Comuneros de El Mayorazgo impugnan su última asamblea y cuestionan cuatro años de gestión

La Junta General que debía ordenar cuatro años de gestión de la Comunidad de Regantes El Mayorazgo terminó ampliando la fractura entre sus integrantes. Un grupo de comuneros ha denunciado supuestas irregularidades en la asamblea celebrada el pasado 30 de julio en la Casa Condal de Telde y ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

En un extenso escrito remitido a TELDEACTUALIDAD, los denunciantes cuestionan la composición de la mesa, el censo empleado, la participación de personas que —según sostienen— todavía no habían adquirido formalmente la condición de comuneros, la presentación de las cuentas y el procedimiento seguido para elegir una nueva dirección.

El colectivo asegura que ninguna de las principales propuestas sometidas a votación consiguió respaldo suficiente. También afirma que una de las dos candidaturas presentadas no llegó a ser leída ni admitida y que la otra fue rechazada, dejando a la comunidad en una situación de incertidumbre organizativa.

Todas las afirmaciones recogidas en esta información corresponden a la versión del grupo de comuneros firmante del documento. No consta en el escrito la respuesta de la Junta de Gobierno ni de las personas señaladas.

Una presidencia vacante desde hacía dos años

Los denunciantes aseguran que, durante los últimos dos años, el vicepresidente Pablo Orellana Guzmán había asumido la representación habitual de la Presidencia.

Según su relato, no fue hasta la asamblea del 30 de julio cuando se comunicó oficialmente la dimisión del presidente. El grupo interpreta que esa renuncia debió haberse dado a conocer con anterioridad y considera que su ocultación habría retrasado la convocatoria de elecciones.

Los comuneros críticos afirman también que han tenido dificultades para entregar comunicaciones dirigidas a la comunidad. Aseguran que algunos burofaxes no fueron recogidos en el domicilio ni en la oficina postal y que, en determinados casos, tuvieron que recurrir a la intervención de un notario, asumiendo los gastos correspondientes.

Asimismo, sostienen que en ocasiones anteriores se convocaron asambleas que fueron suspendidas cuando sus participantes ya se encontraban reunidos.

Discrepancias sobre la composición de la mesa

La Junta General del 30 de julio estuvo dirigida por Pablo Orellana Guzmán en calidad de vicepresidente.

También participaron en la mesa Sandra Crespo Iglesias, que ejerció como secretaria, y Ángel Ojeda, de Asesoría Ojeda, presentado durante el encuentro como administrador.

El grupo denunciante cuestiona la legitimidad de estos dos nombramientos. En el caso de Crespo Iglesias, indica que esta explicó haber sido nombrada por la Junta de Gobierno, un procedimiento que los críticos consideran contrario a las normas internas de la comunidad.

Los firmantes del escrito emplean igualmente el término «autoproclamado» para referirse al administrador y aseguran que no conocieron formalmente su condición hasta la celebración de la asamblea.

Polémica por el censo y el derecho al voto

Una de las principales controversias afecta a la relación de asistentes y al número de votos contabilizados.

Los denunciantes sostienen que la comunidad estaba integrada por 38 comuneros con derecho reconocido, pero que a la reunión asistieron 43 personas y llegaron a contabilizarse 46 votos.

El grupo atribuye esta diferencia a la participación de personas que, según su versión, todavía no habían sido ratificadas por la Junta General como nuevos comuneros y a la emisión de varios votos por parte de alguno de los asistentes.

Antes de comenzar las votaciones, un grupo de participantes entregó a la persona que ejercía como secretaria un escrito advirtiendo de que impugnaría la asamblea si intervenían en ella personas sin derecho acreditado.

Según los denunciantes, el documento fue recogido, pero no se leyó durante la sesión. Pese a las objeciones planteadas, la reunión continuó y se permitió votar a las personas cuya condición era cuestionada.

Recurso ante el Consejo Insular de Aguas

El grupo ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, organismo encargado de tutelar el funcionamiento de las comunidades de regantes.

Los recurrentes solicitan que se revise la legitimación de los asistentes, la validez del censo, la delegación de votos y los acuerdos adoptados durante la Junta General.

También reclaman que el Consejo intervenga para evitar que el conflicto vuelva a terminar ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los firmantes aseguran que existen varios procedimientos judiciales relacionados con la comunidad en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 2 y 6. El documento no detalla el estado actual ni el objeto preciso de cada una de estas causas.

Trece nuevos comuneros cuestionados

El primer punto del orden del día estaba dedicado a la presentación de nuevos comuneros.

Según el escrito, el vicepresidente presentó una relación de trece personas cuya incorporación es cuestionada por el grupo crítico.

Los denunciantes sostienen que estas altas no habían sido ratificadas por la Junta General y que no constaba el cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos la acreditación de las fincas y el pago de las correspondientes cuotas de ingreso.

Durante la sesión se produjeron protestas por la presencia y participación de estas personas. El vicepresidente defendió su legitimidad, mientras que algunos de los aspirantes abandonaron posteriormente la reunión.

Actas antiguas que no fueron leídas

El segundo punto contemplaba la lectura de actas anteriores. Sin embargo, los comuneros críticos aseguran que el vicepresidente decidió no proceder a su lectura, pese a que esta figuraba expresamente en la convocatoria.

Entre los documentos pendientes se encontraría el acta de una reunión celebrada el 17 de noviembre de 2022, que, según los denunciantes, tampoco habría sido remitida previamente a los miembros de la comunidad.

El siguiente apartado del orden del día correspondía al informe de Presidencia. El escrito señala que el vicepresidente leyó una extensa exposición sobre la actividad desarrollada durante los últimos cuatro años.

Los críticos afirman que este informe no fue sometido a votación y que tampoco se abrió un turno para formular observaciones, pasando la mesa directamente al siguiente asunto.

Disputa por una subvención para aguas negras

Otro de los puntos abordados fue la subvención concedida por el Consejo Insular de Aguas para su reparto entre determinados usuarios de aguas depuradas o aguas negras.

Los comuneros críticos sostienen que estas partidas se reciben desde hace más de cinco años y deben distribuirse proporcionalmente en función del consumo de cada beneficiario.

Durante la asamblea, el administrador habría cifrado la cantidad recibida en 26.473,98 euros. Sin embargo, el grupo denunciante asegura que la suma real supera los 32.000 euros.

La diferencia entre ambas cantidades constituye uno de los asuntos incluidos en la reclamación. Los firmantes sostienen que los datos de consumo necesarios para realizar el reparto figuran en las hojas mensuales remitidas junto con las facturas y critican que las ayudas continúen sin distribuirse.

El grupo considera que estas cantidades tienen una importancia directa para los agricultores que emplean aguas depuradas y reclama que se determine el importe exacto recibido, los beneficiarios y el criterio de reparto.

Debate sobre el cambio de suministro

La Junta General abordó igualmente una propuesta para autorizar a determinados comuneros el cambio de agua blanca a agua negra ante los problemas de abastecimiento.

Los denunciantes se opusieron a que esta decisión se adoptara únicamente para algunos usuarios. Defendieron la necesidad de analizar de forma monográfica el suministro procedente de Aguas de Telde y establecer criterios comunes para todas las personas afectadas.

El punto fue sometido a votación, pero el grupo asegura que inicialmente la mesa se negó a comunicar el resultado de manera inmediata.

Después de un receso se habría informado de la existencia de 46 votos, cifra que volvió a generar protestas por las dudas sobre el censo y la capacidad de algunos asistentes para emitir más de un voto.

Las cuentas de cuatro años, rechazadas

El sexto punto estuvo dedicado al informe de ingresos y gastos entre junio de 2022 y junio de 2026. Una portavoz intervino en representación de 25 comuneros para explicar las razones por las que el grupo votaría en contra de las cuentas.

Los denunciantes aseguran que la documentación entregada contenía únicamente resúmenes generales de las partidas y que faltaba parte del detalle correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2025.

También sostienen que los datos no estaban acompañados de justificantes suficientes y que durante esos cuatro años no se habían presentado presupuestos a la Junta General para su aprobación.

Otro de los reparos afecta a las cuotas de entrada de los trece supuestos nuevos comuneros. Según el documento, las cuentas solo reflejaban un ingreso de 1.000 euros correspondiente a una de las incorporaciones.

Los críticos afirman igualmente que solicitaron los movimientos completos de la cuenta bancaria, pero recibieron una documentación que consideran imposible de verificar. La comunidad habría invocado la normativa de protección de datos para justificar la información facilitada.

Diferencias en ingresos, gastos y deudas

El escrito señala una posible diferencia superior a 7.400 euros en los ingresos correspondientes a subvenciones destinadas a los comuneros con derecho a percibirlas.

También cuestiona el saldo positivo presentado por la comunidad. El grupo sostiene que más de 32.000 euros corresponderían a ayudas para usuarios de aguas negras pendientes de reparto y que, si esa cantidad se descuenta, el saldo disponible sería prácticamente inexistente.

Las cuentas recogen además deudas de comuneros por un importe de 13.838,36 euros, pero los críticos aseguran que no se identificó a las personas deudoras.

El grupo considera relevante conocer esta relación porque, según su interpretación de las normas, los comuneros que mantienen deudas podrían tener limitado su derecho a votar.

También solicita aclaraciones sobre gastos notariales cuyo objeto no habría sido especificado y sobre desembolsos jurídicos superiores a 8.500 euros, que, según afirma, no fueron autorizados por la Junta General.

La denuncia incluye asimismo un supuesto incremento superior al 100 % en el gasto mensual de asesoría y critica que se intentara aprobar el presupuesto correspondiente al periodo entre julio y diciembre de 2026 sin que el documento hubiera sido presentado.

Finalmente, el grupo pidió al tesorero que convocara una reunión para poner a disposición de los comuneros toda la documentación contable y solicitó una copia íntegra de los movimientos bancarios desde el 10 de junio de 2022.

Diferencias en el recuento

Las cuentas fueron rechazadas. Según el recuento efectuado por varios comuneros, el resultado fue de 24 votos en contra y 12 a favor. El grupo señala que la persona que actuaba como secretaria anunció, en cambio, 24 votos negativos y 14 positivos.

Los denunciantes aceptaron el resultado proclamado porque la diferencia no modificaba el rechazo de las cuentas, aunque incorporan esta discrepancia como otro ejemplo de los problemas detectados durante la sesión.

Otros dos acuerdos sin respaldo

El séptimo punto solicitaba autorización para modificar el trazado de una conducción de agua en una finca situada en Mayorazgo I y cambiar los contadores patrones de la comunidad. La propuesta fue rechazada, según los denunciantes, por 24 votos frente a 12.

El octavo asunto planteaba la regularización de unas obras ejecutadas en las instalaciones hidráulicas.

El grupo afirma que estos trabajos fueron realizados materialmente por el vicepresidente con un tractor particular y sin autorización previa de la Junta General. También sostiene que no existían permiso del Consejo Insular de Aguas, proyecto ni presupuesto aprobados.

Los denunciantes añaden que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil intervino en relación con estas actuaciones, aunque reconocen desconocer la evolución posterior de la denuncia.

La propuesta de regularización también fue rechazada por 24 votos frente a 12, siempre según la versión recogida en el escrito.

Dos candidaturas y ninguna elegida

Antes de abordar el noveno punto, dedicado a la presentación de candidaturas, el vicepresidente comunicó la dimisión del presidente.

El grupo crítico sostiene que el mandato de la Junta de Gobierno había superado ya los cuatro años y que sus integrantes debían cesar para dar paso a un nuevo equipo.

A la elección se presentaron dos candidaturas. La primera proponía a José Juan Santana Santana como presidente y a Pablo Orellana Guzmán como vicepresidente.

Los denunciantes aseguran que el vicepresidente leyó esta candidatura, pero rechazó dar lectura a la segunda, formada por Juan Miguel Martín Verona como aspirante a presidente y Gustavo Ojeda Alemán como candidato a vicepresidente.

El grupo sostiene que los estatutos obligaban a votar de manera secreta y separada los cargos de presidente y vicepresidente, mientras que el resto de la plancha debía ser ratificada conjuntamente.

Finalmente, la candidatura leída no obtuvo el respaldo de la asamblea. Los críticos interpretan que este resultado, unido a la no admisión de la segunda propuesta, dejó a la Comunidad de Regantes El Mayorazgo sin una Junta de Gobierno válidamente elegida.

La sesión acabó sin ruegos ni preguntas

Los firmantes describen una reunión marcada por la tensión, las interrupciones y los enfrentamientos verbales.

Aseguran que el vicepresidente mantuvo una actitud desconsiderada con varios asistentes y dirigió expresiones ofensivas al anterior presidente. La noticia no reproduce estas manifestaciones al no disponer de una versión contradictoria ni de una grabación completa de la sesión.

La asamblea concluyó aproximadamente a las 23.30 horas, sin llegar al apartado de ruegos y preguntas, según el relato de los denunciantes.

El grupo señala que intentó advertir de que quedaba pendiente este último punto, pero el vicepresidente dio por terminada la reunión.

Un comunicado posterior niega la celebración

La controversia aumentó días después. Según los comuneros críticos, la comunidad remitió un comunicado en el que daba por no celebrada la Junta General del 30 de julio.

El grupo afirma igualmente que la persona que ejerció como secretaria habría manifestado que no redactaría el acta siguiendo indicaciones jurídicas.

Los denunciantes cuestionan cómo puede considerarse inexistente una reunión en la que se debatieron los asuntos incluidos en el orden del día, se celebraron votaciones y se rechazaron diferentes propuestas.

También aseguran que, pese a la falta de una nueva dirección elegida, la comunidad ha continuado emitiendo la facturación mensual. Por ello, reclaman que se aclare quién autoriza esas facturas y qué facultades conserva la anterior Junta de Gobierno.

Petición de intervención al Consejo Insular

El grupo de comuneros solicita al Consejo Insular de Aguas que analice con urgencia el recurso de alzada y determine la validez de la Junta General, de las votaciones y del procedimiento electoral.

También exige transparencia en la gestión económica, acceso a los movimientos bancarios y justificantes, distribución de las subvenciones pendientes y convocatoria de un proceso electoral ajustado a los estatutos.

Los denunciantes sostienen que su objetivo es recuperar la normalidad democrática y administrativa de la Comunidad de Regantes El Mayorazgo y evitar que las diferencias internas deriven en nuevos procedimientos judiciales.