Javier Pirrongelli: "Las cárceles españolas necesitan más medios para reinsertar y menos prejuicios desde fuera"

La muerte de dos internos en la prisión de Juan Grande —el teldense Moisés Santana, fallecido en 2023 tras sufrir un infarto, y Deriman Alemán, cuyo entorno denuncia una presunta omisión de socorro en 2025— ha vuelto a poner el foco sobre el funcionamiento del sistema penitenciario. A partir de estos casos, el abogado penalista Francisco Javier Pirrongelli Fernández, con despacho profesional en Telde y más de quince años de experiencia en Derecho Penal, analiza en una entrevista concedida al programa La Alameda, de TELDEACTUALIDAD, las principales carencias de las prisiones españolas, el verdadero sentido de la reinserción y la realidad que viven quienes cumplen condena tras los muros de un centro penitenciario.

Lejos de alimentar tópicos, Pirrongelli dibuja un panorama en el que la escasez de medios humanos, especialmente sanitarios y técnicos, dificulta el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción. A su juicio, la prisión debe dejar de entenderse únicamente como un castigo y convertirse en un espacio donde se trabaje realmente para evitar que quien delinque vuelva a hacerlo cuando recupere la libertad.

"Las prisiones están saturadas de internos y faltan profesionales"

El abogado sostiene que uno de los principales problemas del sistema penitenciario español es el déficit de personal. Asegura que las prisiones cuentan con médicos, enfermeros, psicólogos, juristas y educadores, pero considera que el número resulta claramente insuficiente para atender a la población reclusa.

"La ratio está completamente desproporcionada", afirma, explicando que esa falta de recursos repercute tanto en la atención sanitaria como en los programas de tratamiento y reinserción.

En relación con los recientes fallecimientos ocurridos en prisión, recuerda que existen casos en los que, pese a la actuación de los profesionales, no es posible evitar un desenlace fatal, pero también otros en los que las limitaciones de medios pueden influir negativamente. Por ello insiste en que cada caso debe analizarse individualmente antes de extraer conclusiones.

"La prisión no puede ser un lugar de venganza"

Pirrongelli desmonta uno de los tópicos más extendidos sobre el sistema penitenciario: la idea de que los internos "viven bien".

Para el letrado, la privación de libertad constituye por sí sola el mayor castigo que puede sufrir una persona. A ello se suman las limitaciones en las comunicaciones familiares, las visitas íntimas y el aislamiento respecto a la vida cotidiana.

En su opinión, la sociedad suele confundir justicia con venganza.

"La cárcel no debería ser castigadora, sino resocializadora", sostiene, recordando que el objetivo debe ser que quien cumple condena salga preparado para llevar una vida normalizada y no reincida en la delincuencia.

Permisos penitenciarios que llegan demasiado tarde

Uno de los aspectos más críticos de la entrevista se centra en la concesión de permisos penitenciarios.El abogado denuncia que muchas resoluciones administrativas se elaboran mediante formularios prácticamente idénticos y que numerosos permisos son denegados de forma sistemática, pese a que posteriormente los tribunales terminan concediéndolos.

Esta dinámica, afirma, retrasa innecesariamente el contacto progresivo del interno con la sociedad y dificulta precisamente el objetivo de la reinserción.

Según explica, mantener durante años a una persona completamente aislada del exterior provoca una desconexión social mucho más difícil de revertir cuando recupera la libertad.

Mirar hacia el norte de Europa

Para Pirrongelli, España debería fijarse mucho más en los modelos penitenciarios implantados en los países del norte de Europa.

Considera que allí el enfoque está orientado hacia la educación y la reinserción, mientras que en otros países predomina una visión mucho más punitiva que, sin embargo, no consigue reducir los índices de criminalidad.

A su juicio, también es necesario preguntarse por las causas que llevan a muchas personas a delinquir.

Cita como ejemplo situaciones de exclusión social, falta de vivienda o extrema pobreza que pueden desembocar en determinados delitos y que, entiende, también interpelan a la sociedad y a las administraciones públicas.

El caso del concejal Juan Pablo Rodríguez

Durante la entrevista, Javier Pirrongelli también fue preguntado por su vinculación con la actualidad política de Telde a raíz de su representación legal del concejal Juan Pablo Rodríguez y del edil Juan Francisco Artiles en el procedimiento judicial que ambos promovieron y que finalmente fue archivado.

El abogado explicó que el asunto se encuentra ahora en una fase de estudio para determinar los próximos pasos a seguir. Sin entrar en detalles por respeto al procedimiento y a las partes implicadas, señaló que antes de iniciar cualquier acción judicial es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de las posibilidades reales de éxito y de las consecuencias que puede tener para el cliente.

"Cuando una persona acude al despacho para plantear una demanda, una denuncia o una querella, todo está milimétricamente estudiado", afirmó. Pirrongelli subrayó que no aconseja acudir a los tribunales "a la brava", sino únicamente cuando existen fundamentos suficientes y tras valorar el coste personal que puede acarrear un proceso judicial, muchas veces largo y emocionalmente desgastante.

Preguntado por si ve recorrido al caso tras el archivo de las diligencias, el penalista se limitó a responder con prudencia: "Estamos en ello", insistiendo en que cualquier decisión deberá adoptarse una vez concluido el estudio jurídico del expediente y siempre atendiendo al interés de sus clientes.

"El abogado no juzga; garantiza derechos"

A lo largo de su carrera, Pirrongelli ha defendido a personas investigadas por homicidios, narcotráfico, robos, delitos económicos y otros procedimientos especialmente mediáticos, entre ellos el conocido caso de "El Solitario".

Reconoce que en varias ocasiones ha conseguido absoluciones de personas cuya culpabilidad conocía personalmente.Sin embargo, defiende que esa circunstancia forma parte del Estado de Derecho.

Recuerda que el trabajo del abogado consiste en garantizar el derecho de defensa y que corresponde exclusivamente a los jueces valorar si existen pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia.

"En caso de duda razonable hay que absolver", resume, recordando que este principio constituye una garantía básica del sistema judicial español.

El peso de los juicios paralelos

Otro de los fenómenos que preocupa especialmente al abogado son los llamados juicios paralelos.Considera que determinadas coberturas mediáticas pueden condicionar la opinión pública antes incluso de que se celebre el juicio y, en algunos procedimientos, especialmente aquellos que se resuelven mediante Tribunal del Jurado, llegar a influir indirectamente en el desarrollo del proceso.

Por ello reclama prudencia y recuerda que muchas veces la percepción social cambia radicalmente cuando aparecen nuevas pruebas durante la investigación.

La víctima, la gran olvidada

Aunque durante buena parte de su trayectoria profesional se ha dedicado a la defensa de investigados, Pirrongelli explica que en los últimos años ha incrementado notablemente su trabajo representando a víctimas.

Entiende que muchas personas perjudicadas por un delito sienten que el procedimiento penal gira exclusivamente alrededor del acusado y del fiscal, sin tener suficientemente en cuenta sus necesidades emocionales y personales.

Por ese motivo se ha especializado también en la acusación particular, intentando que las víctimas puedan participar activamente en el procedimiento y sentirse escuchadas durante todo el proceso judicial.

La justicia restaurativa como alternativa

Uno de los conceptos que más defendió durante la entrevista fue la denominada justicia restaurativa.

Explica que no pretende sustituir a la condena penal, sino facilitar un encuentro voluntario entre víctima y victimario para que ambas partes puedan dialogar y comprender las consecuencias del delito.

Según afirma, muchas víctimas necesitan obtener respuestas, escuchar un perdón sincero o comprender por qué fueron elegidas.

Por otro lado, el autor del delito puede llegar a tomar verdadera conciencia del daño causado, algo que considera mucho más eficaz que limitarse a cumplir una pena de prisión.

En su experiencia profesional, asegura que los pocos programas de justicia restaurativa en los que ha participado han obtenido resultados muy positivos, especialmente en delitos relacionados con el tráfico de drogas, donde los condenados pudieron conocer directamente el sufrimiento provocado por sus acciones a través del testimonio de familias afectadas y asociaciones.

Prisión permanente revisable

Respecto a la prisión permanente revisable, Pirrongelli mantiene una posición matizada.Se declara contrario a la pena de muerte, pero considera que existen determinados perfiles criminales para los que resulta razonable revisar periódicamente si realmente están preparados para volver a convivir en sociedad.

No obstante, insiste en que esas evaluaciones deben realizarse con rigor y mediante un seguimiento psicológico real, algo difícil de conseguir mientras continúe existiendo una evidente falta de profesionales en los centros penitenciarios.

"No puede evaluarse seriamente a una persona si un psicólogo solo puede verla veinte minutos cada cuatro meses", advierte.

Vocación de servicio público

Además de su labor como abogado penalista, Pirrongelli ha decidido presentarse al proceso selectivo para integrar una lista de reserva como funcionario interino del Ayuntamiento de Telde.

Explica que, tras años ejerciendo la abogacía, le gustaría aportar también su experiencia desde el ámbito público, convencido de que el servicio a la ciudadanía constituye una forma distinta de contribuir a mejorar la sociedad.

Mientras tanto, continúa ejerciendo una profesión que, según demuestra a lo largo de toda la entrevista, entiende no como una defensa de delitos, sino como una defensa permanente de los derechos fundamentales y del correcto funcionamiento del Estado de Derecho.