Turcón pide ampliar la exposición pública del proyecto acuícola de La Aldea

Más de siete millones de metros cuadrados de mar, una capacidad productiva superior a las 15.000 toneladas y un estudio ambiental sometido al procedimiento ordinario deben analizarse en apenas 30 días hábiles. Turcón Ecologistas en Acción considera insuficiente ese periodo y ha solicitado al Gobierno de Canarias que amplíe un mes la información pública del proyecto de jaulas marinas previsto frente a La Aldea de San Nicolás y Artenara.

La petición ha sido presentada ante la Dirección General de Pesca y afecta al proyecto de concesión acuícola promovido por Gran Canaria Bass Company, SLU, en la zona de interés acuícola ZIA-GC-9 y dentro del ámbito marino AGM-GC-9.

El Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado 24 de agosto el anuncio por el que se someten a información pública tanto el proyecto como su Estudio de Impacto Ambiental. El plazo concedido es de 30 días hábiles para que las administraciones, organizaciones y personas interesadas puedan formular alegaciones, observaciones o informes.

Más de siete kilómetros cuadrados de mar

Turcón llama la atención sobre las dimensiones de la actuación. Según los datos recogidos en el anuncio oficial, el proyecto abarca 4.268.175,99 metros cuadrados en la unidad URDS-1 y otros 2.778.733,75 metros cuadrados en la URES-2.

Ambas superficies suman algo más de 7,04 millones de metros cuadrados, equivalentes a unos siete kilómetros cuadrados de ámbito marino.

El aprovechamiento acuícola productivo previsto alcanza las 9.200 toneladas en la primera unidad y las 6.000 toneladas en la segunda. El anuncio fija también una ocupación máxima de 1.516,82 metros lineales de costa mediante estructuras del tipo jaula flotante.

El proyecto fue seleccionado como ganador del concurso público convocado por el Gobierno de Canarias en 2023, mediante una resolución de la Dirección General de Pesca dictada en febrero de 2024.

Evaluación ambiental ordinaria

El colectivo ecologista destaca que la tramitación no se limita a una evaluación ambiental simplificada.

Un acuerdo adoptado en abril de 2025 por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental determinó que el proyecto debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que podría ocasionar efectos significativos sobre el medio ambiente.

Para Turcón, esta circunstancia refuerza la necesidad de conceder tiempo suficiente para estudiar la documentación técnica y ambiental y presentar alegaciones debidamente fundamentadas.

Un plazo abierto en agosto

La organización cuestiona además que la información pública comenzara durante agosto, un periodo vacacional en el que numerosas administraciones, colectivos sociales y personas interesadas desarrollan su actividad con horarios y recursos reducidos.

«Ante el cúmulo de información que debe procesarse, solicitamos una ampliación del plazo del periodo de información pública», expone Turcón en su escrito dirigido a Pesca.

El colectivo se apoya en la Ley 39/2015, que permite ampliar los plazos administrativos cuando las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros. También invoca la Ley 27/2006 sobre acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.

Una participación «real y efectiva»

Turcón sostiene que la ampliación permitiría consultar con mayor profundidad el proyecto, examinar el Estudio de Impacto Ambiental y preparar adecuadamente la documentación necesaria para intervenir en el expediente.

La organización reclama que la ciudadanía pueda participar de forma «real y efectiva» en un procedimiento relacionado con un espacio marino de gran extensión y una elevada capacidad de producción acuícola.

La decisión sobre la prórroga solicitada corresponde ahora a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias.