
El Ayuntamiento de Telde ha retirado 13 perros de caza de una finca situada en el barrio de La Solana después de recibir denuncias vecinales por las presuntas deficiencias en el cuidado de los animales. La actuación, realizada en coordinación con el Seprona de la Guardia Civil, se produjo tras constatar que las instalaciones no reunían las condiciones adecuadas para albergar a un número tan elevado de ejemplares, según informa La Provincia.
La intervención tuvo su origen en una denuncia presentada por una vecina ante la Policía Local y el Seprona, en la que alertaba de que los perros, presuntamente, pasaban varios días sin recibir alimento y que los continuos ladridos y quejidos generaban molestias entre los residentes, especialmente durante la noche.
Las primeras quejas vecinales se remontan a 2024. Tras las inspecciones realizadas por el Ayuntamiento y la Guardia Civil se contabilizaron 27 podencos en la finca.
El Consistorio aclara que no se trata de un caso de maltrato animal, sino de una actuación motivada porque la parcela no cumplía los requisitos urbanísticos ni las condiciones necesarias para albergar tantos animales. Los 13 perros retirados fueron trasladados a diferentes protectoras, mientras que al propietario se le requirió la adopción de diversas medidas para adecuar las instalaciones y garantizar el bienestar del resto de los ejemplares.
No obstante, los vecinos sostienen que la situación continúa siendo preocupante, ya que aseguran que los perros siguen ladrando de forma constante, que en ocasiones permanecen varios días sin la presencia del propietario y que algunos animales llegan a escapar de la finca y deambular por la zona.
Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado que prepara una nueva inspección junto al Seprona para comprobar si el propietario ha ejecutado las mejoras exigidas. En caso contrario, advierte de que podría volver a intervenir y retirar más animales si se confirma que las instalaciones siguen sin reunir las condiciones adecuadas.
El concejal de Bienestar Animal, Juan Francisco Artiles, defiende, según el citado diario, que el Ayuntamiento ha actuado dentro de los límites que marca la legislación y recuerda que la administración no puede acceder a una propiedad privada ni retirar animales sin que existan indicios claros de maltrato o circunstancias que justifiquen legalmente esa intervención.








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