2027, ciclo electoral reaccionario

El nuevo curso político dará sus primeros pasos en septiembre, tras este verano marcado en el ámbito estatal, de momento, por las consecuencias de la crisis climática en los devastadores incendios forestales y la grave actuación de Marruecos en Ceuta, en medio de la dividida y débil respuesta española y europea. Lo hará con la intensidad propia de un periodo marcado por las elecciones generales, aún sin fecha, y los comicios locales y autonómicos que se celebrarán a finales de mayo de 2027. Un momento especialmente delicado en el que no se juega solo quiénes dirigirán las distintas instituciones, sino también qué pasará con elementos esenciales del estado social, con las libertades y los derechos cívicos y, en definitiva, con los valores democráticos. Nos encontramos en un ciclo de enorme derechización, en el que las derechas tradicionales, del PP a Junts pasando por CC, van asumiendo los postulados y políticas que inicialmente eran patrimonio exclusivo de la extrema derecha.

Los sondeos repiten un panorama en el que podrían gobernar con una cómoda mayoría absoluta PP y Vox, en un ejecutivo que contaría con toda seguridad con el apoyo de los regionalistas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). Sería el Gobierno más radicalmente de derechas de todo el periodo democrático iniciado tras el final de la dictadura franquista. Un gobierno en el que, como estamos viendo en varias comunidades autónomas, la ultraderecha impondrá al PP su agenda reaccionaria respecto al cambio climático, la violencia contra las mujeres o las personas migrantes, en este último caso colocando en primer plano el lepeniano lema de la ‘prioridad nacional’, que muestra con crudeza su racismo y xenofobia. Sin olvidar su obsesión por realizar profundos recortes sociales y en los servicios públicos.

Derechos cívicos, pensiones y servicios públicos

Es evidente que la ultraderecha arrastra a su terreno a las otras derechas poniendo en grave riesgo, entre otros asuntos, los derechos cívicos y libertades alcanzados en esta etapa democrática. La derogación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la Ley Integral de Violencia de Género o de las leyes LGTBI se encuentran entre las propuestas ultras. También otras que afectan a la libertad de expresión.

Además, desde posiciones iliberales pretenden reducir el papel del Estado en la sociedad y proceder a la desregulación del mercado laboral, a la congelación del salario mínimo y a la eliminación de las prestaciones a los más vulnerables, mientras se apoya a los monopolios, se bajan impuestos a los ultrarricos y se facilitan las privatizaciones. La reducción de las pensiones de jubilación también forma parte de su agenda.

Defienden, igualmente, un estado más pequeño y con menos poder de actuación que se refleja en la reducción de recursos para la educación y la sanidad pública; y una política de vivienda favorecedora de los grandes inversores y restringiendo el papel de la vivienda pública.

Centralismo y predominio de la internacional reaccionaria

Por otra parte, el centralismo es otra de las señas de identidad del conservadurismo extremo, poniendo en cuestión al estado de las autonomías y apostando por la recentralización de competencias. Y, asimismo, la subordinación a la política internacional más reaccionaria, la que representan Trump o Netanyahu, en materia de seguridad, de derechos humanos o en la forma de abordar el fenómeno migratorio. Con su absoluto desprecio al derecho internacional, la liquidación de Naciones Unidas y el fomento del armamentismo y las guerras.

Los pequeños y grandes avances sociales se encuentran en serio riesgo. Se observa en el Estados Unidos trumpista en el que la democracia se tambalea ante los ataques autoritarios que la cuestionan. Pero también en otros muchos lugares donde la ultraderecha viene aplicando sus políticas más conservadoras e iliberales. Que mezclan desprecio al planeta -negación del cambio climático, nulo interés en las energías renovables y en la protección del territorio y de medio ambiente- con la programada destrucción de las políticas sociales que posibilitan avanzar hacia un mundo más justo y equilibrado. 

¿Es inevitable esa mayoría ultraconservadora en el Congreso y en el Senado español y sus terribles consecuencias sociales, humanitarias y medioambientales? No, aunque los sondeos más recientes no resulten precisamente alentadores. Pero para impedirlo se precisa de una gran movilización social y electoral de los sectores progresistas. Con fórmulas unitarias, adaptadas a las distintas realidades territoriales, de la izquierda confederal, del propio espacio socialista y del nacionalismo consecuente para frenar el ascenso ultra como ocurrió en las elecciones de julio del año 2023.

Y no solo para actuar como dique de contención frente a la extrema derecha, sino articulando un programa creíble, ilusionante y realizable ante los graves problemas de la ciudadanía -los bajos salarios y la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la respuesta ante el envejecimiento y la soledad, la seguridad pública entendida en un sentido amplio…-, sin olvidar asuntos tan relevantes como la crisis climática y sus consecuencias -las olas de calor, los incendios o las brutales inundaciones- que tanta destrucción y muerte están ocasionando. Así como trabajando para ofrecer respuestas ordenadas y regladas a los flujos migratorios.

¿Y en Canarias?

Junto a los daños que un gobierno estatal ultraconservador causaría a la más alejada de las comunidades (con preocupantes parámetros sociales, entre ellos una pobreza cronificada y unos bajos ingresos de buena parte de la población), en Canarias pueden repetirse los negativos efectos de un Gobierno de las dos derechas, CC (y sus nuevos aliados) y PP. Con la más que segura incorporación de Vox, como ya pasa en varios ayuntamientos de las islas, incorporándose al gobierno o apoyando parlamentariamente al mismo. Implicando, por tanto, el mantenimiento e intensificación de las actuales políticas conservadoras en materia fiscal, económica y social.

Como viene sucediendo en esta legislatura, donde con el viento económico a favor, con récords turísticos en visitantes y en gasto efectuado en las Islas, con dinero a espuertas europeo y español, sobrándoles por ahora casi 3.500 millones, la comunidad canaria se mantiene a la cabeza en pobreza, bajos salarios, abandono escolar temprano, deficitaria aplicación de la ley de la dependencia y crisis de los servicios públicos. Mientras se reproduce un modelo insostenible, con un desarrollismo turístico sin límites que ocupa más territorio, origina daños medioambientales y dificulta la convivencia, expulsando a la gente de sus barrios y acabando con el comercio tradicional.

Igualmente, vivimos en un periodo de enorme inestabilidad en el que las cesiones a Marruecos respecto al Sahara por parte de Sánchez y Clavijo solo han servido para que Mohamed VI abra nuevos frentes y ponga a Ceuta y Melilla en el punto de mira. Con toda seguridad se intensificará en el próximo periodo, fomentando nuevas crisis migratorias y redoblando sus exigencias sobre las aguas canarias y sobre el espacio aéreo.

Unidad progresista de obediencia canaria

El espacio de las izquierdas canarias en los peores momentos no ha bajado del 15% en las elecciones canarias o en las generales. Suficiente, si se produce un proceso de unidad, para obtener representación en las Cortes y conseguir un amplio grupo en el Parlamento de Canarias, así como una presencia significativa en los cabildos insulares y en la mayoría de los ayuntamientos. Siendo imprescindibles para el establecimiento de mayorías progresistas en las instituciones.

Para ello resulta indispensable alcanzar, con generosidad y altura de miras, los mayores grados de unidad posibles. Con un programa de mínimos, de alto contenido social, medioambiental y de defensa del autogobierno, que responda a los grandes retos de la sociedad canaria. Pensando no solo en el corto plazo sino haciéndolo con perspectivas de futuro. Tratando de frenar a la ultraderecha y sus reaccionarias propuestas y, al mismo tiempo, planteando alternativas viables que mejoren las condiciones de la mayoría social, especialmente de las clases medias y trabajadoras.

Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategias, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC).