Vecinos de Jinámar reclamarán en la calle la propiedad de sus viviendas

Familias de Jinámar integradas en la plataforma Vivienda por Derecho se concentrarán el miércoles 2 de septiembre ante Edificios Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria, para exigir al Gobierno de Canarias una solución sobre el futuro de las viviendas protegidas en las que residen desde hace más de tres décadas. La movilización se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas y reunirá también a afectados de Lomo Los Frailes y Valsequillo de Gran Canaria.

El colectivo defiende que durante todos estos años las familias han cumplido con el pago de los alquileres mientras esperaban poder adquirir los inmuebles. Para respaldar esa expectativa, recupera una carta enviada en 1999 por el entonces director general de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez, en la que se comunicaba la aprobación de un decreto para facilitar la compraventa de más de 7.000 viviendas de protección oficial. La plataforma suma a este antecedente un anexo formalizado en 2003 que, según interpreta, mantenía abierta la opción de compra.

La respuesta recibida recientemente de VISOCAN ha aumentado la incertidumbre. La empresa pública informa de que el Decreto 114/1999, que regulaba determinadas condiciones para la venta de viviendas autonómicas en alquiler, fue derogado por el Decreto 1/2023. También comunica que las promociones donde viven estas familias no han salido a la venta y que sus ocupantes deben continuar abonando el alquiler.

Vivienda por Derecho contrapone esta situación a otros procesos en los que, asegura, viviendas en circunstancias comparables sí terminaron en manos de sus residentes. La organización cita resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Canarias en junio y diciembre de 2023 y en marzo de 2025, y reclama conocer qué criterios permitieron aquellas operaciones y por qué no se han aplicado a las familias actualmente movilizadas.

La reivindicación no se limita al acceso a la propiedad. Los afectados quieren mantener una reunión con los responsables autonómicos de Vivienda y critican que hasta ahora no hayan sido recibidos por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León; y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

La plataforma insiste en que no solicita la cesión gratuita de los inmuebles, sino una respuesta sobre las condiciones en las que podrían convertirse en propietarios después de décadas como arrendatarios. Su objetivo inmediato es que el Ejecutivo autonómico abra una negociación con las familias y aclare qué validez tienen hoy los compromisos y documentos que sustentaron durante años sus expectativas de compra.