Salinetas: bandera azul, playa negra ¿De quién es la vergüenza?

La playa de Salinetas luce la bandera negra de la contaminación. La mentira inaceptable del Gobierno del Canarias

Dedicado con total repulsa a los responsables políticos y técnicos, quienes desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias han mentido descaradamente a la población, pues sobre ellos recaerá la responsabilidad del próximo episodio de playa o playas contaminadas que, sin duda alguna sucederá con la llegada del otoño, como viene sucediendo cada año desde hace más de veinticinco años.

Alguien miente. Los hechos son sencillos pero categóricos. Por una lado en fecha del 12 de febrero del presente año se informa a la población de que el Gobierno canario -el mismo que ahora calla-, en mayo del año 2025 acordó con la empresa gestora de las instalaciones acuícolas un plan para el desmontaje de sus infraestructuras a lo largo del presente año 2026, a pesar de la concesión otorgada por el Ministerio de Medioambiente y que finaliza en el año 2029.

Nunca se informó a nadie de este Plan para el desmontaje, nunca se informó a nadie del contenido de dicho Acuerdo. Siempre el oscurantismo ha sido la política utilizada por el Gobierno de Canarias para llevarse por delante cualquier informe desfavorable contra cualquier instalación acuícola, montada ya y en pleno rendimiento o bien pendientes de su aprobación.

Hablamos de una noticia real, a la que tiene acceso toda aquella persona que consulte el Portal de Noticias de la página oficial del Gobierno de Canarias.

En dicho acuerdo, recoge la noticia, la entidad explotadora accedió al desmantelamiento de las infraestructuras citadas.

Manifiesta que tras la aprobación definitiva del PROAC, se plantea el desmantelamiento de las mismas, con la finalidad de trasladarlas a áreas delimitadas como zonas de interés para la acuicultura (ZIA).

Es obvio, entonces, que la pregunta que se hace toda la ciudadanía teldense y todos los usuarios de la playa sea la siguiente:

Si este acuerdo esta aprobado con la empresa, ¿cómo es que en el Canaria 7, el pasado día 12 de julio, una noticia redactada por el periodista Jesús Quesada, recoja que Aquanaria, la empresa explotadora, a través de su portavoz institucional, el señor Pedro Sánchez, haga caso omiso del acuerdo y hable de que no serán retiradas hasta abril del año 2029?

Está claro que alguien miente y si es la empresa, todos esperamos la firme respuesta de la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, que aún no se ha producido.

Si callan los responsables de esta Consejería del Gobierno de Canarias, es que reconocen que el acuerdo no existe y que todo fue una estrategia de dilación ante la opinión pública, en un momento crítico de contaminación al más alto nivel, algo que confirmó tanto el número de playas cerradas como los efectos económicos y de imagen que en el sector turístico comenzaron a manifiestarse.

Lo cierto es que a fecha de hoy, con el verano bastante avanzado, finales de julio, el tiempo se agota.

Se agota el tiempo para su desmantelamiento y traslado porque no son los 165 días que faltan para terminar el año dos mil veintiséis el tiempo disponible, sino los que faltan para que llegue el siguiente episodio de contaminación de la playa, con la presencia de restos grasos de la alimentación de las jaulas y excrementos piscícolas en la costa y diluidos en las aguas de baño. Eso sucederá con la llegada del tiempo sur y de las calmas, un rango temporal que podemos situar entre 70 y 90 días -finales de septiembre-octubre-noviembre-.

Lo cierto es que a fecha de hoy se ha perdido la oportunidad de avanzar en el desmantelamiento previsto durante los siete meses del presente año que ya han pasado.

Será entonces, cuando llegue el nuevo episodio de contaminación, cuando recaerá toda la responsabilidad en el consejero, en sus directores generales por no actuar y exigir el cumplimiento de dicho acuerdo y en sus técnicos por no tomar la decisión adecuada a tiempo, responsabilizándose a todos por los daños que puedan provocarse, tanto económicos como de salud de los usuarios de la playa, por dejación de funciones y por hacer caso omiso de un problema histórico de contaminación marina, denunciado una y otra vez, sin dar respuesta alguna ni solucionar el problema.

Será esta Consejería la responsable de la nueva oleada de campañas contra la presencia de jaulas marinas en Zonas de Prohibición Agrícola. Será responsable del malestar ciudadano y de la campaña de desprestigio de la institución, que se llevará a cabo por parte de esta y otras Plataformas de ciudadanos tanto en Gran Canaria como en las otras islas. Será responsable porque miente y si no miente porque no actíua con contundencia, exigiendo a la empresa concesionaria que desmantelen todas y cada una de las jaulas que continúan en Zona de Prohibición Acuícola, tengan o no viejas concesiones que jamás debieron darse y que han supuesto la silenciosa muerte de la fauna marina costera tanto invertebrada -no hay vestigio alguno de animales filtradores-, como dela vertebrada, recluida a pocas especies y brutal pérdida de biomasa en toda la costa teldense afectada.

Si el Gobierno de Canarias desea campañas de desprestigio por inacción y por incumplimiento de sus acuerdos, no tiene más que seguir actuando como hasta ahora lo viene haciendo, defendiendo los arbitrios de un capital privado que sólo mira su propio interés contaminando el océano, frente a los intereses y la salud de sus ciudadanos a quienes debía proteger y no hace.

Al portavoz institucional de la empresa Aquanaria manifestarle su atrevimiento al emitir un comunicado donde confirma el mantenimiento de la explotación, haciendo caso omiso a la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y la empresa, tal y como registra su página oficial, donde se recoge el desmantelamiento y traslado, antes de finalizar el presente año, de todas las jaulas situadas en ZPA.

Como usted comprenderá, a la población teldense y de la isla de Gran Canaria la salud de los usuarios de la playa le preocupa más que la de sus peces y el estrés que puedan sufrir en un inminente traslado, máxime si ustedes eran corresponsables del acuerdo pactado y por lo tanto conocedores de las condiciones inherentes al desmantelamiento y consiguiente traslado.

A la ciudadanía en general y a los defensores de las playas teldenses nos preocupa poco que crezcan sus pescados hasta la talla óptima -óptima para su comercialización y su cuenta de beneficios-, si con ello tenemos que asumir nuevos episodios de contaminación de las playas, las pérdidas económicas en viviendas y negocios derivadas de la presencia de playas con banderas negras y contaminadas y sufrir enfermedades de la piel, del oódos, la vista e infecciones urinarias, como así ha sucedido durante los meses de finales del pasado año con la contaminación sin precedentes y cierre de playas a consecuencia de un episodio que, más allá del origen del mismo, se generó por la presencia de dichas jaulas.

Lucirá la bandera negra durante el tiempo que sea necesario no sólo en esta playa teldense, sino en las hojas informativas que inundarán las playas grancanrias que se vieron afectadas por el cierre el pasado año.

Los acuerdos son para ejecutarlos y la prepotencia no es buena consejera en casos de contaminación marina, daños materiales y efectos perversos en la salud de las personas.

A todas las lectoras y lectores de este artículo: tengo poca confianza en que algún responsable de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria haga público que el acuerdo está vigente y el Plan de desmantelamiento en marcha, pero quedará este artículo de denuncia como apoyo informativo a las demandas que surgirán tras el próximo episodio de contaminación marina en las playas afectadas.

La Plataforma ciudadana dispone de un Dossier informativo donde se registra todo lo sucedido, las campañas llevadas a cabo, los informes desfavorables de diversas instituciones que han sido silenciados por la Consejería de Pesca para informar favorablemente y dar luz verde a las concesiones aprobadas. Todo este dossier es de dominio público. De igual modo informa y asesora como tramitar denuncias a partir del momento en que comiencen de nuevo - sucederá en otoño-, a producirse daños derivados de la contaminación marina.

José Manuel Espiño Melián, amante de los caminos y la vida. Escritor y educador ambiental.