el protocolo suscrito con el Gobierno de España y en el reconocimiento de las infraestructuras ferroviarias canarias dentro de la legislación estatal sobre movilidad.

 

Según explicó, una disposición adicional reconoce el interés de los proyectos y la necesidad de que sean cofinanciados por el Estado y la Unión Europea.

 

El siguiente paso será establecer un marco financiero. Fernández confía en que la aprobación de nuevos presupuestos estatales permita firmar un convenio similar al existente en materia de carreteras.

 

Ese acuerdo sería el que permitiría concretar las aportaciones económicas y fijar un calendario para la ejecución de los trenes.

 

“Conseguir los fondos no significa que la infraestructura pueda ejecutarse inmediatamente”, matizó, comparando el proceso con el seguido en su momento para construir la circunvalación de Gran Canaria.

 

Los aeropuertos son servicios esenciales para Canarias

Fernández defendió la participación del Gobierno autonómico en la gestión de los aeropuertos canarios de interés general.

 

A su juicio, el actual modelo falla al analizar los aeropuertos fundamentalmente desde una perspectiva empresarial y no como infraestructuras indispensables para garantizar derechos.

 

“Para un canario, un aeropuerto es un sistema de conectividad de primera necesidad”, sostuvo.

 

La responsable autonómica recordó que, a diferencia de lo que sucede en numerosos territorios peninsulares, los residentes en Canarias dependen del avión para acudir a tratamientos médicos, estudiar, desarrollar una actividad empresarial o mantener sus vínculos familiares.

 

Por este motivo, decisiones aparentemente menores, como un incremento de las tasas, pueden terminar provocando una reducción de rutas o un encarecimiento de los billetes.

 

El descuento del 75% para residentes no elimina, advirtió, los problemas derivados de una reducción de la oferta. Además, los canarios que viven fuera del Archipiélago no disponen de esa bonificación para regresar a las Islas.

 

La conectividad no puede supeditarse al beneficio económico

Como ejemplo de las consecuencias del actual modelo, Fernández recordó los problemas registrados en el aeropuerto de El Hierro cuando la baja de dos controladores provocó restricciones en las operaciones.

 

La situación obligó a reprogramar vuelos y afectó a pacientes que debían acudir a consultas o tratamientos médicos fuera de la Isla.

 

“Si hay que contratar a un trabajador más, se contrata. Lo que no se puede hacer es primar siempre los beneficios económicos sobre los derechos de la población”, afirmó.

 

La directora general aseguró que una eventual cogestión permitiría al Gobierno de Canarias revisar aquellas decisiones que puedan comprometer la conectividad.

 

También cuestionó que unos aeropuertos con un elevado volumen de pasajeros y una importante rentabilidad para Aena no hayan recibido durante años todas las inversiones necesarias en operatividad, seguridad y capacidad.

 

Más de 1.000 millones para las infraestructuras aeroportuarias

Fernández anunció que el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria, conocido como DORA, recogerá una inversión histórica superior a los 1.000 millones de euros para los aeropuertos canarios durante los próximos años.

 

Entre las instalaciones que requieren mejoras citó Tenerife Sur, que considera desbordado, y Lanzarote, donde algunas conexiones obligan a los pasajeros a salir de la terminal para volver a entrar.

 

La representante autonómica aseguró que Canarias no pretende recibir un trato privilegiado, sino disponer de infraestructuras equivalentes a las del resto del territorio.

 

“Esperamos que, con nuestra presencia en la gestión, esta situación cambie”, manifestó.

 

Coalición Canaria busca sumar fuerzas municipalistas

En su condición de coordinadora general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Fernández abordó también el futuro de la organización en Telde y en el conjunto de la Isla.

 

La dirigente nacionalista afirmó que su formación trabaja para incorporar personas con vocación de servicio público y reforzar su presencia mediante el contacto directo con los barrios.

 

“Nuestro trabajo es de calle a calle y de puerta a puerta”, señaló.

 

Fernández defendió la unión de las organizaciones municipalistas para fortalecer la representación de Canarias en Madrid. Una presencia decisiva en las Cortes, sostuvo, facilitaría la aprobación de presupuestos y leyes favorables a las Islas.

 

Diálogo abierto con Ciuca y Primero Canarias

Preguntada expresamente por una posible aproximación a Ciuca, Fernández confirmó que Coalición Canaria mantiene conversaciones con diferentes organizaciones. “Hemos abierto el diálogo a quien quiera sumar al proyecto”, respondió.

 

La dirigente aseguró que esa política no es nueva y citó los contactos o acuerdos desarrollados con formaciones como Fortaleza, AVESAN y la Plataforma Vecinal de Santa Brígida.

 

Fernández incluyó expresamente a Ciuc y Primero Canarias entre las organizaciones con las que Coalición Canaria está dispuesta a dialogar. A su juicio, existe actualmente una mayor voluntad para alcanzar entendimientos entre las fuerzas municipalistas y nacionalistas.

 

Juan Martel continuará vinculado al proyecto

María Fernández garantizó también la continuidad del concejal teldense Juan Martel dentro del proyecto de Coalición Canaria.“Juan Martel forma parte de nuestro proyecto y de todo lo que representa Coalición Canaria”, afirmó.

 

La coordinadora insular lo presentó como un ejemplo de la incorporación de organizaciones y representantes municipales a una estructura común para defender los intereses de Canarias.

 

“Lleva con nosotros muchos años y este es el momento de sumar y llegar lo más lejos posible”, añadió.

 

La militancia reorganizó Coalición Canaria en Telde

Fernández explicó que la reorganización local emprendida después de las salidas de Héctor Suárez y Pilar Mesa se realizó mediante la participación de la militancia.

 

Tras un periodo de funcionamiento provisional, los afiliados pudieron votar y elegir una nueva Secretaría Local.

 

Según la dirigente, el nuevo equipo trabaja junto a Juan Martel para reconstruir la organización y mejorar su conexión con los barrios y la ciudadanía de Telde.

 

“Lo que tiene que hacer cualquier partido sano es escuchar a la militancia”, defendió.

 

Fernández augura un amplio entendimiento con Primero Canarias

La coordinadora insular se mostró convencida de que Coalición Canaria y Primero Canarias pueden alcanzar “altos niveles de entendimiento” por la proximidad de sus respectivos proyectos.

 

Fernández atribuyó el nacimiento de Primero Canarias al desencanto de una parte de la militancia de Nueva Canarias y sostuvo que las diferencias personales impidieron durante años avanzar hacia una mayor unidad nacionalista.

 

“Dos no dialogan si uno no quiere. Ahora parece que los otros quieren, pues a dialogar se ha dicho”, expresó.

 

Recordó que ya existe un acuerdo en Arucas y avanzó que las conversaciones continuarán en otros municipios.

 

Para Fernández, esta política recupera el espíritu con el que nació Coalición Canaria en 1993: la unión de diferentes organizaciones, sensibilidades e ideologías alrededor de un proyecto nacionalista común.

 

“Tenemos que poner por delante lo que nos une para ser más fuertes y poder defender nuestros derechos aquí y en Madrid”, concluyó.