La lucha canaria: de la confrontación al pacto

De la confrontación al pacto: la Lucha Canaria, entre los intereses políticos y la necesidad de recuperar su autonomía

La restitución judicial del presidente de la Federación abre nuevos interrogantes sobre el futuro de la institución, el cumplimiento de la resolución y el papel de la Dirección General de Deportes

La Lucha Canaria vuelve a encontrarse en el centro de una situación que trasciende lo estrictamente deportivo. Los acontecimientos de los últimos meses, y especialmente la resolución judicial que obligó a la Dirección General de Deportes a restituir en la presidencia de la Federación de Lucha Canaria a quien había sido apartado del cargo, han modificado sustancialmente el escenario que se había configurado durante los últimos años.

La Dirección General de Deportes había acordado en su momento la sustitución del presidente y el nombramiento de una comisión gestora para asumir provisionalmente las funciones federativas. De aquella etapa surgió posteriormente una junta de gobierno integrada, en buena medida, por personas que habían asumido la dirección de la Federación tras la salida del anterior presidente.

La resolución judicial cambió ese escenario y obligó a restituir al presidente apartado. Sin embargo, lejos de cerrar definitivamente el conflicto, la situación ha generado nuevos interrogantes.

Uno de ellos tiene que ver con la convocatoria de elecciones federativas. Según se recoge en el análisis realizado, la resolución judicial establecía un plazo de quince días para iniciar el correspondiente proceso electoral. El hecho de que dicho proceso no se produjera dentro de ese plazo plantea dudas que deberían ser aclaradas públicamente por las partes implicadas, especialmente en relación con el cumplimiento efectivo de la resolución judicial y la situación actual de la Federación.

A ello se suma la aparente fragilidad de la actual estructura federativa. La organización de las competiciones ha aumentado considerablemente en los últimos años y exige una Federación con capacidad suficiente para afrontar sus responsabilidades. La falta de una junta de gobierno amplia y estable constituye, por tanto, una cuestión que merece atención.

En este contexto han comenzado a circular versiones sobre un posible acercamiento entre sectores que hasta hace poco mantenían posiciones enfrentadas. Si finalmente existiera algún tipo de entendimiento o pacto de no confrontación, sería razonable que las partes explicaran públicamente sus términos y objetivos.

No se trata de cuestionar que puedan alcanzarse acuerdos. Todo lo contrario. La Lucha Canaria necesita acuerdos que permitan garantizar su estabilidad. Pero esos acuerdos deberían responder al interés general del deporte y ser conocidos por quienes forman parte de él, no convertirse en arreglos de carácter político o personal que terminen condicionando su futuro.

Una pregunta que vuelve al origen del conflicto

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando se recuerda el origen de algunas de las reivindicaciones históricas de la Lucha Canaria.

Durante décadas se reclamó que nuestro deporte pudiera decidir su propio destino y dejar atrás la tutela de organismos externos. Fueron años de reivindicación frente a decisiones que, según denunciaban entonces numerosos sectores, se adoptaban desde Madrid sin contar suficientemente con la opinión de luchadores, clubes y demás estamentos de la Lucha Canaria en Canarias.

Aquella reivindicación llegó incluso al ámbito institucional. Según consta en el recorrido histórico recogido en este análisis, el Ayuntamiento de La Laguna aprobó una moción promovida y defendida por el grupo de Coalición Canaria en la que se reclamaba la independencia de la Lucha Canaria respecto de la tutela de la Federación Española.

Y aquí aparece una cuestión que merece ser planteada.

Hoy, la Dirección General de Deportes está representada por una persona vinculada a Coalición Canaria, el mismo espacio político que en su momento defendió la necesidad de que la Lucha Canaria alcanzara una mayor autonomía respecto de las estructuras federativas externas. Pero la cuestión no termina ahí: el propio Gobierno de Canarias está presidido por una fuerza política que comparte esas mismas siglas.

Y existe además otro elemento que merece ser recordado. La Lucha Canaria ha conseguido importantes reconocimientos institucionales a lo largo de este camino, entre ellos su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento de enorme importancia para la protección y preservación de nuestro deporte y de todo lo que representa como patrimonio cultural de Canarias.

Y aquí aparece otra circunstancia que tampoco debería pasar desapercibida: ese reconocimiento fue impulsado precisamente desde el mismo espacio político, Coalición Canaria, que hoy está al frente del Gobierno de Canarias y que también está representado en la Dirección General de Deportes.

La coincidencia, por sí sola, no permite extraer conclusiones sobre las decisiones actuales. Pero sí plantea una cuestión legítima sobre la coherencia entre lo que se defendió entonces y lo que se está haciendo ahora.

Porque si aquel reconocimiento institucional partía de la consideración de la Lucha Canaria como una manifestación propia de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural, ese mismo principio debería traducirse hoy en un compromiso inequívoco con su autonomía, estabilidad, transparencia y capacidad para decidir su propio futuro.

No parece razonable reivindicar la singularidad y el valor cultural de la Lucha Canaria cuando se trata de reconocerla como BIC y, al mismo tiempo, aceptar que su funcionamiento pueda quedar condicionado por intereses políticos, personales o externos a sus propios estamentos.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa que quienes representan hoy a ese mismo espacio político tienen responsabilidades directas sobre las instituciones que intervienen en el ámbito deportivo.

Por eso cabe preguntarse si aquellos principios de autonomía que se defendían entonces continúan inspirando la actuación de quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno y, en particular, de quienes tienen competencias directas sobre el deporte y sobre la Federación de Lucha Canaria.

No se trata de cuestionar la legitimidad de las instituciones para ejercer sus competencias, ni de atribuir automáticamente una determinada intención política a sus responsables. Se trata de algo más sencillo: exigir coherencia entre los principios defendidos entonces y las decisiones adoptadas ahora.

Los mismos que ayer reclamaban autonomía para la Lucha Canaria, que defendieron su reconocimiento institucional y que contribuyeron a poner en valor su condición de patrimonio cultural, son hoy quienes, desde las instituciones, tienen la responsabilidad de garantizar que esa autonomía no quede reducida a una declaración de principios.

Si hace más de cuarenta años se reclamaba que la Lucha Canaria pudiera gobernarse con mayor autonomía, atendiendo a la voz de sus propios estamentos y sin tutelas externas, resulta legítimo preguntarse qué ha cambiado para que hoy vuelva a existir una percepción de dependencia respecto de decisiones políticas o institucionales.

¿Autonomía o una nueva dependencia?

La Lucha Canaria ha conseguido importantes reconocimientos institucionales a lo largo de este camino, entre ellos su declaración como Bien de Interés Cultural. Ese reconocimiento debería representar un compromiso añadido con su protección, su estabilidad y su futuro.

Sin embargo, la realidad actual vuelve a estar marcada por la confrontación, las dudas sobre la gestión federativa y la intervención de diferentes intereses alrededor de una institución que debería tener como prioridad exclusiva el desarrollo de nuestro deporte.

La pregunta de fondo es, por tanto, sencilla:

¿Se ha conseguido realmente la autonomía por la que tantos lucharon durante décadas o simplemente se ha sustituido una forma de dependencia por otra?

Porque si después de más de cuarenta años el resultado es que la Lucha Canaria continúa condicionada por intereses externos a sus propios estamentos, habría que preguntarse qué sentido tuvieron aquellas reivindicaciones.

La Lucha Canaria no pertenece a un partido político, ni a una administración, ni a una persona concreta. Pertenece a sus luchadores, clubes, mandadores, árbitros, aficionados y a toda una sociedad que ha mantenido vivo este deporte durante generaciones.

Por eso necesita dirigentes que estén al servicio de la Lucha Canaria y no una Lucha Canaria al servicio de quienes circunstancialmente ocupan posiciones de poder.

Necesita estabilidad, transparencia, respeto a las normas y capacidad de gestión. Y, sobre todo, necesita recuperar el espíritu de aquella reivindicación que durante décadas defendió algo tan sencillo como fundamental: que la Lucha Canaria pueda decidir su propio destino.

Como advertía John Stuart Mill, «el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo que aquel sobre el que se ejerce». Una reflexión que, más de un siglo después, sigue planteando una pregunta incómoda: cuando una institución nació para representar a quienes forman parte de ella, ¿quién debe tener la última palabra sobre su destino?

Quizá ahí esté precisamente el verdadero debate que la Lucha Canaria tiene pendiente, después de estos últimos años de negros nubarrones que siguen cerniéndose sobre su futuro.

Porque, como decía aquel viejo verso dedicado a nuestra lucha, «te alzas severo y triunfante». Y quizá haya llegado de nuevo el momento de levantarse, sacudirse las viejas tutelas y decidir, por sí misma, el camino que quiere recorrer.

Porque si para este viaje hemos terminado cambiando una dependencia por otra, quizá, como dice el viejo refrán, para este viaje no hacían falta alforjas.

Jose Trujillo Artiles, ciudadano de Telde y exluchador (Barranquera IV).