La infancia no tiene patria, tiene derechos

Hay palabras que deberían permanecer al margen del ruido político porque pertenecen al patrimonio moral de la humanidad. Una de ellas es infancia. Basta pronunciarla para que regresen los recuerdos de la escuela, de los juegos interminables, de la protección de una madre, de la firmeza serena de un padre o de la mano de un maestro que enseñaba mucho más que matemáticas o lengua. La infancia es el territorio de la inocencia y de la esperanza. Es el tiempo en el que la sociedad tiene la obligación de cuidar antes que juzgar.

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, no distingue entre niños ricos o pobres, nacionales o extranjeros, blancos o negros. Reconoce algo mucho más profundo: todos los menores poseen la misma dignidad y el mismo derecho a ser protegidos. Ese principio debería bastar para orientar cualquier decisión pública.

Sin embargo, vivimos tiempos extraños. Tiempos en los que el sufrimiento de un niño o una niña puede convertirse en un argumento electoral. Tiempos en los que una tragedia humanitaria se reduce a un eslogan. Tiempos en los que algunos parecen haber olvidado que antes de ser inmigrantes, antes de ser extranjeros, antes incluso de tener un nombre que aparezca en una estadística, son simplemente niños y niñas.

Los acontecimientos vividos en Ceuta vuelven a enfrentarnos con esa realidad incómoda. Detrás de cada menor migrante no acompañado existe una historia que rara vez aparece en los discursos. Hay pobreza, guerras olvidadas, violencia, hambre, persecución o la desesperación de unos padres que toman la decisión más dolorosa de sus vidas: dejar marchar a un hijo con la esperanza de que sobreviva.

No todos los casos son iguales. Algunos menores desean regresar con sus familias, y cuando ese regreso garantiza plenamente su seguridad, su bienestar y responde a su interés superior, debemos hacer todo lo posible para que puedan volver a casa. Nadie puede sustituir el amor de una familia cuando esta puede proteger a sus hijos e hijas.

Pero también existen miles de menores cuya realidad es mucho más dura. Niños, niñas y adolescentes que no tienen un hogar seguro al que regresar. Que han cruzado el desierto, dormido en la calle, sobrevivido a las mafias y desafiado al océano para llegar a una costa que apenas conocen. Esos menores no necesitan discursos grandilocuentes. Necesitan protección, educación, asistencia sanitaria, estabilidad emocional y la oportunidad de reconstruir una vida que nunca debió romperse.

Durante mi etapa como maestro en Jinámar aprendí una lección que todavía me acompaña. Recuerdo las conversaciones con mis compañeros y compañeras del claustro cuando analizábamos situaciones de enorme vulnerabilidad familiar. Todos coincidíamos en una idea sencilla, pero profundamente humana: el mejor lugar para un niño es junto a sus padres, salvo cuando permanecer con ellos suponga un riesgo para su integridad. Aquella afirmación no nacía de la teoría, sino de la experiencia acumulada entre quienes convivíamos cada día con la infancia.

También aprendimos otra realidad menos amable: la Administración, por mucho esfuerzo que haga, nunca podrá sustituir completamente el calor de una familia. Los centros de protección cumplen una función imprescindible, pero ningún recurso institucional puede reemplazar un abrazo sincero o la seguridad de un hogar.

Quizá por eso me conmueve especialmente la situación de los menores que llegan solos a nuestras fronteras. Porque su vulnerabilidad supera todo aquello que conocimos entonces. Son niños y niñas que cargan con responsabilidades de adultos. Han perdido demasiado pronto la tranquilidad de la infancia.

Años después, como concejal de Servicios Sociales, esa convicción se hizo todavía más fuerte. En cada decisión procurábamos colocar en el centro el interés superior del menor. Ese principio no entendía de ideologías ni de estrategias partidistas. Era, sencillamente, una obligación ética.

Por eso duele comprobar cómo el drama de estos niños termina convertido en un campo de confrontación política. En lugar de buscar soluciones compartidas, algunos optan por alimentar el miedo, exagerar los problemas o difundir informaciones falsas para obtener un puñado de votos. Cuando la política deja de mirar a los ojos de un niño y comienza a verlo únicamente como un instrumento electoral, pierde una parte esencial de su razón de ser.

Las democracias no se fortalecen sembrando temor. Se fortalecen protegiendo derechos. La fortaleza de un Estado no se mide únicamente por su capacidad para controlar sus fronteras, sino también por su capacidad para defender la dignidad humana de quienes llegan hasta ellas en las peores circunstancias.

Canarias conoce bien esta realidad. Somos un pueblo nacido del encuentro entre culturas. Nuestra historia está marcada por la emigración de miles de canarios que cruzaron el Atlántico buscando en Cuba, Venezuela o Uruguay aquello que su tierra no podía ofrecerles. Nuestros abuelos también fueron recibidos en puertos lejanos con una mezcla de solidaridad y desconfianza. Quizá por eso deberíamos ser especialmente sensibles cuando otros pueblos llaman hoy a nuestra puerta.

La solidaridad no significa ingenuidad. Toda política migratoria necesita orden, cooperación internacional, responsabilidad compartida y planificación. Los Estados tienen derecho y obligación de gestionar sus fronteras. Pero ninguna de esas políticas puede construirse sacrificando los derechos de la infancia. El interés superior del menor debe seguir siendo el primer criterio de actuación.

Me preocupa, como ciudadano y como educador, que los bulos, la mentira organizada y la desinformación estén erosionando nuestra convivencia. La historia demuestra que el odio nunca aparece de repente. Siempre comienza deshumanizando al otro, convirtiéndolo en una amenaza antes que en una persona.

No deberíamos permitir que ese proceso siga avanzando. No porque todos debamos pensar igual sobre la inmigración, sino porque todos deberíamos coincidir en una idea fundamental: ningún niño merece crecer siendo utilizado como arma política.

La infancia nos pone siempre frente a un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué sociedad queremos construir. Una que responda al miedo levantando muros o una que responda con justicia, responsabilidad y humanidad.

Cada menor que llega solo hasta nuestras costas nos está haciendo esa pregunta. La respuesta no definirá únicamente su futuro. Definirá también el nuestro.

Porque una sociedad que protege a sus niños y niñas protege su propia conciencia. Y una sociedad que convierte a la infancia en enemiga termina perdiendo aquello que la hacía verdaderamente humana.

Diego Fernando Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.