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Miércoles, 12 de Agosto de 2026

Actualizada Miércoles, 12 de Agosto de 2026 a las 07:49:53 horas

Movilización vecinal

El Valle de Jinámar mostrará sus grietas y llevará su protesta al Gobierno

Los representantes mostrarán este jueves los daños del bloque 9 de Manuel Alemán Álamo y el lunes se concentrarán en la capital para exigir soluciones

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ/Telde JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ/Telde Miércoles, 12 de Agosto de 2026 Tiempo de lectura: Actualizada Miércoles, 12 de Agosto de 2026 a las 07:03:46 horas

Representantes vecinales de Valle de Jinámar mostrarán este jueves uno de los bloques de la calle Manuel Alemán Álamo y se concentrarán el lunes ante el Gobierno de Canarias para reclamar actuaciones pendientes del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). La protesta tendrá lugar de 10.30 a 12.00 horas en el Edificio de Usos Múltiples II, ocho años después de la firma del convenio entre el Estado, Canarias y el Ayuntamiento de Telde, tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD.

 

La primera convocatoria será este jueves, a las 10.30 horas, en el número 9 de Manuel Alemán Álamo. Allí, los representantes vecinales enseñarán sobre el terreno los daños que presenta el inmueble y expondrán sus reclamaciones ante los medios. Cuatro días después trasladarán la protesta a las dependencias del Ejecutivo autonómico, con demandas dirigidas tanto al Gobierno de Canarias como al Ayuntamiento de Telde.

 

El origen de una parte de las actuaciones se remonta al convenio firmado el 14 de diciembre de 2017 por el Ministerio de Fomento, el Gobierno autonómico y el consistorio. El acuerdo movilizaba 2.717.000 euros: 2,3 millones procedentes del Estado, 300.000 euros de Canarias y 117.000 del Ayuntamiento. Fomentas quedó encargada de gestionar las intervenciones de rehabilitación y urbanización. El documento describía "deterioro" en las armaduras, pérdida del hormigón de recubrimiento, humedades en el arranque de pilares y "problemas" de cimentación y estructura en varias torres. También recogía "deficiencias" en cubiertas, fachadas, zonas comunes e instalaciones, además de problemas de accesibilidad y urbanización en el entorno.

 

El programa incluía la rehabilitación de la Gerencia Municipal, el Centro de Menores y varias torres de entre nueve y doce plantas, con un máximo de 392 viviendas, además de la regeneración y reurbanización de la zona. El calendario inicial fijaba el 30 de junio de 2021 como fecha para terminar las actuaciones y el 30 de septiembre del mismo año para justificar la inversión.

 

Esos plazos fueron ampliados posteriormente. Una adenda firmada en septiembre de 2021 prorrogó la finalización de las obras hasta el 30 de septiembre de 2022 y la justificación de los fondos hasta el 31 de diciembre de ese año. La vigencia del convenio terminó también en esa última fecha. 

 

Durante esos años sí se desarrollaron distintas actuaciones dentro del ARRU y el programa ha continuado después mediante nuevas fases. En diciembre de 2024, Fomentas reanudó las obras de rehabilitación de 372 viviendas después de la paralización provocada por la salida de la adjudicataria inicial. El Ayuntamiento cifraba entonces en un 35 % la ejecución de esos trabajos y situaba su finalización prevista en diciembre de 2025.

 

La reclamación que se hará visible esta semana se apoya también en problemas detectados con posterioridad. En julio de 2025, un técnico municipal inspeccionó el bloque nueve de Manuel Alemán Álamo y confirmó daños en los pilares de los locales de la planta baja. El informe fue remitido al Instituto Canario de la Vivienda, organismo competente en materia de rehabilitación de vivienda pública.

 

El documento municipal identificó fisuras longitudinales, carbonatación del hormigón y oxidación de las armaduras, patologías que reducen la capacidad portante y pueden afectar a la estabilidad estructural del edificio. También señaló deficiencias en forjados y en las instalaciones de fontanería y saneamiento y planteó la adopción de medidas correctoras.

 

Los técnicos propusieron iniciar un procedimiento de orden de ejecución para que la comunidad de propietarios aportara un proyecto que determinase las medidas necesarias de protección y refuerzo estructural. El coste inicial de ese estudio fue estimado en unos 8.500 euros, mientras el informe municipal fue remitido al Gobierno de Canarias para su valoración.

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