Consagrar derechos

Ayer fue un día importante para la Diputación del Común. Y lo protagonizaron dos mujeres: las dos primeras que ocupan las responsabilidades institucionales respectivas. Su titular, Lola Padrón, firmó junto a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, un convenio de colaboración entre la institución parlamentaria y la justicia.

Un acuerdo que, por otra parte, solo es posible amén del autogobierno que disfruta Canarias como el resto de las comunidades autónomas; recordatorio pertinente para asumir que la descentralización territorial ha venido para quedarse por mucho que le pese a algunos. Eso sí, combinar esto con la unidad centralizadora de la justicia (con sus matices autonómicos en la gestión y referentes al personal auxiliar) precisa hilar fino. Para empezar, para no invadir competencias y, no siendo menos, no mermar la independencia judicial.

Justo ahora la justicia está en el candelero. Se abre en canal como uno de los debates más importantes al alimón del estado de revista de la democracia. Sin separación de poderes, no hay democracia. Sin un poder judicial independiente, no hay democracia. Independencia no implica no nacer (el CGPJ) de la legitimidad derivada de las Cortes Generales, por mucho que otros traten de confundir. La soberanía emana del pueblo representado por el poder legislativo. Y la Diputación del Común es poder legislativo (indirecto). Por tanto, estos esquemas están claros tanto para Lola Padrón como para Isabel Perelló.

Y desde esa premisa ambas rubricaron este jueves un convenio que, teniendo sus antecedentes, permitirá un margen de maniobra más específico para prestar auxilio a la ciudadanía canaria en estos menesteres (principalmente, las dilaciones singulares). Incursiones en la tramitación de expedientes que, desde el respeto a la independencia judicial, permita agilizar o solucionar inquietudes que el pueblo tiene a diario con su ajetreo en los juzgados. No se trata de suplantar (faltaría más) sino de acompañar en la correcta garantía de un derecho fundamental como lo es el de la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución).

Qué importante son los derechos fundamentales para la democracia. Qué necesario es custodiarlos debidamente para no mermar a la ciudadanía. Qué venerable es que los derechos fundamentales no sean violados. Qué relevante se antoja su consagración para que el constitucionalismo y las democracias representativas no sean carcomidos. Son, a fin de cuentas, cimientos que durante décadas (y tras tres siglos de reivindicación de rigor: finales del XVIII, XIX y XX, los del liberalismo que achica progresivamente al Antiguo Régimen y el absolutismo) dábamos por hecho que serían perennes e inalterables. No obstante, los acontecimientos de los últimos años ponen de manifiesto que los avances otrora conquistados no son irreversibles. Entre ellos, el principal: la democracia. Es para tomarlo en serio.