UGT pide revisar la temporalidad en el Ayuntamiento de Telde

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Telde reclama al Gobierno municipal que revise individualmente las situaciones de temporalidad abusiva existentes en la plantilla y adopte las medidas necesarias para reparar los perjuicios ocasionados a los trabajadores afectados.

La organización sindical realiza esta petición después de la sentencia dictada el pasado 8 de julio por el Tribunal Supremo, que vuelve a situar en el centro del debate el uso prolongado de la contratación temporal dentro de las administraciones públicas.

UGT sostiene que las instituciones no pueden mantener durante años a trabajadores ocupando puestos estructurales mediante nombramientos o contratos temporales y esperar que ese incumplimiento no tenga consecuencias.

«El abuso de la temporalidad no puede salir gratis», sentencia el sindicato en el comunicado remitido a los medios de comunicación.

Años ocupando puestos estructurales

UGT denuncia que, durante demasiado tiempo, las administraciones públicas han empleado la temporalidad como una solución permanente para cubrir necesidades que tienen carácter estructural.

El sindicato se refiere a empleados que han desarrollado durante años las mismas funciones, encadenando nombramientos o contratos temporales, mientras las plazas no se cubrían definitivamente dentro de los plazos establecidos legalmente.

Esta situación, sostiene la organización, genera precariedad e inseguridad en personas que han prestado sus servicios con responsabilidad y profesionalidad, pero sin disponer de la estabilidad laboral que les correspondía.

«Cuando una Administración mantiene durante años a trabajadores y trabajadoras en una situación de temporalidad injustificada, está generando precariedad, inseguridad y un perjuicio que debe tener consecuencias», expone UGT.

La sección sindical considera que el incumplimiento de las obligaciones administrativas no puede trasladarse a la parte más débil de la relación laboral.

La sentencia del Tribunal Supremo

La resolución judicial en la que se apoya UGT reconoce el derecho de la trabajadora afectada a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios derivados del abuso de la contratación temporal. El pronunciamiento tiene su origen en un caso que llegó previamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo también acordó remitir las actuaciones a la Inspección de Trabajo. La información oficial sobre la resolución fue publicada por el Consejo General del Poder Judicial.

UGT interpreta el pronunciamiento como un nuevo avance hacia la aplicación de respuestas «reales, efectivas, proporcionales y suficientemente disuasorias» frente al uso irregular de la temporalidad.

Para el sindicato, ya no resulta suficiente reconocer formalmente que se ha producido una situación irregular si el trabajador continúa soportando las consecuencias de años de precariedad.

«La Administración no puede incumplir la ley y pensar que no habrá consecuencias», recalca la sección sindical.

Llamamiento al Ayuntamiento de Telde

UGT considera que esta doctrina debe provocar una reflexión profunda en todas las administraciones públicas y, de manera particular, en el Ayuntamiento de Telde.

La organización pide que la situación de la plantilla municipal no se aborde únicamente mediante cifras, expedientes o plazas incorporadas a la Relación de Puestos de Trabajo.

«Detrás de cada situación de temporalidad hay trabajadores y trabajadoras que durante años han desarrollado su trabajo con responsabilidad, profesionalidad y compromiso con los servicios públicos, sin tener la estabilidad que merecían», argumenta.

El sindicato reclama que el Ayuntamiento analice los nombramientos o contratos prolongados, determine en qué casos pudo existir un abuso y adopte las medidas que correspondan conforme a la normativa y la jurisprudencia.

Un análisis individual

UGT precisa que las posibles responsabilidades e indemnizaciones deberán estudiarse caso por caso. La resolución del Supremo no supone que exista una compensación automática o idéntica para todas las personas que hayan prestado servicios temporalmente en una Administración.

Será necesario analizar la duración de cada relación, las circunstancias de los nombramientos o contratos, las plazas ocupadas y los perjuicios que cada trabajador pueda acreditar.

La organización sindical entiende, sin embargo, que la sentencia abre una vía relevante para quienes hayan sufrido daños como consecuencia de una temporalidad abusiva.

«No estamos hablando de un privilegio. Estamos hablando de derechos laborales, cumplimiento de la ley y responsabilidad de la Administración», subraya el comunicado.

Convocar las plazas y cumplir los plazos

La sección sindical recuerda que corresponde a la Administración convocar las plazas, desarrollar los procesos selectivos y evitar que necesidades permanentes sean atendidas indefinidamente mediante personal temporal.

UGT reclama la puesta en marcha de todos los procesos necesarios para reducir la temporalidad y acabar con aquellas situaciones que puedan considerarse abusivas.

También exige que se depuren las responsabilidades correspondientes cuando un incumplimiento haya ocasionado un perjuicio a los trabajadores y que se articulen fórmulas para reparar los daños demostrados.

La organización sostiene que no puede responsabilizarse a los empleados de la falta de planificación, de los retrasos en las convocatorias o de la ausencia de procesos para cubrir definitivamente las plazas.

«No puede pagar el trabajador»

UGT anuncia que continuará defendiendo a los empleados municipales y exigiendo que todas las decisiones del Ayuntamiento de Telde se ajusten a la legalidad.

La sección sindical insiste en que no se puede mirar hacia otro lado cuando una Administración incumple sus obligaciones durante años.

«Si durante años se ha mantenido a trabajadores y trabajadoras en situaciones de temporalidad abusiva, ahora habrá que analizar caso por caso las responsabilidades y las posibles indemnizaciones que correspondan conforme a la legislación y a la jurisprudencia vigente», concluye.

El sindicato resume su posición con una última advertencia: «Si la Administración incumple, no puede ser el trabajador quien pague las consecuencias».