El Gobierno de Canarias reforzará con 1,8 millones la atención a los afectados por el terremoto en Venezuela

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes iniciar los trámites para habilitar una modificación presupuestaria de hasta 1,8 millones de euros destinada a reforzar la respuesta del Ejecutivo autonómico ante la situación de emergencia provocada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

La dotación económica permitirá ampliar los recursos dirigidos a la compra y distribución de medicamentos de primera necesidad, tratamientos para enfermedades crónicas, material sanitario, alimentos básicos e hidratación, así como reforzar los programas de tarjetas de alimentos y medicamentos y la cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud.

Esta actuación se enmarca en el plan de trabajo activado por el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y de la Dirección General de Emigración y la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, en coordinación con las entidades canarias en el país, las oficinas descentralizadas y el Consulado General de España.

El objetivo es garantizar una respuesta sostenida durante los próximos meses, especialmente en las zonas más afectadas, con prioridad para La Guaira y Caracas, donde se han detectado las principales necesidades de atención sanitaria, alimentos, medicamentos y apoyo básico a familias damnificadas o desplazadas a viviendas de familiares.

Desde los primeros días posteriores al terremoto, el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo ha mantenido un seguimiento permanente de la situación y ha articulado un dispositivo de coordinación con las 22 entidades canarias en Venezuela, la Delegación del Gobierno de Canarias en el país, las oficinas descentralizadas, haciendo partícipe también a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), y a la Federación Canaria de Islas (FECAI), así como a los grupos parlamentarios.

La medida acordada este lunes permitirá dar continuidad a la respuesta inicial desplegada sobre el terreno y reforzar los recursos disponibles para atender a canarios y canarias, descendientes y a la población venezolana afectada por la emergencia.

Balance de los recursos activados en los primeros 12 días

Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno de Canarias ha activado un dispositivo de seguimiento y respuesta en Venezuela para evaluar daños, identificar necesidades y canalizar recursos de atención urgente.

En una primera fase, el Ejecutivo mantuvo reuniones de coordinación con la Consejería de Presidencia, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, la Dirección General de Emergencias, la Viceconsejería de Acción Exterior, la Dirección General de Emigración, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y las 22 entidades canarias en el país.

A partir de ese análisis inicial, se activaron consultorios médicos de emergencia en las entidades canarias que desarrollan este programa en nueve estados de Venezuela, con el objetivo de atender necesidades sanitarias básicas y recabar información directa sobre la situación de los canarios, descendientes y familias afectadas.

Posteriormente, y tras constatar que La Guaira y Caracas concentraban una parte importante de las afecciones, el Gobierno de Canarias reforzó el dispositivo en estas zonas. En Caracas se mantuvieron los consultorios médicos de emergencia, mientras que en el resto de estados se recuperaron las franjas habituales de atención según demanda.

En La Guaira, el Ejecutivo ha activado un consultorio médico de urgencia en la Unión Canaria de Venezuela, en Macuto, junto a una oficina de apoyo de la Delegación del Gobierno de Canarias en el país, operativa en horario de 8:00 a 17:00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a las familias afectadas.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela también ha habilitado un número de teléfono específico para atender consultas, canalizar solicitudes y orientar a las personas afectadas. Hasta el momento, las oficinas descentralizadas han registrado 70 llamadas y 30 asistencias presenciales, centradas principalmente en información consular y consultas relacionadas con la situación de emergencia.

Por su parte, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela ha atendido 61 llamadas vinculadas a trámites consulares, solicitudes de asistencia urgente de alimentos y medicamentos, información sobre posibles ayudas a la reconstrucción y consultas sobre la convocatoria de tarjetas de alimentos y medicamentos.

En paralelo, el Gobierno de Canarias inició el reparto de las primeras ayudas de emergencia en La Guaira y Caracas gracias a las donaciones canalizadas por particulares y empresas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, que se ha establecido como centro de acopio y distribución. En esta primera intervención se distribuyeron 150 bolsas de alimentos e hidratación en La Guaira y 30 en Caracas.

El Ejecutivo continúa trabajando con las entidades canarias y la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para ampliar la entrega de alimentos de emergencia, articular el reparto de medicamentos específicos y estudiar la incorporación de nuevos servicios en La Guaira en función de la evolución de las necesidades detectadas.

La Dirección General de Emigración mantiene reuniones de coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y el Consulado General de España para actualizar la información, evaluar la evolución de la emergencia y ajustar el plan de respuesta de los próximos meses.

El Consejo de Gobierno aprueba las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2027

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el acuerdo por el que se establecen las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027.

Estas directrices regirán el proceso de elaboración de los presupuestos para cada departamento de la administración pública de la Comunidad Autónoma y todos sus entes públicos, desde la perspectiva de los gastos estructurales y compromisos ciertos. A partir de ahí, será el Gobierno quien, en uso de sus prioridades en el orden político, defina la distribución de aquellos recursos disponibles entre las políticas sectoriales que estime necesario dotar e incrementar.

La Comunidad Autónoma de Canarias afronta la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2027, en un contexto marcado por la incertidumbre propiciada por la situación política a nivel nacional y por las tensiones geopolíticas en el ámbito internacional que persisten.

En el plano económico nacional, hay que destacar que el Consejo de Ministros no ha aprobado el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, y aunque se aprobara, se desconoce si contará con apoyo parlamentario suficiente, por lo que la incertidumbre prevalece. En este contexto, se ha convocado a la CAC a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el período 2027-2029; pero su aprobación o no por parte de las Cortes Generales tampoco se puede conocer en este momento.

Por otro lado, el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, que configura el nuevo marco de reglas fiscales europeo a partir de 2025, tiene como objetivo principal la sostenibilidad de la deuda pública y el crecimiento sostenible e inclusivo mediante el saneamiento gradual de la hacienda pública y la realización de reformas e inversiones.

En este sentido, cada Estado miembro debe aprobar un plan fiscal estructural a medio plazo. Si bien España aprobó su primer plan para 2025-2028, que fue validado por la Comisión Europea, no ha traspuesto el nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento nacional. Como ha manifestado el Gobierno de Canarias en multitud de ocasiones, esto no se ha hecho a pesar de que el plazo para su trasposición concluyó el 31 de diciembre de 2025, por lo que en estos momentos se mantiene la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), más estricta que la propia legislación comunitaria.

En cuanto a la regla de gasto, la última referencia disponible tiene en cuenta la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2025-2027 establecida en el Informe de Situación de la Economía Española de 2024, que la sitúa en el 3,2% para el ejercicio 2025 y en el 3,3% para el ejercicio 2026.

En este contexto, considerando además que el último Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 comprende como única anualidad 2026, la elaboración del presupuesto regional para 2027 se basa en el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma para el período 2027-2029. Este plan plantea, para cada una de las anualidades comprendidas en el mismo, un escenario de equilibrio presupuestario, que deberá adaptarse a los instrumentos de estabilidad presupuestaria y, si se concreta, al marco fiscal y presupuestario nacional.

En 2027 será necesario ahondar en el despliegue de los fondos europeos del marco financiero plurianual 2021-2027, que constituyen una prioridad dentro del presupuesto autonómico, ya que contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial, la transformación digital, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Si bien el marco temporal de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia finaliza, con carácter general en 2026, es necesario adoptar criterios para el caso de que se autorice la prórroga de los proyectos en ejecución y que cuentan con financiación MRR.

En definitiva, las cuentas autonómicas para el ejercicio 2027, último de la legislatura, persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda.

Los objetivos generales del Gobierno para la presente legislatura 2023-2027, se basan en ocho ejes que establecen las bases del proyecto de Canarias a medio y largo plazo: mejora del estado del bienestar social con incidencia en sanidad, servicios sociales y acceso a la vivienda; fijar la Educación como base para el progreso personal y de la sociedad, del desarrollo económico y de la generación de empleo; potenciar el REF para incentivar la economía y crear empleo; aplicar una política tributaria justa; priorizar la sostenibilidad y la planificación en la política territorial y energética; fijar las políticas de igualdad; prestar especial importancia a cuestiones estratégicas como el transporte, telecomunicaciones, mercado interior; fomentar la modernización de la administración pública e impulsar la evaluación de las políticas públicas.

Sanidad invertirá 6,4 millones en la renovación del sistema de generación de frío del Hospital Universitario Dr. Negrín

El Consejo de Gobierno autorizó, este lunes, a la Consejería de Sanidad a la realización de un gasto por el Servicio Canario de la Salud (SCS), por importe de 6.461.008,96 euros, para la contratación de la obra de reforma de producción térmica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027.

La obra tiene por finalidad dotar al centro hospitalario de un sistema de generación de frío que satisfaga la actual demanda térmica, con un mayor nivel de eficiencia energética y un menor impacto ambiental, atendiendo así a su implicación y compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente.

En la actualidad, el Hospital Dr. Negrín cuenta para la generación de frío con ocho enfriadoras aire-agua que serán sustituidas por máquinas enfriadoras agua-agua dotadas de disipadores; un sistema que, además de conseguir un mayor rendimiento energético y menor impacto ambiental, reducirá los costes de explotación.

La gestión de toda la instalación se realizará mediante un sistema inteligente de control centralizado.

La contratación de la obra de reforma se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, para su ejecución en un período de doce meses.

Sanidad destinará 86,6 millones a la compra de medicamentos por sistema dinámico de adquisición

El Consejo de Gobierno autorizó, este lunes, a la Consejería de Sanidad a la realización de un gasto por importe de 86.650.386,06 euros para la contratación para un suministro de medicamentos destinado a las gerencias hospitalarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), mediante el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición (SDA).

Los medicamentos incluidos en este suministro son productos elaborados mediante procesos industriales, entre ellos destacan la albúmina, diversos concentrados de factores de coagulación, preparados antianémicos, inmunoglobulinas de origen humano y toxina botulínica, que son esenciales para el tratamiento de numerosas patologías, como el tratamiento de hemofilias y otras coagulopatías.

La adquisición de este tipo de productos farmacéuticos, de uso corriente y continuado en el tiempo, requiere de un instrumento de contratación pública que responda adecuadamente a las peculiaridades del mercado, la distribución y la variabilidad de las formas de presentación y concentraciones, como el SDA, que permite ajustar las compras a las necesidades asistenciales reales.

El período de vigencia del sistema dinámico que se establecerá para este suministro será de dos años, con posibilidad de prórroga por tres más, hasta alcanzar un máximo de cinco años. Durante ese tiempo, podrán adjudicarse y formalizarse los contratos específicos que resulten necesarios por los nueve hospitales del SCS.

El Gobierno reserva en 2,7 millones para que los centros especiales de empleo y empresas de inserción acudan a las licitaciones públicas

El Consejo de Gobierno ha fijado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en las licitaciones del sector público de la comunidad autónoma para centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y programas de empleo protegido, según la normativa reguladora de contratación del sector público.

Así, para la anualidad de 2027 el importe mínimo de reserva en la contratación pública para este tipo de entidades se fija en 2,7 millones de euros, modificando y dejando sin efecto las determinaciones anteriores contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 22 de mayo de 2019, relativo a la reserva de contratos. Este importe será revisable anualmente en el primer semestre de cada ejercicio para su aplicación en el ejercicio siguiente. En caso de que no se dictase un nuevo acuerdo, se prorrogaría directamente para el año siguiente.

Respecto a su distribución, se repartirá entre los distintos departamentos en los que se estructura el Gobierno de Canarias, conforme a la participación de cada uno de ellos en el último presupuesto consolidado. El importe mínimo se fija para cada consejería, lo que incluye también sus organismos, entes públicos y privados adscritos.

Este importe podrá revisarse anualmente al alza, con la finalidad de seguir ahondando en la implantación de la contratación estratégica en esta vertiente social. Dicho importe mínimo será revisable por el Gobierno anualmente en el primer semestre de cada ejercicio para su aplicación en el ejercicio siguiente, y en el caso de que no se dictase un nuevo acuerdo se prorroga automáticamente para el ejercicio siguiente.

Para el cálculo del importe reservado por los diferentes departamentos, se tomará como referencia el presupuesto base de licitación o el valor estimado de los contratos, incluido IGIC, de aquellas licitaciones publicadas en la anualidad correspondiente por cualquiera de los órganos de contratación adscritos o dependientes, ya sea por referencia a contratos completos o lotes, y con independencia del resultado de la licitación.

A efectos de evaluar el cumplimiento del importe mínimo de reserva, no computarán los contratos realizados mediante la tramitación de emergencia, contratos reservados ni las prórrogas de los contratos reservados.

Tampoco computará, a efectos de verificación del cumplimiento del importe mínimo de reserva, la reserva operada a través de la subcontratación. En el caso de contratación menor que se efectúe a entidades susceptibles de reserva, computará con el límite del 25% del importe mínimo de reserva asignado por Departamento.

Con este nuevo acuerdo, el Gobierno de Canarias pretende establecer una metodología clara de cuantificación de la obligación mínima de reserva, que permita a los órganos de contratación planificar su contratación en aras a cumplir el porcentaje de reserva mínimo, que es bastante realista y ajustado. Además, se clarifica el ámbito subjetivo de aplicación, al integrar a todo el sector público institucional, incluyendo las sociedades y fundaciones públicas.

Asimismo, este nuevo acuerdo determina de la forma más precisa posible las condiciones de cumplimiento de la reserva, alineadas con la contratación estratégica y con los informes de supervisión emitidos.

Por otro lado, se establece una metodología de seguimiento y supervisión eficaz, orientada al análisis de datos y proposición de mejoras. Todo ello fomenta la profesionalización de las unidades de contratación y reforzar la capacitación y profesionalización del sector económico al que va dirigido la reserva, así como creación de un registro de entidades aptas para la reserva de contratos.

Para el Gobierno de Canarias, la compra pública se muestra como una herramienta eficaz para la consecución de políticas de carácter económico y social. El cumplimiento de la Ley de contratos del sector público en cuanto a la reserva de un porcentaje a la participación de este tipo de entidades y el aumento de este límite hasta los casi 3 millones de euros, favorecerá, en última instancia, la inclusión de colectivos vulnerables.

Ana Padrón Brito, nueva directora del Instituto Canario de Igualdad

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy el nombramiento de Ana Padrón Brito como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), cargo del que tomará posesión el próximo 8 de julio.

Para este nombramiento, el Ejecutivo autonómico ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia en la gestión de programas públicos, el ámbito educativo y el trabajo en entornos internacionales, junto a una sólida formación especializada y un firme compromiso con las políticas de igualdad y la cohesión social.

Graduada como maestra de Educación Infantil por la Universidad de La Laguna y con un Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica por la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Padrón Brito ha desarrollado durante el último año su labor profesional en Gestur Canarias, donde ha coordinado el proyecto de la Renta Canaria de Ciudadanía del Gobierno de Canarias y ha participado en la gestión administrativa de los programas MOVES 2025 y MOVES III. Esta experiencia le ha permitido adquirir un conocimiento directo del funcionamiento de la Administración pública autonómica y de la coordinación de proyectos de interés social.

Con anterioridad ejerció como docente en Irlanda, donde fue maestra tutora en distintos centros educativos y trabajó con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además de desempeñar funciones de dirección de aula. Asimismo, desarrolló su actividad profesional en Australia en tareas de gestión operativa y coordinación administrativa.

Su formación se complementa con una amplia especialización en intervención psicopedagógica, prevención del acoso, igualdad de oportunidades, transformación digital, comunicación institucional y liderazgo de equipos, además de acreditar un nivel C1 de inglés.

Ana Padrón Brito sucede al frente del organismo a su madre, Ana Isabel Brito Brito, fallecida recientemente, dando continuidad a la labor institucional que desarrolla el Instituto Canario de Igualdad en la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en la prevención de las violencias machistas.

Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias refuerza la dirección del Instituto Canario de Igualdad con un perfil que aúna experiencia en la gestión pública, capacidad organizativa, vocación de servicio y sensibilidad social. El Ejecutivo confía en que esta combinación de formación, experiencia y compromiso contribuirá a seguir impulsando las políticas públicas de igualdad, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la protección de los derechos de las mujeres en Canarias.