
El Grupo Popular defenderá en el próximo pleno del Cabildo de Gran Canaria, previsto para este viernes, una moción en la que solicita al gobierno insular la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula las resoluciones aprobadas en 2021 y 2022 que limitaban a 20 mensuales los servicios de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Gran Canaria para los taxis de municipios distintos de Telde e Ingenio. Así lo adelanta Canarias7.
Según informa el citado diario, la iniciativa del PP reclama que el Cabildo deje sin efecto una limitación que afecta desde hace cinco años a los taxistas de 19 municipios de la isla que utilizan la autorización conocida como transfer, concedida a través de una plataforma telemática gestionada por la Consejería de Transportes.
La moción recuerda que antes de la pandemia de la covid-19 no existían restricciones para operar en las denominadas áreas sensibles, como el aeropuerto de Gran Canaria o los puertos de La Luz y de Las Nieves, y sostiene que la sentencia del TSJC desmonta los argumentos esgrimidos por el Cabildo para mantener esa limitación.
El fallo judicial, no obstante, ha sido recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. La resolución volvió a dar la razón a la Asociación Pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) y desestimó el recurso de apelación presentado por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde y la Federación Regional de Taxis de Canarias (Fedetax) contra una sentencia anterior dictada en abril de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4.
La clave de ambas resoluciones judiciales radica en que, según los tribunales, «no cabe introducir restricciones en el ejercicio de la libertad de empresa basadas en motivos exclusivamente económicos». A juicio del TSJC, una vez superadas las limitaciones derivadas de la pandemia, el Cabildo carecía de justificación suficiente para mantener la contingentación del servicio de transfer en el aeropuerto de Gando para los taxistas sin licencia de Telde e Ingenio.
Asimismo, la sentencia considera que tampoco ha quedado acreditado que esa limitación constituya una medida adecuada para garantizar una mejor gestión del transporte, del tráfico o del espacio público en las denominadas áreas sensibles.
La moción del Grupo Popular buscará ahora que el Cabildo ejecute el contenido de esa resolución judicial mientras continúa la tramitación del recurso presentado ante el Tribunal Supremo.









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