
El "desastre ecológico" sufrido en la costa de Telde se ha convertido en el principal argumento del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás para rechazar la implantación de granjas marinas frente a su litoral. El Pleno municipal aprobó este jueves, por unanimidad, una declaración institucional en la que exige al Gobierno de Canarias la retirada definitiva de la zona acuícola prevista en la costa aldeana, ante el temor de que se reproduzcan los graves problemas ambientales registrados en el este de Gran Canaria.
La decisión llega tras meses de movilizaciones ciudadanas y de un creciente rechazo social al proyecto promovido por Gran Canaria Bass Company SL, que contempla la instalación de 24 jaulas marinas destinadas al cultivo intensivo de lubina. Vecinos, pescadores y colectivos ecologistas alertan de que la iniciativa podría comprometer uno de los litorales mejor conservados de la isla.
Telde, ejemplo de lo que no quieren repetir
Durante el debate plenario, el caso de Telde estuvo presente de forma reiterada. Los distintos grupos políticos coincidieron en señalar las consecuencias ambientales derivadas de la acuicultura intensiva en la costa teldense, donde la mortandad masiva de peces y los episodios de contaminación marina registrados a finales de 2025 provocaron el cierre de numerosas playas y una profunda preocupación social.
Los representantes municipales y los colectivos ciudadanos consideran que La Aldea no puede correr el riesgo de sufrir un escenario similar, marcado por el deterioro del fondo marino, la acumulación de residuos orgánicos y el impacto sobre la actividad pesquera tradicional.
Un pleno marcado por la tensión política
Aunque el acuerdo salió adelante con el respaldo de todos los grupos, la sesión estuvo marcada por el enfrentamiento entre el PSOE y el alcalde, Pedro Suárez. Los socialistas reprocharon al regidor la demora en asumir una posición institucional clara contra el proyecto, recordando que semanas atrás había manifestado su rechazo únicamente a título personal.
Pese a esas diferencias, la presión ejercida por vecinos, pescadores y plataformas ciudadanas permitió cerrar filas en torno a una declaración institucional unánime. Entre los argumentos que sustentan el rechazo municipal figuran diversos informes técnicos que advierten del impacto que podría generar la instalación de las jaulas.
Según estos estudios, la explotación acuícola podría verter al mar alrededor de 740 toneladas anuales de residuos orgánicos, entre restos de pienso y deyecciones de los peces. Los expertos alertan de que esta carga favorecería procesos de eutrofización, reduciendo el oxígeno del agua y provocando la degradación progresiva del fondo marino mediante la formación de lodos orgánicos.
Asimismo, los informes advierten del posible impacto sobre espacios protegidos cercanos, especialmente los sebadales, considerados hábitats de gran valor ecológico, además del riesgo derivado de eventuales fugas de ejemplares de lubina y de la propagación de enfermedades hacia especies salvajes.
Defensa del mar y de la pesca artesanal
Otro de los pilares del rechazo es la defensa de la pesca tradicional. El sector pesquero del Puerto de La Aldea sostiene que la implantación de la acuicultura industrial pondría en riesgo un modelo de explotación sostenible que constituye una de las principales actividades económicas del municipio.
Los pescadores consideran que la experiencia vivida en otros puntos de Gran Canaria demuestra la incompatibilidad entre este tipo de instalaciones y la conservación de los recursos pesqueros.
La movilización continuará
Tras el acuerdo plenario, las plataformas ciudadanas anuncian que mantendrán la presión sobre el Gobierno de Canarias para lograr la eliminación definitiva de la zona acuícola prevista en el litoral aldeano.
Entre las próximas acciones figuran la presentación de alegaciones durante la evaluación ambiental del proyecto, nuevas movilizaciones ciudadanas y la coordinación con colectivos de otros municipios, entre ellos la plataforma Por un Litoral Limpio de Telde, con el objetivo de crear un frente común contra la expansión de las granjas marinas en Gran Canaria.









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