
Las recientes obras de remodelación del paseo marítimo de Melenara han supuesto una mejora estética del entorno. Pero también, según denuncian vecinos y usuarios, un retroceso en materia de accesibilidad.
Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en uno de los accesos al paseo, concretamente en el callejón situado entre dos establecimientos de restauración. Antes de la reforma existía una rampa que permitía acceder directamente al paseo. Sin embargo, tras la ejecución de las obras la pendiente ha sido sustituida por varios escalones, sin que se haya habilitado una alternativa accesible para salvar el desnivel. Este cambio constituye una barrera para las personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, personas mayores y familias con carritos infantiles.
También presentan importantes carencias varios de los accesos desde el paseo hasta la arena de la playa. En distintos puntos únicamente existen escalones y no se han ejecutado rampas que permitan un acceso autónomo y seguro. Incluso hay zonas donde el desnivel se resuelve mediante un escalón de gran altura, lo que dificulta considerablemente el acceso de numerosos usuarios y limita el disfrute de un espacio público que debe ser accesible para toda la ciudadanía.
A esta situación se añade otro problema en el acceso al paseo desde la cuesta que une Taliarte con Melenara. La acera se va estrechando progresivamente hasta desaparecer por completo, obligando a los peatones a incorporarse a la calzada. Esta circunstancia imposibilita el tránsito de personas usuarias de sillas de ruedas y dificulta el paso de carritos infantiles, generando además un evidente riesgo para la seguridad de los peatones.
Y además es habitual que en la curva estacionen vehículos, reduciendo considerablemente la visibilidad para los vehículos que ascienden por la vía. La presencia de estos coches impide que una persona en silla de ruedas pueda abandonar la acera para continuar por la calzada, al no existir un rebaje del bordillo ni un itinerario accesible que lo permita. Se trata, por tanto, de una situación que combina un problema de seguridad vial con una barrera arquitectónica.
"La accesibilidad universal no constituye una recomendación, sino una obligación legal para las administraciones públicas. El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece que los espacios públicos deben garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. Del mismo modo, el Real Decreto 505/2007, que fija las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como la normativa técnica de aplicación y el principio de diseño universal, persiguen precisamente evitar la creación de nuevas barreras arquitectónicas", comenta un vecino.
"Resulta, por ello, difícil comprender que una obra de remodelación recientemente ejecutada haya supuesto la eliminación de un acceso mediante rampa para sustituirlo por escaleras, o que no se hayan previsto itinerarios accesibles en diferentes puntos del paseo y de acceso a la playa. De confirmarse estas circunstancias, sería conveniente revisar si la actuación ejecutada cumple plenamente con los principios y exigencias que establece la normativa vigente en materia de accesibilidad", añade.
Los vecinos insisten en que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de diseñar espacios inclusivos que puedan ser utilizados por todas las personas, con independencia de su edad o condición física. Y recalcan que la accesibilidad no debe considerarse un elemento complementario, sino un requisito esencial de cualquier actuación urbanística.










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