La Comisionada de Transparencia de Canarias ha estimado parcialmente dos reclamaciones presentadas por el periódico Canarias Ahora y ha requerido al Gobierno de Canarias para que entregue la documentación que había denegado sobre el episodio de contaminación marina registrado a finales de 2025 en la costa de Telde, donde murieron unas 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas de Aquanaria y se decretó el cierre de varias playas del municipio. Así lo adelanta este lunes el citado medio digital.
Según publica Canarias Ahora, las resoluciones obligan al Ejecutivo autonómico a facilitar las actas e informes del PLATECA, activado entre el 6 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, así como los resultados de las inspecciones realizadas por la Dirección General de Pesca a las instalaciones de Aquanaria. El Gobierno había rechazado inicialmente el acceso a esa información alegando que su difusión podía perjudicar la investigación abierta por la Fiscalía y el Seprona.
No obstante, la Comisionada considera que las actas del PLATECA, las inspecciones rutinarias y los informes elaborados por la Administración tienen naturaleza administrativa y constituyen información pública accesible. Además, recuerda que la existencia de una investigación judicial no justifica por sí sola restringir el derecho de acceso a la información si no se acredita un perjuicio concreto para el procedimiento.
La resolución también subraya que la información ambiental goza de una protección reforzada por la normativa europea y estatal en materia de transparencia y reprocha al Gobierno canario haber hecho referencia a la condición de periodista del solicitante, recordando que el acceso a la información pública es un derecho que puede ejercer cualquier ciudadano, con independencia de su profesión.
La decisión de la Comisionada coincide con la reciente remisión por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente al Juzgado de Telde de las diligencias sobre los vertidos en la costa del municipio, en las que aprecia "numerosas irregularidades" en la gestión de la depuradora de Silva.
El Gobierno de Canarias dispone ahora de 15 días hábiles para entregar la documentación requerida; de no hacerlo, podría incurrir en las infracciones previstas en la Ley de Transparencia
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