Terapias de conversión

Las denominadas “terapias de conversión” han trascendido su ámbito estrictamente médico o psicológico para convertirse en una cuestión de derechos humanos. En las últimas dos décadas, organismos internacionales, expertos independientes y numerosas organizaciones de la sociedad civil han emitido advertencias sobre las prácticas destinadas a modificar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de un individuo, las cuales pueden vulnerar derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y psicológica, la autonomía personal y el derecho a vivir libre de discriminación.

El debate persiste en numerosos países, donde coexisten diferentes enfoques legales y éticos. Sin embargo, el enfoque basado en los derechos humanos se fundamenta en una premisa clara: todo individuo debe tener la libertad de desarrollar su identidad sin ser sometido a presiones, coacciones o intervenciones que busquen imponer una orientación sexual o identidad de género específica.

En ocasiones, un Parlamento no solo legisla, sino que también se define a sí mismo. El pasado jueves, el Congreso de los Diputados dio un paso que muchos consideraban improbable hace una década: declaró, con 178 votos a favor, que las denominadas terapias de conversión no constituyen una opción, una creencia ni un derecho.  Las calificó como tortura. Y la tortura, incluso cuando la víctima consiente por miedo o desesperación, sigue siendo tortura.

La reciente legislación española establece sanciones, incluyendo la inhabilitación parental, para quienes consientan la práctica de terapias de conversión en menores de edad. Esta medida, si bien severa, resulta necesaria, dado que el hogar puede constituir el primer escenario donde se perpetra el exilio interior.  Más allá de las variaciones legislativas entre naciones, el enfoque de los derechos humanos enfatiza que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Desde esta perspectiva, el propósito de las políticas públicas no se limita a la prohibición de determinadas prácticas, sino que también abarca la promoción de entornos donde ningún individuo se sienta obligado a modificar su identidad para ser aceptado.  Esto implica la erradicación de la discriminación, el acceso a servicios de apoyo que respeten la autonomía personal y el fomento de una cultura basada en la igualdad, el respeto y la diversidad.

Hasta el momento, existía una ambigüedad, tan conveniente para unos como dolorosa para otros, que refleja un problema más profundo: aún nos resulta difícil articular con precisión el daño que infligimos cuando creemos estar curando.  En estos casos, “curar” implicaba golpear, aislar, rezar y humillar, todo ello con el consentimiento del entorno, a veces de la familia, y con la aquiescencia tácita de una sociedad que durante décadas permaneció indiferente. 

La penalización de las terapias de conversión en España representa un hito significativo en la protección de los derechos del colectivo LGTBIQ+. La ley establece que “una persona LGTBI+ no requiere ser ni curada ni reparada. Ser quienes somos nunca constituye el problema; el problema reside en la pretensión de alguien de convencernos de lo contrario”.

En última instancia, el debate en torno a las terapias de conversión trasciende la discusión sobre un tipo específico de intervención.  Se trata de una reflexión más amplia sobre cómo las sociedades salvaguardan la dignidad humana y garantizan que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, violencia y presiones que busquen negar una parte esencial de su identidad, incluso desde la proximidad de su entorno familiar.., desde la acera de enfrente.