Canarias un protocolo con Galápagos para colaborar en innovación y sostenibilidad

El Gobierno de Canarias y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos han firmado un protocolo de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas en innovación y sostenibilidad. El documento contempla el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambos archipiélagos y la posibilidad de impulsar proyectos relacionados con problemas comunes de los territorios insulares.

El protocolo fue suscrito por el viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, y el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Carlos Enrique Ortega. La colaboración surgió después del contacto mantenido con autoridades ecuatorianas durante la segunda edición de DiploInnova Canarias, celebrada en Madrid el pasado febrero.

Entre las actuaciones previstas figuran el intercambio de delegaciones técnicas e investigadores, la organización de talleres y seminarios y la creación de grupos de trabajo especializados. El acuerdo también contempla el desarrollo de proyectos piloto y la transferencia de conocimientos que puedan aplicarse posteriormente a políticas públicas de ambos territorios. Las materias abarcan la transición energética y la movilidad sostenible, la gestión del agua, la conservación de la biodiversidad, la bioseguridad y el control de especies invasoras. También aparecen la planificación territorial, la gobernanza insular y las medidas relacionadas con el reto demográfico.

El protocolo incorpora además la economía circular y la gestión de residuos, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial, la conservación del medio marino y los recursos pesqueros. A estos ámbitos se suman la adaptación al cambio climático, la resiliencia de los territorios insulares y el intercambio de experiencias sobre políticas públicas.

Canarias y Galápagos podrán intercambiar información y especialistas, promover reuniones técnicas e identificar iniciativas y programas de interés común. El documento establece también la posibilidad de formular y evaluar conjuntamente proyectos que posteriormente requieran instrumentos específicos para su desarrollo.

El protocolo no genera por sí mismo obligaciones jurídicas ni financieras para ninguno de los dos archipiélagos. Cualquier compromiso económico o legal derivado de proyectos concretos deberá recogerse posteriormente en acuerdos específicos.