La entrada en vigor de la nueva Ley de Cabildos Insulares ha modificado la información que los cabildos y ayuntamientos canarios deben publicar obligatoriamente en sus portales de transparencia. El Comisionado de Transparencia de Canarias ha comunicado a ambas administraciones los cambios derivados de la Ley 3/2026, vigente desde el pasado 30 de junio.
La norma sustituye el catálogo específico que regulaba las obligaciones de publicidad activa de los cabildos desde 2015 por el régimen general recogido en la Ley canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta modificación también afecta a los ayuntamientos, ya que sus obligaciones se establecen tomando como referencia las aplicables a las corporaciones insulares.
En el caso de los cabildos y sus entidades dependientes, se incorporan 18 obligaciones procedentes del régimen general de transparencia. Otras quince que hasta ahora eran exigibles dejan de ser obligatorias y pasan a considerarse recomendaciones de cumplimiento voluntario. El balance supone un incremento de tres exigencias. Los ayuntamientos deberán asumir veinte nuevas obligaciones de publicidad activa, mientras que 18 de las anteriores se convierten en recomendaciones voluntarias. Por tanto, el número total de contenidos que tendrán que publicar obligatoriamente aumenta en dos.
Entre las novedades figura la publicación de los acuerdos alcanzados con sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales, así como las listas utilizadas para contratar personal y las indemnizaciones abonadas por dietas y gastos de viaje a cargos públicos y personal directivo. Las administraciones también deberán difundir sus cartas de servicios y compromisos de calidad, el límite de gasto no financiero, el inventario de bienes y derechos y una información más detallada sobre sus operaciones patrimoniales.
La reforma amplía igualmente las exigencias relacionadas con la contratación pública. Los portales de transparencia deberán recoger las prórrogas y modificaciones de contratos, los contratos de campañas publicitarias y sus correspondientes planes de medios, además de información más detallada sobre las encomiendas de gestión y los encargos realizados a medios propios.
La relación incorpora asimismo los convenios y sus adendas, las subvenciones concedidas sin concurrencia pública, la documentación completa de los instrumentos de ordenación territorial y la información estadística de interés para la comunidad autónoma. También deberá publicarse la información solicitada con mayor frecuencia por los ciudadanos mediante el derecho de acceso.
El Comisionado de Transparencia ha enviado a cabildos y ayuntamientos dos relaciones actualizadas con las obligaciones actualmente vigentes. Además, ha recordado a las corporaciones insulares que les corresponde crear y mantener sus portales de transparencia y garantizar el cumplimiento de estas exigencias por parte de las entidades que integran su sector público.
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