Primero la dignidad

Hay frases que parecen sencillas, pero esconden una forma de entender el mundo. "Primero los de aquí" es una de ellas. Se presenta como una solución de sentido común, pero en demasiadas ocasiones sirve para enfrentar a quienes comparten las mismas dificultades mientras los verdaderos problemas permanecen intactos.

Como canarista de izquierdas, nunca he entendido la defensa de nuestra tierra como un ejercicio de exclusión. Al contrario. Defender Canarias significa garantizar que quienes vivimos en estas islas podamos desarrollar un proyecto de vida digno, con empleo, vivienda, educación, sanidad y servicios públicos de calidad. Pero eso nunca puede hacerse sembrando odio hacia quienes llegan buscando exactamente lo mismo que buscaron tantos canarios cuando emigraron.

Durante mi etapa como concejal de Servicios Sociales escuché una y otra vez los mismos comentarios: "A los que llegan en patera les dan una vivienda". Siempre respondía con la misma pregunta: ¿qué vivienda? Si el Gobierno de Canarias lleva más de dos décadas sin construir ni una sola vivienda pública. Si miles de familias canarias llevan años esperando una vivienda protegida, ¿de dónde salen esas casas que, según algunos, se entregan automáticamente a quien acaba de llegar?

Después venía otro bulo: "Les dan una paguita". Y volvía a responder con hechos, no con prejuicios. Para acceder a la mayoría de las prestaciones económicas existen requisitos legales, administrativos y de residencia que no desaparecen por el simple hecho de desembarcar en nuestras costas. La realidad es mucho más compleja que los mensajes simplistas que circulan por las redes sociales y algunos discursos políticos.

Y ahora asistimos a otro bulo más. Se hace creer que la regularización de miles de personas extranjeras que ya viven en España significa regalarles el derecho al voto o concederles privilegios. Nada más lejos de la realidad. Regularizar su situación significa permitir que trabajen conforme a la ley, con contratos, cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos como cualquier otra persona. Significa que contribuyan a sostener las pensiones, la sanidad, la educación y el conjunto de los servicios públicos.

Da la impresión de que a algunos les preocupa más que estas personas tengan derechos laborales que el hecho de que permanezcan en la economía sumergida. Porque cuando alguien no tiene autorización para trabajar resulta mucho más fácil explotarlo: pagarle salarios de miseria, emplearlo para cuidar a nuestros mayores por cuatro perras, hacerlo trabajar de sol a sol recogiendo la fruta o desempeñar cualquier otro trabajo sin derechos ni protección. Quienes alimentan estos bulos deberían explicar si prefieren una sociedad donde las personas coticen y trabajen legalmente o una donde la explotación laboral siga siendo posible.

Los bulos tienen una enorme ventaja: son fáciles de contar. La verdad exige explicaciones.

Y mientras discutimos sobre mentiras, dejamos de hablar de los problemas reales: la falta de vivienda pública, los salarios insuficientes, la precariedad laboral, el aumento del coste de la vida o la necesidad de una financiación justa para Canarias.

No son las personas migrantes quienes han provocado la crisis de la vivienda. No son ellas quienes han decidido durante años no construir suficientes viviendas públicas. No son ellas las responsables de que muchas personas jóvenes canarias no puedan emanciparse o de que tantas familias vivan con angustia a final de mes.

El adversario no es quien llega con una mochila llena de miedo. El adversario son las desigualdades que condenan a demasiadas personas a vivir sin oportunidades. El adversario es quien pretende que, cuando llegue al poder, baje las pensiones, deje de proteger a quienes están enfermos y no pueden trabajar, aumente la jornada laboral y elimine derechos conquistados por las personas trabajadoras. Esos son los verdaderos adversarios de la gente sencilla y humilde del pueblo.

Canarias necesita políticas valientes. Necesita más inversión pública, más vivienda asequible, mejores servicios sociales y una política migratoria basada en la corresponsabilidad entre Canarias, el Estado y la Unión Europea. Necesita recursos, planificación y justicia.

Pero también necesita algo igual de importante: recuperar el valor de la verdad.

Porque una democracia no puede construirse sobre rumores. Una sociedad no puede avanzar cuando convierte el bulo en argumento político. Y un pueblo como el canario, que conoce tan bien la emigración, no debería olvidar nunca que nuestros abuelos también cruzaron océanos buscando una oportunidad que su tierra no podía ofrecerles.

No creo en el "primero los de aquí". Creo en el "primero la dignidad". Primero los derechos. Primero la verdad. Primero la justicia social.

Porque defender a Canarias no consiste en buscar culpables entre quienes menos tienen. Consiste en exigir soluciones para que nadie, haya nacido donde haya nacido, tenga que vivir sin esperanza.

Ese es el canarismo en el que creo: un canarismo que protege a su pueblo sin renunciar a la solidaridad; que combate los bulos con datos; que enfrenta las injusticias, no a las personas; y que entiende que la mayor fortaleza de esta tierra nunca ha sido levantar muros, sino tender la mano.

Diego Fernando Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.